Isabel Pantoja ha salido de la cárcel. De forma poco sorprendente, lo ha hecho entre una marea de periodistas y un irreductible grupo de seguidores que le han aplaudido y vitoreado a las puertas de la prisión sevillana de Alcalá de Guadaira. La pregunta ha vuelto a revolotear entre los medios de comunicación y las redes sociales: ¿por qué aplaudimos a nuestros corruptos?
Durante la última década, a raíz de la crisis y los escándalos de corrupción, España ha asistido indiferente a los crímenes de sus cargos públicos
La cuestión va más allá del caso particular de Pantoja, condenada por blanqueo de capitales, tonadillera, nombre habitual de las revistas del corazón y personaje de amplia proyección pública antes de su relación sentimental con Julián Muñoz, excaldalde de Marbella y uno de los principales protagonistas del Caso Malaya. Durante la última década, a raíz de la crisis y los escándalos de corrupción, España ha asistido indiferente a los crímenes de sus cargos públicos.
Esa es la idea general. ¿Cómo explicar de otro modo la reelección continuada de numerosos políticos imputados o condenados en diversos puntos de la geografía española? Sin embargo, la lectura habitual (amplia tolerancia a la corrupción por parte del electorado) requiere de mayores matices que las explicaciones ancladas en nuestra excepcional "cultura". Se trata de algo mucho más complejo.
La corrupción sí penaliza, aunque no demasiado
Si los vítores a la salida de la cárcel a Isabel Pantoja, cuya participación en el Caso Malaya permitió el blanqueo de dinero proveniente de las arcas públicas malversado por su marido, suponen una poderosa metáfora visual de nuestra tolerancia para con la corrupción, los resultados electorales de las sucesivas elecciones municipales y autonómicas representan la traslación física y tangible de nuestra teórica permisividad. Es posible incluso poner cifra al fenómeno.
En 2007, por ejemplo, el 70% de los alcaldes implicados en diversos casos de corrupción fueron reelegidos. En 2011, ya en plena crisis económica, la situación varió poco según este estudio de la Fundación Alternativas. En los municipios estudiados, afectados por casos de corrupción, los partidos gobernantes obtuvieron la reelección en un 59% de los casos. Son cifras que confirman la idea preestablecida. Y sin embargo, la corrupción sí tiene ciertos efectos electorales.
Hablamos con Elena Costas, miembro de Politikon, doctora en Economía y experta en la relación entre votantes, comicios electorales y casos de corrupción. "Aquellos alcaldes implicados en un escándalo de corrupción ven reducido su porcentaje de votos respecto a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores", explica. "Sin embargo, este castigo electoral es muy modesto, no afectando en muchos casos a las probabilidades de reelección del politico acusado", añade.
Si la corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles, ¿cómo es posible que se penalice tan poco a nivel electoral?
Si la corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles, algo reflejado de forma constante en las encuestas del CIS, ¿cómo es posible que se penalice tan poco a nivel electoral? No existe una explicación general para todos los casos: en cada uno de ellos, cuenta Costas, es necesario tener en cuenta numerosos factores. Desde el apoyo previo de los políticos reelegidos hasta las preocupaciones de los votantes, no siempre centradas únicamente en la corrupción. Las variables son múltiples.
Aún así, las últimas elecciones municipales han deparado resultados interesantes en lo relativo a castigo electoral de la corrupción. En la Comunidad Valencia, por ejemplo, los gobiernos del PP tanto a nivel municipal como autonómico han perdido no sólo una parte sustancial de sus apoyos, sino la mayor parte de su poder local y regional. Casos semejantes se han dado en otros lugares de España.
"Las elecciones del 24 de mayo indican que esta tendencia continúa, la corrupción sí se castiga en las urnas, y en un contexto en la que aparecen nuevos partidos, no afectados por escándalos y que ven en la lucha contra la corrupción una de sus principales razones de ser, este voto de castigo encuentra más opciones electorales en las que representarse", comenta Costas. Algo ha cambiado: la irrupción de nuevas alternativas erosiona la base electoral de los cargos electos corruptos.
El castigo en las urnas ha tendido a ser invisible
La mayor oferta política permite que un votante desafecto con el partido afectado por corrupción tenga la oportunidad de, dentro de su ámbito ideológico, castigar al mismo. Sin embargo, es importante resaltar algo: creemos que la corrupción queda sin castigo porque su efecto en el voto ha tendido a ser invisible. Como explica Costas, allí donde hay numerosos casos y afecta a diversos partidos, su efecto se traslada a la abstención.
