El parlamento de Islas Baleares aprobó ayer su ambiciosa Ley de Cambio Climático. Entre otras disposiciones, la norma establece una moratoria al coche diésel y al gasolina: no podrán circular a lo largo del archipiélago a partir de 2025 y 2035 respectivamente. Es la primera vez que un gobierno autonómico español aprueba algo semejante.
¿El punto de inicio? La decisión de Baleares marca un antes y un después en las políticas de prevención del cambio climático adoptadas por la administración española. Pese a manifestaciones previos de Madrid y Barcelona, y al tenue interés del gobierno de Sánchez, la prohibición del diésel y gasolina jamás había llegado al texto legal.
El archipiélago acaba de abrir la puerta.
¿Por qué? Por el contexto europeo. Numerosos países han declarado compromisos similares. Dinamarca, por ejemplo, aspira a potenciar su parque de coches eléctricos vetando la circulación de diésel y gasolina en 2030. Noruega y Países Bajos harán lo propio entre 2025 y 2030. Francia y Reino Unido han planteado hacerlo a partir de 2040.
¿Qué se prohíbe? Conviene aclararlo: la venta de vehículos nuevos. Los fabricantes no podrán colocar nuevos diésel o gasolina en las Islas Baleares (ni en el resto de países mencionados) a partir de 2025 y 2035. Esto también entra en sintonía con las tendencias europeas: los gobiernos no aspiran a retirar de circulación a los diésel/gasolina ya comprados.
Consecuencias. Los objetivos siempre son dobles: por un lado, impulsar la venta de vehículos eléctricos (a través de ayudas fiscales o de innovaciones en la infraestructura del país, como en Suecia); por otro, reducir la contaminación. En Noruega, donde el 30% de los automóviles ya son eléctricos, la calidad del aire ha mejorado sustancialmente.
Es un impulso medioambiental. Pero también de salud.
¿Es global? No. El fenómeno aún es de carácter europeo. Japón, por ejemplo, ha vuelto a impulsar la venta de vehículos diésel, tras políticas restrictivas que se remontaban a finales de los noventa. China, como en otros aspectos de su política medioambiental, es ambivalente: plantea vetos parciales por un lado; tolera su uso creciente por otro.
Son tácticas diferentes: unas que apuestan por innovaciones que limiten las emisiones antes que por el veto. A largo plazo, no obstante, incluso la industria parece convencida: no hay espacio para el diésel.
Imagen: Andreas Trojak/Flickr
