La alargada sombra de José Manuel Villarejo amenaza con insertarse en el centro de la inminente campaña electoral. Las recientes investigaciones de la Audiencia Nacional han expuesto la compleja trama de espionaje, fabricación de pruebas y chantajes elaborada tanto por el ex-comisario como por un grupo de altos mandos y cargos de las fuerzas de seguridad del estado y del Ministerio del Interior. La conocida como "brigada patriótica".
Supervisada en última instancia por el ex-ministro popular, Jorge Fernández Díaz, la trama es objeto hoy de las pesquisas de la justicia. El grupo se habría valido de información privilegiada y de fondos reservados para fabricar acusaciones y elaborar informes contra los adversarios políticos del gobierno de Mariano Rajoy. Desde los líderes del independentismo catalán, como vimos en su día, hasta Podemos.
La formación ha sido objeto de diversas falsas acusaciones durante los últimos tres años, desde una supuesta financiación ilegal hasta la filtración de mensajes privados en un grupo de Telegram. Aquellos ataques habrían surgido de la brigada, y habrían respondido al interés político de Interior, en colaboración con un nutrido grupo de periodistas de varios medios prestos a publicar sus supuestas fabricaciones.
Su alcance es complejo, porque se inserta en el voluptuoso historial del Comisario Villarejo y de otras turbias figuras asociadas a las "cloacas del Estado", tales como Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Ignacio Cosidó o José Ángel Fuentes Gago. También porque sus ramificaciones no terminan en Podemos: la brigada habría actuado contra las figuras secesionistas catalanas y contra otros personajes públicos y privados; todo ello embarrado por las muchas otras causas pendientes de Villarejo.
Pero por su potencial político a las puertas de unas elecciones generales, pocos casos resultan tan cruciales a nivel mediático como el de Podemos. Estos son algunos de los hallazgos de la Audiencia Nacional y que han permitido a la formación personarse en la causa.
El Informe PISA e Irán
Uno de los primeros escándalos fabricados contra Podemos y filtrado a los medios de comunicación. A principios de 2016, tanto OK Diario como El Confidencial publicaban un informe investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que vinculaba a Podemos con varios pagos procedentes del estado iraní. El documento apareció primero en prensa, y posteriormente fue llevado al Tribunal de Cuentas.
El Infome PISA (Pablo Iglesias SA), como posteriormente sería conocido, levantó sospechas desde el inicio: elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, muy vinculada a la brigada patriótica, no contaba ni con el sello oficial de la Policía Nacional ni con la firma de funcionario alguno, como es costumbre. En su interior se desgranaban las sumas recibidas por Podemos de forma presuntamente ilegal.
Tuvo un gran impacto mediático y permitió a Manos Limpias llevar a la formación al Tribunal Supremo. Tanto su denuncia como la presentada por el fantasmagórico partido Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España fueron archivadas y desacreditadas en los juzgados. Una de las resoluciones contra su procesamiento lo justificó del siguiente modo:
La denuncia es un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa, en las que se atribuye a los denunciados y otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní.
El timing de la maniobra coincide con el modus operandi de la brigada: tres semanas después de las elecciones generales de 2015, en plenas negociaciones de la investidura y tras la irrupción de la formación en el Congreso.
El supuesto pago de Venezuela
Similar procedimiento: en abril de 2016 varios medios publican la existencia de un informe que acreditaría el pago de más de siete millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), origen remoto de Podemos, por parte del Gobierno de Venezuela. El informe fue incluido en la investigación abierta por la UDEF, y tuvo un gran recorrido mediático, ahondando en las difusas relaciones de la formación con el chavismo a las puertas de la repetición electoral.
Tenía una finalidad política. Y el gobierno de Mariano Rajoy era consciente de ello. Al menos así lo desvelan las grabaciones publicadas hoy tanto por El Confidencial como por Moncloa.com, el portal estrechamente asociado al Comisario Villarejo. En ellas se escucha a José Ángel Fuentes Gago, inspector de la Policía Nacional, conversar con Rafael Isea, ex-ministro venezolano y disidente chavista exiliado en Nueva York.
La entrevista data de mediados de abril de 2016. Fuentes Gago formaba parte de una comitiva policial financiada por el Ministerio del Interior para recabar pruebas contra Podemos. Su objetivo era sonsacar información a Isea y testar la veracidad del informe publicado en prensa. Isea, como se aprecia en las grabaciones, reconoce tanto su firma como la de Chaves, pero declara que se trata de una "copia".