La corrupción ha tenido efectos electorales fundamentalmente sobre la abstención: muchos votantes no ideologizados se "desenganchan" del proceso electoral
"El hecho de ver que, a pesar de votar en contra de un político corrupto éste sigue siendo reelegido o, lo que es peor, a pesar de votar por otro, éste es corrupto también, lleva a los ciudadanos a cuestionarse la efectividad de las elecciones para eliminar la corrupción". Son además los votantes con menor adscripción ideológica y partidista los que más se "desenganchan" del proceso electoral cuando estallan los escándalos de corrupción. Los votantes fieles al partido se mantienen.
¿Qué ha sucedido cuando partidos como Podemos o Ciudadanos, cuya bandera electoral ha sido la lucha contra la corrupción y la tolerancia cero, han irrumpido en el panorama electoral, articulándose como una alternativa de poder real a los partidos tradicionales? Que quizá ese caudal abstencionista que antes no tenía modo alguno de castigar los casos de corrupción en su municipio y que optaba por quedarse en casa en la jornada electoral haya optado por las nuevas formaciones.
Ya hemos visto como el mito de que España no castiga (o aplaude) a sus corruptos es relativamente falso, o al menos es muy simplista. Preguntamos a Costas si este fenómeno tiene comparación en otros países de nuestro entorno: "La evidencia empírica internacional muestra resultados muy similares a los encontrados para el caso español, es decir, existe un efecto muy modesto en el porcentaje de voto de los políticos acusados, que son en muchos casos reelegidos", responde.
La explicación mediante la cual hay países más o menos tolerantes por motivos culturales se revela, por tanto, como una falacia. España no es particular en este sentido, aunque su volumen de casos de corrupción sí que lo sea. De ahí que la preocupación por esta cuestión nos ataña tan de cerca.
La corrupción ha tenido beneficios en el votante
Está bien: la corrupción tiene efectos electorales, aunque no siempre se traduzcan en forma de un castigo directo a los políticos envueltos en los escándalos, y nuestro país no tiene un comportamiento excepcional o demasiado particular en relación a su entorno. Pero la pregunta original continúa sin respuesta: ¿por qué un votante dado puede apoyar a políticos corruptos? Si bien la corrupción erosiona a nivel electoral, es evidente que un porcentaje de votantes no reacciona ante la misma.
"Para el caso español, algunos estudios han considerado también como posible explicación el hecho de que algunos votantes se puedan ver beneficiados por el caso de corrupción, ya sea a través de un incremento en los ocupados en el sector de la construcción, o por un aumento del precio del suelo", razona Costas. La corrupción ha estado íntimamente ligada al modelo de crecimiento económico de España durante las últimas décadas. Sus beneficios no sólo se ha circunscrito al político.
Al contrario, han sido extensibles a la ciudadanía y, por tanto, al votante. Esta investigación de Pablo Barberá, Pablo Fernández-Vázquez y Gonzalo Rivero, basada en numerosos casos de corrupción y en los resultados electorales de 2011, muestra cómo son los votantes no beneficiados por las actividades ilícitas quienes tienden a castigar, mientras que aquellos que sí se han aprovechado en diversas formas de las prácticas de sus políticos no tienen incentivos para hacerlo.
Como también explica Jorge Galindo, si las rentas derivadas del modelo de corrupción y boom urbanístico que dominó la economía española durante más de una década se han terminado, el votante se muestra más beligerante con la corrupción. Se convierte en un accesorio molesto.
Llegados a este punto, surge otra pregunta inevitable: ¿cómo evitar esto? Es decir, ¿de qué modo podemos mejorar la rendición de cuentas dentro de nuestro sistema político? Responde Costas.
Los casos de corrupción más penalizados en las urnas son aquellos en los que existe una sentencia judicial firme, y para los que los medios de comunicación han realizado una alta cobertura mediática. Por lo tanto, se observa que si las instituciones funcionan correctamente —las elecciones, el sistema judicial y los medios— los ciudadanos castigan a la corrupción. En este sentido, el dotar al sistema judicial de recursos suficientes para hacer frente a la gran cantidad de casos de corrupción abierto, así como asegurar la independencia de los medios de comunicación de los poderes públicos son dos factores claves para asegurar la penalización electoral de los escándalos de corrupción.
Claro como el agua.
Imagen | Adolfo Lujan, Alkis. S,
