De entre las muchas propuestas que un ciudadano de a pie podría plantear a la elevada tasa de criminalidad de un país, es improbable que una de ellas fuera "pagar a los criminales, homicidas en su mayoría, un sueldo de 1.000 euros al mes". ¿Qué sentido tendría recompensar a aquellos que son el origen del problema? La cuestión parece absurda, pero no lo es tanto. Algunas ciudades estadounidenses con acuciantes problemas de violencia están experimentando con ella. Y de momento, en un debate en el que se entremezcla segregación racial, renta básica y dilemas éticos de toda índole, podría ser una buena idea. ¿Cómo lo sabemos? Bienvenidos, a Richmond, California.
San Francisco, al otro lado de la bahía, 2007. Una pequeña ciudad de alrededor de 100.000 habitantes afronta una gravísima situación social. Su tasa de homicidios está disparada y se sitúa entre las diez más altas de Estados Unidos, un país occidental donde la tasa de homicidios urbanos es equiparable a aquella de países menos desarrollados. Diez años atrás, el gobierno de la ciudad, una vez ha comprobado que la acción policial es insuficiente, se plantea otras soluciones. Abre un espacio de propuestas y allí aparece DeVone Boggan, convicto en su adolescencia y experto en programas sociales para jóvenes en problemas.
Washington D.C., 2016. El equipo de gobierno de la capital estadounidense, cuya población afroamericana es muy alta y cuya tasa de homicidios está a la par de las ciudades más sanguinarias de la costa este, observa lo acontecido en Richmon, California, y decide seguir sus pasos. Algunos representantes ciudadanos en el ayuntamiento se oponen a la idea, pero Washington D.C. plantea igualmente una ley que establece un programa piloto idéntico al de Richmond. Un grupo reducido de criminales envueltos de forma sistemática en violencia callejera recibirá dinero por dejar de matar. Toledo, Miami o Baltimore toman nota.
¿Pero en qué consiste el modelo?
Richmond: seguimiento, guía y oportunidades
Es relativamente simple, y fue propuesto por Boggan estudiando otros sistemas semejantes pero aplicados al ámbito escolar. Está explicado de su mano en este espléndido artículo de Mother Jones.
Primero, el ayuntamiento de Richmond creó la Office of Neighborhood Safety (ONS), al frente de la cual se colocaría Boggan. Después, comenzaría a colaborar de forma estrecha con las fuerzas policiales de la ciudad. Dado que el objetivo era reducir la tasa de homicidios, la ONS acudió a los ficheros de la Policía de Richmon para identificar al grupo de criminales con más posibilidades de protagonizar una muerte violenta en las calles de la ciudad, ya fuera apretando el gatillo o al otro lado del cañón del arma de fuego.
Seleccionado el grupo, Boggan acudió a los mentores. Son una parte esencial del proceso, porque ejercen de guía y enlace entre el programa de ayuda y los chavales de la calle, acostumbrados a vivir en un entorno hostil, deprimido económicamente y repleto de violencia. Para ello acudió a antiguos convictos y criminales de la zona, con la pena cumplida, que conocían la realidad de las calles y de las esquinas de los barrios afroamericanos de las grandes ciudades (tan bien retratados en The Wire). Ellos se ganarían primero la confianza de los participantes en el proyecto, y después les guiarían para dejar las armas.
La recompensa económica no sería inmediata. Primero, los involucrados tendrían que desarollar un "mapa vital" en el que establecerían una serie de metas alejadas de la violencia callejera (como obtener un trabajo o volver a la escuela). Después, se reunirían con psicólogos o sociólogos con los que, sin saber su condición de profesionales, tratarían sus problemas vitales (una suerte de terapia disfrazada). Finalmente, al cabo de seis meses y guiados por sus mentores y tutores y si se mantenían dentro del programa, comenzarían a recibir sumas de dinero de entre 1 y 1.000 dólares (9.000 como máximo en 18 meses).
El papel de los mentores sería clave. Ellos tendrían que controlar los pasos de sus pupilos, tener las dos orejas puestas en las esquinas de Richmond para vigilar su andadura y servirles de apoyo e inspiración durante todo el proceso. Lo harían, además, de espaldas a la Policía: como se explica en Mother Jones, si ejercieran de confidentes no serían seguros para los chavales criminales, y no podrían acceder a ellos. En el proceso, los mentores podrían llegar a conocer acciones criminales de sus pupilos, sin que tuvieran que responder ante los agentes de seguridad por ellos. Se trata de una zona moral grisácea.
Resultados positivos y un sinfín de "peros"
La lógica del programa de ONS en Richmond era simple, y ha funcionado durante casi una década: un grupo de exconvictos que conocen la realidad de las calles se ofrecen de ayuda a homicidas o potenciales homicidas de toda condición para sacarles de la espiral de violencia en la que se han introducido a cambio de algo muy simple, dinero. En el camino, soltarían las armas y tratarían de dar sus primeros pasos o bien de vuelta en la escuela o bien en el mercado laboral.