Isea siembra dudas sobre el documento: "En el caso mío, aparece mi firma, pero no aparece el nombre abajo. Normalmente, eso siempre iba acompañado además por un sello del despacho, que no está acá". Hace algunos días, en una entrevista con La Sexta, el disidente afirmó que Fuentes Gago amparó su misión en el "mandato" de Interior y de Mariano Rajoy, y que se le ofreció protección a sus familiares y nuevas identidades lejos de Venezuela a cambio de su colaboración.
272.000€ en un paraíso fiscal
De nuevo en la primavera de 2016, durante las fracasadas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. OK Diario publica varios documentos que supuestamente acreditan las relaciones económicas entre el gobierno de Nicolás Maduro y Pablo Iglesias. El informe avalaría el pago de "272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas". Se fecha la transacción en 2014, durante la génesis de Podemos.
La cuestión no llegó demasiado lejos. A los pocos días el banco acusado amparar la transferencia, el Euro Pacific Bank, emitía un comunicado en el que negaba registrar cuenta alguna a nombre de Pablo Iglesias o aceptar transacciones desde Venezuela. El número de cuenta era falso, y todos los datos incluidos en los documentos publicados por OK Diario también. Provenían de un remedo de información en Internet.
De nuevo, la fuente originaria del documento era un "ciudadano venezolano" que habría obtenido un permiso de residencia en España a cambio de su colaboración de las autoridades. Se trató de un caso idéntico al de Xavier Trias, ex-alcalde de Barcelona. En aquella ocasión, el periodista que firmó la información fue Eduardo Inda, a la postre fundador y director de OK Diario y vinculado tanto a la brigada como a Villarejo.
Los comentarios machistas en Telegram
Las actividades de la brigada patriótica no cesaron tras las elecciones de 2016. Ya en julio, OK Diario volvía a publicar una información que si bien no tenía un carácter incriminatorio sí buscaba laminar la imagen pública de Pablo Iglesias. Se trataba de una serie de conversaciones privadas vertidas en un grupo de Telegram en las que Iglesias realizaba comentarios vejatorios y machistas hacia Mariló Montero, presentadora de TVE.
Montero terminaría denunciando a Iglesias, aunque la querella no llegó a buen puerto. La Audiencia Nacional ha conectado la filtración de las conversaciones al Comisario Villarejo. La brigada obtuvo aquella información a través del teléfono personal de Dina Bousselham, asistente de Iglesias durante su estancia en el Parlamento Europeo. Bousselham notificó el robo de su celular en noviembre de 2015.
La conexión es aún más enrevesada. Villarejo accedió a las conversaciones gracias a los reporteros de Interviú, con los que mantenía una fructífera relación. La revista había recibido la tarjeta del teléfono de Bousselham a través de un sobre anónimo emitido a la redacción. Antonio Asensio, presidente de Zeta, grupo editor de la revista, decidió no publicar las conversaciones y entregó la tarjeta a Pablo Iglesias.
Más tarde, sin embargo, alguien filtraría su contenido a Villarejo, que terminaría trasladándolo a OK Diario. La semana pasada agentes de la policía registraban la redacción del periódico de Inda en busca del pen drive original entregado por Villarejo. El medio sólo pudo presentar copias y pantallazos de aquella información.
El espionaje en Galapagar
Una de las revelaciones más recientes, aunque sin relación probada con la brigada patriótica. A finales del año pasado, Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaban que la cámara de seguridad instalada por la Guardia Civil junto a su chalet de Galapagar había sido pirateada. El contenido de las grabaciones era público y podía verse en Internet en tiempo real, generando una evidente brecha de seguridad.
La denuncia era real. Los agentes tuvieron que resetear la cámara y actualizar los dispositivos de seguridad. Desde su polémico traslado al chalet, Montero e Iglesias han contado con un pequeño dispositivo de seguridad a cuenta de la Guardia Civil. Tanto una cámara camuflada como un coche policial de incógnito custodian la vivienda, en aras de prevenir ataques o actos vandálicos.
El origen del hackeo es aún incierto. Las autoridades no han logrado identificar su origen, más allá de un servidor en Singapur.
