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Acabar con la meritocracia para reforzarla: por qué bajar los requisitos de obtención de becas es buena idea

Acabar con la meritocracia para reforzarla: por qué bajar los requisitos de obtención de becas es buena idea
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, han presentado el borrador del real decreto de becas para el próximo curso 2020- 2021. Subirán el presupuesto en un 22% más con respecto al año pasado, la mayor subida de la última década después de que becas y educación recibiesen un importante sablazo en los años de la austeridad. Pero lo que más titulares está acaparando no es el aumento de la cuantía, sino el cambio de requisitos.

Del 6.5 al 5 que teníamos antes

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Fin del “mérito académico”, titular algunos medios. “A partir de ahora las becas se darán exclusivamente en función de la renta”, se cuenta. Esto puede llevar a equívoco, ya que las becas de excelencia siguen existiendo como hasta ahora, y son dependientes de cada comunidad autónoma y entidades privadas (nunca han existido a nivel estatal).

Lo que nos encontramos, ahora es con un retorno a los criterios anteriores a la reforma del ministro José Ignacio Wert para la obtención de la beca de manutención y desplazamiento. En 2013 el anterior Gobierno cambió el procedimiento de concesión de las becas completas, que siempre habían estado vinculadas a la renta y a que el alumno aprobase, aunque fuese raspado, una gran mayoría de las materias.

Se introdujo un complejo y más restrictivo sistema de concesión. Aunque se permitió que a partir de sacar un 5 o más en todas las asignaturas (frente al 65-90% de asignaturas que regían antes) el alumno obtuviese una matriculación gratuita, se endurecieron las condiciones para recibir esos 2.250-4.124 euros anuales (dependiendo de si hay desplazamiento o no) que recibían los alumnos desfavorecidos hipotéticamente para subvencionar el período de estudios.

A partir de entonces se exigió, por ejemplo, un 6.5 de media en al menos el 90% de las asignaturas para los que estudiasen materias de ciencias sociales (la inmensa mayoría de universitarios de nuestro país) y un 6 o más para los que estudiasen ciencias de la salud en un 80% de las asignaturas (los requisitos al pormenor aquí).

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El objetivo era cuádruple. Por un lado incentivar que, en caso de dudar por su salida laboral escogida, el futuro universitario se animase a estudiar carreras técnicas y de ciencias por tener unos requisitos algo más bajos para la obtención de la ayuda. Por otro mejorar el rendimiento académico de los becados, algo que sí que ocurrió, según el análisis posterior realizado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en un grado “relativo”. También, por supuesto, reducir costes para el estado. Por último, se promueve así un cambio de mentalidad. Hablamos de meritocracia, la idea de que quien está arriba, quien lo consigue, es el individuo que se esfuerza. Que el estatus del individuo sea adquirido en lugar de heredado.

Se preveía que, aún suponiendo una relajación en las arcas públicas, la medida no perjudicaría en exceso a los estudiantes. La nota media de las universidades públicas de España es de un 7.31, aunque claro está, ello no significa que se obtenga esa media sin que haya un número de suspensos superior a ese 90% u 80% que pedía ahora el Ministerio.

45.000 becados menos cada año

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Ese es el número de estudiantes que, de haberse mantenido los requisitos anteriores al decreto de Wert, habrían conseguido unas ayudas que les habrían correspondido por la renta de su hogar según los cálculos del CRUE. Es decir, 45.000 alumnos de familias pobres que tuvieron que hacer un esfuerzo excesivo porque sus hijos, aun habiendo aprobado todo o casi todo, no llegaron a ese 6 o 6.5.

Según estos técnicos, además de ser una medida socialmente regresiva, tuvo repercusiones en el mercado laboral. El abandono universitario prematuro costó a partir de entonces y en cada promoción universitaria 323 millones de euros a las universidades públicas. Según las cifras que ofrece el Ejecutivo, el aumento de las becas para el próximo curso tendrá un coste extra de 386 millones de euros anuales y podrá beneficiar a un total de 625.514 estudiantes.

Esos miles de alumnos pobres expulsados del sistema son, además, una mala señal que evidencia cómo se vuelve más pronunciada la avería del ascensor social. Según el último informe sobre educación del Observatorio Social de "La Caixa", y yéndonos a la educación obligatoria, entre 2003 y 2015 el porcentaje de alumnos de origen socioeconómico bajo que había repetido en algún momento pasó del 40.9 a. 49.9%. Entre las familias ricas esta estadística pasó del 15.1 al 15.5%.

Por qué la medida beneficiará a la idea de meritocracia

El indicador más importante para saber si un joven obtendrá o no formación de estudios superiores es el nivel de formación de sus padres. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2011 que estudiaba la “Transmisión intergeneracional de la pobreza", si el padre no obtuvo la secundaria el joven tenía apenas un 27% de posibilidades de terminar estudios superiores, mientras que si el padre tenía carrera el joven tenía un 74.9% de posibilidades de sacársela.

Es una relación casi perfecta en todos sus estratos. En España sólo un 1.3% de alumnos de padre universitario no eran capaces de sacarse los estudios primarios frente a un 19.2% de los hijos de padres sin educación básica.

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Este indicador del nivel de estudios del padre y la madre es más importante para el alumno que el de renta del hogar. O dicho de otra forma, que los que provienen de un hogar “rico” pero de bajo nivel de estudios lo tienen más difícil en el futuro en términos de empleabilidad que los que provienen de un hogar de clase media pero en el que los adultos tienen estudios superiores.

Esto es así porque, como hemos visto, el nivel de educación de tus padres determina fuertemente el tuyo, y desde hace mucho tiempo en España las tasas de paro son mayores cuantos menos estudios tengas y la diferencia de sueldo medio entre universitarios y los que tienen la ESO es del 50%.

Pero no nos engañemos, también el nivel de estudios va fuertemente vinculado a la clase social. El caso del padre con dinero pero que no terminó el BUP es menos frecuente que el del padre con dinero que terminó el bachillerato o incluso tenía carrera.

El INE nos permite observar el salario medio anual por grupos de ocupación entre 2009 y 2017. Es una horquilla temporal baja y que, además, no permite observar exactamente qué nivel de formación tenía el trabajador, pero ayuda a hacerse una idea. Los que se dedican a actividades que requieren de un menor nivel de formación como es la construcción, el transporte o la hostelería ganan en todos los casos menos (entre 16 y 25.000 al año) que los trabajadores de actividades sanitarias, profesiones científicas y técnicas o información y comunicaciones (entre 33 y 35.000), actividades que en su mayoría de casos requieren de titulación superior.

No es una relación exacta, ya que un trabajador de industria tiende a ganar más que un auxiliar administrativo y lo mismo que un educador, pero corrobora la idea de fondo: los estudios suelen ir vinculados al poder adquisitivo también en las generaciones pasadas. Si sumamos a eso lo que habíamos visto sobre el nivel de educación que alcanzan los chicos según los estudios de su familia, veremos que hay un fuerte vínculo entre clase social elevada y mejores resultados académicos.

En realidad, bajando un peldaño la presión económica de los alumnos lo que hacemos es facilitar un poco más que los hijos de hogares sin estudios se los saquen y por eso, en última instancia, favorecemos el ascensor social y la meritocracia.

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