Gawker Media, una de los emporios de publicaciones digitales más importantes del mundo, está en bancarrota. El motivo no es tanto el débil estado financiero del sector como un juicio que, costas y culpabilidad mediante, amenaza con terminar con la compañía en el dique seco. El caso de Gawker vs. Hulk Hogan, sin embargo, ofrece una perspectiva más interesante, y también más amenazante, sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y la capacidad de un multimillonario cualquiera de acabar con medios digitales o impresos con un proceso judicial carísimo del que, paradójicamente, el denunciado puede salir inocente.
Porque si bien Gawker, cuyo enfoque y tratamiento de ciertos temas de naturaleza privada de celebridades y personalidades relevantes de Estados Unidos puede ser censurable desde el punto de vista periodístico, sí ha sido declarada culpable por la publicación de un vídeo sexual privado y robado de Hulk Hogan, de fondo se ha desarrollado otra trama que no dice tanto sobre este caso particular como del sistema judicial estadounidense en general. Un arco narrativo en el que el protagonista es Peter Thiel, el multimillonario fundador de Pay Pal que ha financiado generosamente las costas de los juicios a Hogan.
Y es ahí, en la historia de Thiel, un hombre cuya homosexualidad destapó Gawker hace casi una década y que desde entonces ha emprendido una particular batalla personal contra el conglomerado mediático, donde el caso Gawker vs. Hulk Hogan torna en preocupante. En un hombre lo suficientemente acaudalado como para arrastrar a una compañía, vía proxy, a un proceso judicial costoso que, en última instancia, puede terminar con la empresa en la ruina al margen de su inocencia o culpabilidad. Es el último y más espectacular capítulo de "¿No te gusta lo que dice? Fríelo a denuncias hasta que termine en bancarrota?".
Mother Jones y el donante republicano muy furioso
O al menos así lo está interpretando parte de la prensa norteamericana. El caso de Gawker ha terminado por ser particularmente estridente, tanto por la proyección mediática de Hogan como por el impresionante perfil de Thiel como por el amplio abanico de conocidas (y muy buenas publicaciones) que el conglomerado aún maneja (desde Gizmodo hasta Jezebel, pasando por la propia Gawker, la primera, la más polémica y la que ha terminado arrastrando a la compañía fundada por Nick Denton). Pero hay antecedentes, menos llamativos, que resaltan el poder del dinero en los procesos judiciales estadounidenses.
Se trata de Mother Jones y del pleito que terminó ganando a Frank VanderSloot, un multimillonario donante del partido republicano y estridente activista contra los derechos del colectivo LGBT, en octubre de 2015.
La historia se puede leer al completo en el artículo publicado por la propia publicación, una de las más notables en Estados Unidos (aunque no de las más virales o visitadas). De forma resumida: durante la campaña presidencial de 2012, Mother Jones, de corte liberal, publica un reportaje sobre una de las empresas de Frank VanderSloot en Idaho. En él, teoriza sobre el carácter fraudulento de las mismas y afirma que ha contribuido con más de 1 millón de dólares a la campaña de Mitt Romney, candidato republicano. El artículo criticaba el sistema de financiación de los candidatos, tema lateral en esta campaña.
Mother Jones fue declarada inocente, pero tuvo que abonar alrededor de 2.5 millones de dólares, unas treinta veces más de lo que habría tenido que pagar de haber sido declarada culpable
VanderSloot no se lo tomó demasiado bien. Llevó a Mother Jones a los tribunales de Idaho y no a los nacionales, exigiendo el pago de indemnizaciones por valor de 74.999 dólares (un dólar más y se habría tenido que ir a los juzgados federales, donde habría tenido menos posibilidades de ganar el pleito, como muy bien explica Vox al final de esta pieza). Mother Jones ganó el caso, pero su compañía aseguradora tuvo que desembolsar 2.5 millones de dólares en tasas, alrededor de 30 veces más de la cantidad que reclamaba su demandante. VanderSloot sólo quería hundirla económicamente.
El caso de esta última empresa es distinto, porque sí han perdido el juicio y su situación económica insostenible se deriva de la indemnización decretada por el juez, pero habría sido semejante si hubiera ganado y hubiera tenido que abonar las tasas del proceso. Como apunta Ezra Klein, tanto para VanderSloot como para Thiel el arma nunca han sido los tribunales, la justicia, sino el dinero: el primero ha ofrecido 1 millón de dólares para todo aquel que denuncie por cualquier motivo a Mother Jones y otros medios liberales, y el segundo lleva años tratando de entrar en un proceso judicial que pudiera hacer daño a Gawker Media.
Si Hogan se hubiera retirado o hubiera negociado una salida al juicio, Thiel hubiera buscado otro vehículo para tumbar a su enemigo. Las cuestiones éticas o legales dan igual, es una guerra monetaria. Y los medios siempre son la parte débil.
