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300 kilómetros para un aborto: cómo operan las trabas a la interrupción del embarazo en España

300 kilómetros para un aborto: cómo operan las trabas a la interrupción del embarazo en España
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Dos años marcan dos hitos en materia de derechos reproductivos: 1985 y 2010. En la primera el Congreso de los Diputados despenalizó el aborto en tres supuestos; en la segunda, aprobó la ley que permite interrumpir el embarazo libremente durante las primeras catorce semanas de gestación. Aquella pieza legislativa hizo algo aún más importante, encajando el aborto dentro de la sanidad pública. Las mujeres que desearan acceder a la intervención podrían hacerlo en un hospital bajo titularidad estatal. Al menos sobre el papel.

La práctica es muy distinta.

La polémica. Surge de un hilo elaborado por @editora donde se recopilan las mil y un trabas afrontadas por las mujeres españolas que desean interrumpir su embarazo. El origen inmediato de la polémica proviene de un reportaje elaborado por ETB en el que un ginecólogo del servicio de salud vasco Roberto Lertxundi revela que no se ha practicado aborto alguno en la provincia de Soria durante las últimas tres décadas. Ya sea por conciertos privados o por objeciones de conciencia de sus médicos. Resultado: muchas sorianas tienen que desplazarse a otras provincias.

Las palabras de Lertxundi:

[El derecho a la objeción de conciencia] es un derecho individual tal y como está en la ley, que tiene que ser anticipado y por escrito. Es decir, que tendría que haber un listado en hospitales y en áreas de salud de los médicos que son objetores. No existe. Y se toman decisiones de carácter colectivo. El correspondiente jefe de servicio dice "esta técnica no se hace en mi hospital", y no se hace. Y eso es ilegal. Debería ser personal (...) Hay trece provincias donde no se ha hecho ni un sólo aborto. Imagínate una señora de Soria que tiene que ir a Valladolid, una señora de Guadalajara que tiene que ir a Albacete. La administración les debe algo a las mujeres, les debe normalizar la prestación.

¿Es así? Sí. Se juntan dos factores. Por un lado la larga ascendencia de las clínicas privadas en la interrupción voluntaria del embarazo. Como relata este reportaje de Newtral, fueron ellas las especialistas históricas en la materia, fruto de su posición "despenalizada" pero no asimilada al sistema público. Cuentan con los médicos, con los recursos y con la experiencia. Obligadas por ley a atender los derechos de sus mujeres, todas las comunidades autónomas desarrollaron conciertos con las clínicas privadas de 2010 en adelante. Las intervenciones se externalizaron.

Como resultado, el 91% de los abortos practicados en España durante los últimos diez años se han realizado en centros privados. No todas autonomías externalizan en igual grado. En Baleares el 58% de las interrupciones quedan cubiertas por la pública; en Madrid, Aragón, Andalucía o Castilla y León, el 99% van por la privada. La tónica general es esta. Sólo la ya citada Baleares, Cataluña (46%), La Rioja (8,92%), Galicia (19,57%) y Cantabria (32%) tienen porcentajes significativos en sus hospitales.

La objeción. El segundo factor son las reticencias de algunos médicos a practicar la intervención. Como explica Lertxundi, la ley (2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) sí les reserva ese derecho, aunque con matices. Dice así:

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.

Sucede que uno y otro derecho, el de objeción y el de interrupción del embarazo, se solapan y chocan. ¿Qué sucede cuando las externalizaciones u objeciones dentro del sistema público de salud son lo suficientemente abundantes como para poner trabas al aborto? Que comunidades como Castilla y León, tal y como recoge este reportaje de El Salto, sólo cuentan con un hospital donde se ofrezca la intervención. Está en Miranda de Ebro, al norte de la provincia de Burgos. En el resto de su vasto territorio el servicio se concierta... Siempre que hayas clínicas disponibles.

Los viajes. Y eso no siempre sucede. Soria es el mejor ejemplo. La única clínica habilitada por la Junta de Castilla y León para los "abortos de alto riesgo" es Ginemédica y se encuentra en Valladolid. Cuando buscamos en Google "abortar en Soria" el primer resultado redirige a la web del propio centro donde se incluyen explicaciones detalladas... Sobre cómo toda mujer interesada en interrumpir su embarazo puede viajar de Soria a Valladolid. Un viaje de dos horas y media a través de una de las carreteras nacionales (la N-122) con mayor índice de siniestralidad.

La tónica. Sucede en otros puntos de España, llámese Jaén, donde unas 1.000 mujeres al año deben desplazarse a otras provincias ; o La Rioja, donde el grueso del personal en los centros públicos se ha declarado objetor. Son ocho (y no trece, como sugería el ginecólogo vasco) las provincias españolas que no han practicado aborto alguno desde su despenalización (Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo y Cáceres). Todas tienen algo en común: pequeñas, despobladas y rurales, sin clínicas privadas y, a menudo, lejos de las capitales.

Los riesgos. Incluso allí donde sí se practican las barreras son elevadas. En León las mujeres tienen dos opciones: o pagar por los servicios de la única clínica concesionaria o desplazarse a Valladolid. En ambos casos, pagar. Algo similar sucede en Murcia, donde el 80% de las mujeres que se sometieron a un aborto tuvieron que sufragar los costes de la sedación (unos 100€). Algunas de las clínicas privadas, además, han sido objeto de controversia por no cumplir con los mismos estándares de calidad y atención que la sanidad pública. En ocasiones, simplemente, el concurso público queda vacante, como sucedió en Cantabria en 2011.

El ejemplo más extremo de este proceso lo representa una mujer gallega que se vio obligada a viajar de la provincia de Lugo a Madrid (600 kilómetros) para un aborto. El médico provincial se había declarado objetor. La interrupción era necesaria por complicaciones. Tras un largo desplazamiento fue ingresada de urgencia en el hospital La Paz, en estado grave, donde terminó perdiendo el útero. La justicia condenó a la sanidad gallega a una indemnización de 270.000€. Una frase que habla por sí misma: "El derecho a objetar de los médicos casi me cuesta la vida".

¿Soluciones? Todas son complejas. La ideal, pero también la más lenta y laboriosa, pasaría por implantar formación especializada para los trabajadores de la sanidad pública, de tal manera que la derivación hacia la privada por criterios "técnicos" disminuyera. Es lo que busca la PNL presentada por Unidas Podemos el pasado mes de febrero y aprobada por el Congreso. Otra, más traumática, ilegalizaría formalmente la "objeción de conciencia institucional" o incluso la individual, tal y como sucede en Suecia. Y una vía intermedia, ya explorada por el gobierno, pasaría por fomentar el aborto farmacológico antes de la novena semana.

Imagen: GTRES

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