Durante su reinado, Juan Carlos I siempre fue elogiado por su capacidad para avanzar los intereses del estado en la arena internacional. Algo que ahora podría volverse en su contra. La Fiscalía del Supremo ha aceptado investigar una trama de blanqueo y comisiones irregulares que le implicarían directamente. De fondo, un supuesto pago de hasta €64 millones realizado por el gobierno de Arabia Saudí a su nombre.
Estas son las claves del escándalo.
El origen. La historia se remonta a marzo, cuando un fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, halla una transferencia de $100 millones mientras investiga diversas sociedades controladas por Arturo Fasana y Dante Canónica, dos presuntos testaferros internacionales objeto de su investigación. El pago lo emitía el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El destinatario, una sociedad panameña, Lucum Foundation.
Su único beneficiario, según el fiscal, Juan Carlos I.
Tiempos. El movimiento se realizó en agosto de 2008. Un año antes, como rememora El Confidencial, Juan Carlos I colgaba el Toisón de Oro, una de las máximas condecoraciones reales, al rey saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Y unos días antes, España firmaba un "acuerdo de colaboración estratégica" con Riyad. Aquel acuerdo cristalizó en 2009 en la participación de varias empresas españolas en el AVE a La Meca.
Bertossa cree que los €60 millones, depositados en el banco suizo Mirabaud, no eran sino una comisión pagada por la monarquía saudí a Juan Carlos I para que mediara e influyera en las negociaciones.
Desenredo del lío. Durante los años siguientes el rey emérito haría uso del dinero, hasta que en 2012 transfiriera los últimos €41 millones a una cuenta bahameña a nombre de Corinna Larsen, su amante. La sospecha del fiscal: el pago saudí iba destinado tanto a ella, comisionista, como a él, facilitador. Este último traspaso se realizó poco después de la célebre cacería en Bostwana, cuando Mirabaud le solicitó que retirara los fondos.
¿Qué significa? Por el momento, algo inusual: que la Fiscalía del Supremo acceda a investigar a Juan Carlos I por "fraude fiscal" y blanqueo de capitales. Anticorrupción llevaba meses trabajando en dos causas paralelas: la de Villarejo por un lado y la del AVE a La Meca por otro. Las revelaciones Bertossa provocaron que Anticorrupción se reuniera con él para intercambiar información, poniendo el foco sobre el rey emérito.
Villarejo y Corinna. Sí, esta causa también toca al Comisario Villarejo, auténtico muñidor en las sombras del estado. El origen remoto de la investigación se encuentra en una reunión de 2015 entre Villarejo y Corinna, encuentro que el comisario habría grabado. En aquel encuentro, Corinna afirmaba que Juan Carlos I cobró comisiones durante el proceso de adjudicación del AVE a La Meca.
¿Cuánto en total? Larsen habló de una pago de €80 millones transferida por la mujer de un mediador saudí (Khashoggi) a un empresario español, cuya identidad no ha trascendido. Este último habría transferido todo, "o parte", al rey emérito.
Entra la justicia. Las investigaciones a Villarejo destaparon la grabación, que a su vez iniciaron un procedimiento sobre el AVE a La Meca. Corinna ha sido interrogada ya por Anticorrupción, aunque ha negado involucración alguna. Sobre el pago de Lucum Foundation, sus abogados afirman que se trató de "un regalo no solicitado del rey (...) una donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado".
Los testaferros. Son Arturo Fasana y Dante Canónica, viejos conocidos de la justicia (declararon en el Caso Gürtel). Eran el objeto del fiscal suizo, y a través de ellos llegó al rey. Habrían funcionado, según Bertossa, como testaferros de sus cuentas. Junto a ambos, Álvaro de Orleans-Borbón también ha sido investigado, aunque negó toda implicación en El País. Corinna ya relacionó a Canónica con Juan Carlos I.
¿Y si va a más? En el improbable supuesto de que todo esto se probara y la justicia tuviera interés en imputar a Juan Carlos I... ¿Podría? Sí, pero sólo mediante el Tribunal Supremo. Ya no es "inviolable", porque no es jefe del Estado, pero sí está aforado. De ahí que la causa haya pasado a manos de la Fiscalía del Supremo directamente. Lo estipula una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014:
[Las salas de lo penal y lo civil del Tribunal Supremo] conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
En cualquier caso, hay que tener muy presente que la investigación tiene las manos atadas desde el comienzo. El grueso de las acusaciones vertidas sobre Juan Carlos I datan de sus años al frente de la Casa Real, cuando era inimputable. Si la Fiscalía desea acusarle de un delito concreto deberá atenerse a sus actividades posteriores a la abdicación, a partir de 2014. Todo lo que sucediera previamente está blindado a nivel judicial.
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