Como opinan en Wired, cuando un multimillonario quería contrarrestar lo que la prensa tenía que decir sobre él montaba su propio emporio comunicativo. Ahora tan sólo necesita una denuncia oportuna, un par de millones de dólares y algo de paciencia para terminar con esos molestos periodistas que publican cosas (acertada o desacertadamente) contra él. Gawker Media puede haber sido víctima de sus propios abusos y excesos profesionales, pero las herramientas desplegadas por Thiel son las mismas que cualquier otro billonario podría utilizar en el futuro contra Wired, The New York Times o Buzzfeed.
Tu inocencia da igual y tu negocio puede arruinarse.
Dinero y justicia, dos términos que van de la mano
El affaire Gawker simboliza como pocos la capacidad de una élite de utilizar el funcionamiento, y el precio, de la justicia en su propio beneficio. Al final del camino, Nick Denton tendrá que vender la compañía a otra empresa interesada en mantener sus cabeceras a flote (son golosas) y probablemente pasará algunos apuros económicos durante una temporada. Pero no irá más allá. Ahora bien, hay otros tantos millones de ciudadanos estadounidenses que no pueden decir lo mismo. Dinero y justicia son dos términos que van de la mano, y para muchos de ellos, de forma fatídica, porque su vida depende de ello.
La justicia en Estados Unidos se ha convertido en un proceso muy caro. Y para aquellos con menos recursos, en uno muy poco accesible. Tomemos como ejemplo las costas judiciales de un pleito por lesiones cualquiera. Como se explica aquí, un caso normal y corriente en el estado de Nueva York, como mínimo, puede ascender tranquilamente a los 15.000 dólares. Si el tiempo del juicio se prolonga y si se tienen que abonar nuevas tasas y costas, se puede marchar a los 100.000 dólares. Es muchísimo dinero, y la principal razón por la que muchos denunciantes o acusados prefieren negociar una indemnización pese a partir con ventaja.
Al final, es una carrera de fondo. Aquel con más recursos se puede permitir llegar más lejos.
A Mother Jones su particular maratón casi le lleva a la ruina. Pero como explica The Atlantic en esta pieza sobre la justicia americana, a otros ciudadanos estadounidenses, mucho más pobres, el progresivo aumento de la cuantía de multas por infracciones, honorarios y rescates de prisión preventiva les cuesta su carrera laboral y les sumerge en un círculo vicioso: en California, la suspensión del carné de conducir viene aparejada de una multa de 100$ que al final del proceso judicial, entre multas paralelas y costas, se transforma en 490$. Y si no pagas a tiempo, crece hasta los 815$. Ocho veces más.
Naturalmente, hay muchos ciudadanos que no pueden pagarlo. John Oliver lo contaba así en una pieza dedicada de forma exclusiva a las multas municipales:
El precio de la justicia americana es un arma que, además, se dirige de forma mayoritaria a poblaciones vulnerables. Esto es, afroamericanos que no han cometido delitos violentos, pero que se ven prisioneros en una espiral económica donde la imposibilidad de pagar una multa lleva al aumento de esa multa, a créditos para pagar la sanción que no puedes abonar y, en última instancia, a tu encarcelamiento. De forma preocupante y como pone de manifiesto el caso de Ferguson, en Missouri, las fuerzas del orden locales se aprovechan de la situación para obtener ingresos. El sistema sí está roto, y tiene graves implicaciones.
En el sistema judicial de EEUU, quien tiene el dinero tiene el poder: para muchos ciudadanos, las costas de un juicio son una trampa mortal
La situación es tan problemática que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la máxima autoridad federal, controlada por la Casa Blanca, ha manifestado en diversas ocasiones a los juzgados locales de todo el país su preocupación por las actuaciones y el progresivo aumento de tasas y costas de los procesos. Ya no se trata de un multimillonario tratando de llevar a la ruina a un negocio cualquiera aprovechando los altos gastos derivados de todo pleito, sino del propio estado actuando contra parte de sus ciudadanos utilizando los gastos impuestos (y aumentados) por él mismo.
Son dos historias que se cruzan en el mismo camino: la justicia de EEUU como un sistema imperfecto donde quien tiene el dinero tiene el poder, y por tanto mayores posibilidades de ganar un juicio (o de cumplir sus objetivos). En un caso se trata de influencia mediática y capacidad de exorsionar a una empresa cualquiera; en el otro, de los juzgados locales atacando y aprovechando la debilidad de las comunidades más pobres. Y la tendencia, que se exporta también a Reino Unido y otros países, convierte a la justicia en un escenario donde los hechos importan tanto como cuánto puedes pagar por probarlos.
