Hace poco, seis personas volvieron de un experimento de aislamiento de ocho meses para poner a prueba el aguante de las personas a misiones espaciales duraderas. Su "viaje a Marte" incluía el aislamiento bajo la cumbre del volcán activo más grande del mundo en Hawaii (Mauna Loa) y estaba diseñado para poder comprender mejor el impacto psicológico de las misiones tripuladas.
La NASA, que tiene como objetivo mandar expediciones a Marte para el año 2030, espera que los resultados de las pruebas les ayuden a elegir a los miembros de la tripulación para las futuras misiones a Marte. Sin embargo, no solo la NASA tiene los ojos puestos en Marte porque el magnate Elon Musk y la empresa aeroespacial Lockheed Martin han anunciado misiones y estaciones independientes para el planeta rojo entre 2022 y 2028.
De hecho, los descubrimientos científicos están haciendo que El Dorado marciano sea un sueño viable a una velocidad de vértigo. El mes pasado, China afirmaba haber desarrollado un "motor EmDrive que desafía las leyes de la física" y que permitiría que los humanos viajasen a Marte en semanas. Con o sin dicho motor, parece que la raza humana sigue en el inevitable camino de colonizar Marte.
Por eso también es importante preguntarse cuáles serán las leyes que gobernarán las colonias humanas en Marte y si podremos sobrevivir en la superficie del planeta. Contra todo pronóstico, los experimentos de aislamiento nos podrían ayudar con estas preguntas.
Jurisprudencia en las estaciones espaciales
La legislación espacial siempre ha defendido la posición de que los objetos y las estaciones en cuerpo celestes han de permanecer bajo la propiedad, la jurisdicción y el control nacional. Por eso, ni las compañías privadas ni otro tipo de emprendedores podrán tener legitimidad o usar dichos cuerpos para obtener recursos a no ser que ejecuten un control legítimo a través de un estado soberano.
Las normativas actuales dictan que se ha de comunicar a la Secretaría General de las Naciones Unidas el establecimiento de una estación espacial y la zona requerida para sus operaciones. También estarían bajo la jurisdicción exclusiva del estado donde se haya registrado la nave espacial o del estado que proporcione los componentes de la estación.
Es algo que tiene sentido de muchas maneras porque es difícil imaginarse una estación permanente en Marte sin ningún tipo de mandato en la base. Lo mismo se puede aplicar a la ocupación en zonas cercanas a la estación para su mantenimiento (como la creación de combustible a partir de recursos cercanos). De hecho, las analogías más prácticas para una futura estación en Marte según la jurisdicción actual serían las estaciones antárticas mantenidas por los países que reclaman su parte de la Antártida.
Sin embargo, hay áreas en las que se tendría que actualizar la legislación vigente porque cada vez hay un interés mayor en varias estaciones espaciales permanentes en Martes y docenas de objetos potenciales en su órbita, así como la posibilidad de basura espacial que podría dañar o acabar con las propiedades marcianas ¿Qué leyes podrían controlar todo esto? ¿Se trata de una cuestión de tiempo hasta que algún tipo de escombro espacial produzca daños en una estación espacial y se produzca un conflicto legal y político?
Derechos de propiedad y criminalidad
También podría haber dudas sobre qué les está permitido hacer a los estados y a las corporaciones en las colonias de Marte. En las estaciones espaciales se podrían producir drogas y otros materiales que requieren una atmósfera completamente estéril y los descubrimientos tendrían que ser patentados y comercializados bajo la legislación vigente. Sin embargo, la principal cuestión es la legitimidad de las actividades mineras.
Aunque el uso de recursos para realizar exploraciones científicas y para el sustento de las misiones a Marte está permitido según la legislación espacial vigente, la creación de derechos de propiedad sobre recursos en el espacio no lo está. Esto significa que minar recursos con el fin de traerlos a la Tierra para su comercialización está prohibido hasta que se realicen los cambios apropiados en los tratados espaciales.
Sin embargo, lo más probable es que la nueva legislación sea ignorada al igual que ha pasado con los últimos intentos de introducir normativas para la apropiación de recursos naturales en el espacio por los EE.UU. y Luxemburgo. Ambos países han promulgado leyes nacionales que básicamente suponen un cheque en blanco para que las compañías privadas exploten a su antojo los recursos espaciales.
Cuando se trata de jurisdicción civil y criminal, existen ejemplos prácticos como los acuerdos intergubernamentales de 1988 y 1999 que regularon el Proyecto de Estación Espacial Columbus y la ISS. Los socios de dichos acuerdos desarrollaron un código de conducta para las tripulaciones de las estaciones espaciales en el espacio exterior. Estas normativas especificaron muchas cosas, entre las que se incluye el poder para sancionar delitos, el registro de objetos espaciales, la seguridad de los civiles nacionales y la repatriación/vuelta programada de los infractores a la Tierra.
La jurisdicción criminal deberá seguir siendo estricta y jerárquica porque cada vez es más común que astronautas de diferentes nacionalidades conformen la tripulación de una nave o estación espacial y muchas veces están subordinados a las direcciones de la autoridad disciplinaria de un comandante que probablemente haya sido seleccionado por el estado donde se ha registrado la nave o estación espacial. La autoridad de dicha persona normalmente es absoluta e incuestionable.
De muchas maneras, el comandante de una estación espacial recibe los poderes de órganos de derecho más antiguos como los de capitán de nave. El hilo conductor en todas estas tradiciones es la obvia necesidad de garantizar la seguridad y la supervivencia de la tripulación y de los pasajeros, así como de los futuros “colonizadores espaciales”.
Esperemos con los recientes experimentos de aislamiento puedan relevar una preferencia por un régimen más democrático y menos jerárquico para las estaciones espaciales modernas.
No se trata de ninguna banalidad, puesto que si todos los países colaboradores tuvieran su propio comandante surgirían conflictos. Un buen ejemplo es el modo en el que Rusia y los Estados Unidos solucionaron el transporte de Dennis tito, un millonario americano, al espacio en la Estación Espacial Alpha como el primer turista espacial comercial. Para conseguir el visto bueno de la NASA, el pasajero, que irónicamente tuvo el privilegio de viajar hasta allí en un cohete ruso, tuvo que prometer no pasearse por los segmentos estadounidenses de la estación sin acompañamiento. También tuvo que comprometerse a pagar todo lo que rompiera.
Puede que fuera algo cruel, pero curiosamente a los cosmonautas rusos se les prohibió usar los aseos de los astronautas estadounidenses en la ISS en 2008.
Puede que al final y al cabo los colonizadores no quieran ser gobernados por la legislación terrestre. ¿Qué pasaría en dicho caso? ¿Pasarían a ser neocolonizadores o simplemente alienígenas en términos legales? ¿Tendrían que crear sus propios sistemas judiciales durante el trayecto de larga duración? ¿Deberían los mandatarios terrestres lidiar con los problemas marcianos en condiciones no equitativas? Todas estas son preguntas que necesitan respuesta.
Por suerte, los estudios psicológicos como el de la NASA nos serán de mucha utilidad porque el entorno de estrés en el que se ven confinados los “astronautas” podrían suponer un reto para el marco legislativo actual. Será curioso ver la cantidad de nuevos problemas legales que se producirán en las futuras estaciones espaciales marcianas, puesto que los problemas serán cada vez más complejos.
Autor: Gbenga Oduntan, Universidad de Kent.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.
Traducido por Silvestre Urbón.