El programa, además, incluía otro experimento interesante: viajes organizados fuera de California o de Estados Unidos en los que los chavales monitorizados tendrían que compartir asiento y travesía con otro chaval de una banda rival, al que no demasiado tiempo atrás habría podido matar. El objetivo, según explica Boggan en este amplio reportaje del Washington Post, es simple, y ha resultado muy exitosos: hacer ver a los jóvenes y adolescentes de Richmond que, en realidad, quienes se enfrentan a ellos en las calles comparten idénticas situaciones, inquietudes e intereses. Que no son diferentes.
El proyecto cuesta dinero (1 millón de dólares al año), pero ha dado muestras de funcionalidad: de los 88 participantes, tan sólo uno de ellos cometió otro homicidio (a otro chaval del propio programa), y tan sólo otros tres han salido del mismo o han sido detenidos al verse implicados en otros delitos de índole menor. El resto, 84, han permanecido lejos de las armas de fuego y de las calles del mejor modo que han podido, y se han mantenido a salvo de los abundantes tiroteos y refriegas que protagonizan la tónica diaria en Richmond. Siguen vivos. La ciudad llegó a atravesar más de 137 días sin un sólo asesinato.
Es decir, ha funcionado, ha sido un éxito.
¿O no tanto? Hay quien pone en duda la funcionalidad de ONS. Por un lado, aunque la tasa de homicidios de Richmond bajara a sus mínimos históricos en 2013, ha vuelto a subir desde entonces. Por otro, su metodología es poco científica y, como experimento social, ofrece pocas pruebas de su viabilidad a gran escala (es por naturaleza opaco, no es estadísticamente representativo, no es sistemático). Además, hay obvias reticencias políticas al proyecto. Desde el propio ayuntamiento de Richmond hay quienes consideran que ONS sólo ofrece dinero, una vía de escape rápida y no estructural, al crimen callejero.
¿Quieres que tus impuestos vayan ahí?
El problema se agranda cuando hablamos de dinero público. ONS trabaja con fundaciones privadas y su financiación, pese a estar ligada al gobierno local de Richmond, es particular en su totalidad. El dinero del contribuyente no va a parar a los bolsillos de delincuentes. Es el principal obstáculo que un proyecto semejante y de estas características puede encontrar en cualquier otra ciudad. ¿De verdad quiere el ciudadano que sus impuestos vayan a parar a chavales envueltos en crímenes de toda clase, quizá a la financiación del tráfico de droga? Los americanos son rotundos al respecto: no. Los propios mentores de ONS admiten que muchas veces entregan el dinero pero no saben dónde puede terminar.
Hay un conflicto natural en que las arcas públicas financien de forma directa un programa que inyecta miles de dólares en los bolsillos de personas que podrían estar cometiendo un homicidio a la vuelta de la esquina. Si no se asegura la trazabilidad, tiene pocos visos de propserar. Pero como se explica en The Washington Post, hacerlo tiene severas repercusiones en su naturaleza y en su efectividad, por no mencionar su problemática relación con la Policía. En esencia, ONS propone suprimir las reglas del juego (cometes un crimen, te persigo y te detengo) y pasar a un ideal (has cometido un crimen, lo paso por alto y opto por darte dinero para que no vuelvas a cometer más).
En Washington D.C. las reticencias han sido amplias. Y se da una particularidad: al contrario que en Richmond, el programa sí va a contar con financiación pública. Cada participante contará con un estipendio de 9.000 dólares. En total y en un periodo de cuatro años, los habitantes de Washington D.C. pagarán de sus bolsillos 25 millones de dólares que irán a parar a los bolsillos de quienes podrían ser uno de los 160 ciudadanos que perecen anualmente en la capital a causa de armas de fuego (un aumento de más del 50% respecto al año anterior).
Dar dinero a la gente: la tendencia de fondo
La iniciativa de Richmond y la ley que se plantea ahora Wahsington D.C. entra de lleno en una tendencia de más hondo calado: dar a la gente dinero. Porque sí y sin ningún tipo de condicionamiento en su gasto. En este fenomenal artículo de Five Thirty Eight se explica hasta qué punto una idea tan simple y aparentemente ineficaz como la renta básica universal se ha colado de lleno en el debate público de muchos países del mundo. Desde Canadá hasta Suiza, que rechazó hace poco en referéndum incorporarla, pasando por Finlandia, Kenia o la India. ¿Qué pasa si damos dinero cada mes al ciudadano?
En Richmond han acotado el campo: ¿qué pasa si se lo damos a los criminales? El resultado, al igual que en el caso de la renta básica, es que quienes lo reciben tienden a mejorar su vida con ellos, saliendo en este caso de las redes criminales que les hacían candidatos firmes a perder la vida en cualquier esquina de la ciudad por cualquier refriega entre bandas rivales. Pero al igual que los experimentos con la renta básica, el programa de ONS tiene poco fundamento como experimento social, poca aportación de datos fiables y extrapolables, poca evidencia que sustente su éxito y posible difusión. Y está solo.
Además, está repleto de conflictos morales y, al igual que la renta básica, pone del revés nuestra concepción tradicional de la materia que trata de solucionar (en este caso, la criminalidad, y cómo combatirla tratando de sacar a los criminales del círculo vicioso con dinero en metálico en vez de con arrestos; en el caso de la renta básica, revolucionando la idea de protección social por parte del estado). De modo que sí, pagar a los criminales para que dejen de matar parece que funciona, pero aún estamos lejos de saberlo con certeza. Sólo tenemos pistas difusas.
