Al rescate de las licencias de taxi: las administraciones se gastan millones al año para recomprarlas

Al rescate de las licencias de taxi: las administraciones se gastan millones al año para recomprarlas
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Hace unos días, la Comunidad de Madrid se reunió con el sector del taxi para tratar la situación de los trabajadores con una serie de propuestas para la mejora del servicio. De entre ellas, una ha pasado un tanto desapercibida. En el encuentro, la Comunidad aseguraba que se garantizaría una cantidad acordada en torno a 150.000-200.000€ para dar seguridad a los taxistas. Se refería al rescate de licencias, que más tarde la administración regional podría sacar a subasta pública.

Cada año, los gobiernos autonómicos destinan millones de euros a recomprar a particulares sus licencias con dinero público. Lo que ha generado un acalorado debate.

¿Qué es un rescate de licencias? Es el mecanismo que emplean las administraciones para recuperar las licencias que se han quedado "muertas" en manos de los particulares que un día las compraron. Resulta un tanto paradójico que se utilice dinero público para pagar a un particular por retirar del mercado de taxis las mismas licencias que fueron concedidas por la propia Administración.

Sin embargo, dichos titulos son muy cotizados, ya que las comunidades restringen su concesión y se ha generado mucha escasez. Además, hay beneficios derivados de la propia restricción, y la licencia es simplemente un descuento de esos beneficios futuros que se obtendrían como taxista.

Algunos casos. A lo largo de los últimos años, muchas ciudades de España han realizado este tipo de rescates. En Sevilla, de hecho, se han gastado más de 12.000.000€ de un tiempo a esta parte. Recordemos que el convenio marco firmado en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales organizaciones del sector del taxi contemplaba el rescate de 140 licencias entre 2016 y 2019, esto eran 35 licencias por año, siendo fijado el importe de cada rescate en la cantidad 70.127€ a abonar y siendo promovidas las correspondientes convocatorias para los titulares de licencia de auto taxi interesados en su devolución a cambio de la citada cuantía.

En Santa Cruz de Tenerife se han desembolsado 790.000€ en los últimos años. Y hay casos más llamativos: la Comunidad de Madrid está analizando pagar entre 150.000-200.000€ por licencia rescatada. Esta compra estaría sujeta a una serie de condiciones concretas, como por ejemplo llevar entre 10 y 15 años dedicándose al taxi, no tener más de una licencia, etc. En Las Palmas de Gran Canaria se ha pagado 40.000€ por solo una licencia.

¿Quién se beneficia? Actualmente, los que reclaman la continuidad de este programa de rescate de licencias es el mismo gremio de taxistas. Creen que es necesario ajustar la oferta de dicho servicio a la demanda real, dada la irrupción de los nuevos modelos de movilidad, toda vez que provincias como la de Sevilla cuenta en estos momentos con 2.349 licencias de taxi frente a 435 autorizaciones de vehículos de transporte concertado (VTC), y pesa el desembarco de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos.

A menor competencia, mayores probabilidades de mejores resultados. Lo curioso es que estas actividades son gestionadas a nivel municipal (son ellos quienes establecen el número de licencias) y, por tanto, los propios ayuntamientos utilizan ese dinero público para tal fin.

¿Quién tiene la responsabilidad? A priori, las administraciones, al haber ignorado ese mercado secundario entre particulares en los últimos años. De concederse en origen casi gratuitamente por los ayuntamientos hace décadas, han llegado a costar tanto como una casa y en los años del boom se revalorizaron más que el Ibex. De igual manera que han permitido que se comerciara con un bien público a sus espaldas y sin que los ciudadanos obtuvieran de ello ningún beneficio. ¿Una responsabilidad ineludible por su negligencia in vigilando?

Pues bien, el parche hasta el momento está siendo aquello que en 2016 rechazaba el Ministerio: la oferta de recompra de esas licencias a un precio justo para quienes se vayan jubilando. La pregunta que subyace de todo este lío sigue siendo la misma y la expone el doctor en economía Juan Luis Jiménez en este hilo de Twitter: ¿Por qué hay que utilizar dinero público para pagar a un privado, que consiguió un monopolio años atrás de manera gratuita (usualmente), por dejar la actividad que realiza?

Imagen: Sergio R Moreno (GTRES)

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