Las barbas del vecino: Francia al borde de la huelga masiva por el plan de reforma de las pensiones

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Ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía paralizó la mitad del país durante tres semanas. Pasó de nuevo de 2010, cuando Sarkozy ayudó a que se creara una huelga general y distintos paros por sectores entre septiembre y octubre.

Emmanuel Macron tiene cercano el recuerdo de las consecuencias de la lucha de los chalecos amarillos, y por eso mismo ha ido postergando una de sus principales promesas de campaña, la reforma estructural del sistema de pensiones. Pero ahora, con un mayor apoyo público y tres años de legislatura en el horizonte, ha creído que es el momento de comenzar el diálogo con el resto de actores sociales. No quiere que el plan le explote en la cara en forma de una economía paralizada. Las huelgas, por otra parte, ya están convocadas.

Foto macro: las pensiones en Francia

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La edad efectiva de jubilación en Francia es de 60 años (España 62.2, Alemania 62.7). La tasa de sustitución de las pensiones por jubilación (el % con respecto a tu sueldo que te queda de pensión) está en el 67.7% (España 89.5%, Alemania 50%). El peso del gasto público con respecto al PIB que tienen las pensiones en el país vecino es del 15.2%, la tercera más alta de la UE después de Italia y Grecia (España 13.1%, Alemania 11.8%).

Los franceses se jubilan relativamente pronto, les queda una pensión bastante digna, aunque no de las más altas de la UE, y sus pensiones son “carísimas”. Para unos, un sistema insostenible; para otros, uno de los sistemas más justos y equitativos.

En 2018 el sistema de pensiones francés tuvo un déficit del 0.1% del PIB, 2.900 millones. Su crecimiento de natalidad y la baja tasa de desempleo han ayudado a desahogar a una partida que dejó un déficit del 0.7% en 2010, aunque según las actuales previsiones el déficit volverá a crecer a entre un 0.3% y 0.6% en 2025.

Foto micro: los pensionistas en Francia

Buena parte del debate sobre el modelo de pensiones francés se he enfocado, tanto dentro como fuera de sus fronteras, por sus regímenes. Tienen 42 cuando en España hay siete. Esos regímenes especiales que están fuera del general y el de autónomos incluyen a los trabajadores de la SNCF (la Renfe francesa), de la RATP (transporte público parisino), mineros, marineros, funcionarios, profesiones liberales (desde abogados hasta artistas), militares, policías, empleados de la Ópera de París y mucho más.

Algunos de estos grupos son vistos como obreros especialmente beneficiados a lo largo de las décadas por las distintas administraciones. Por ejemplo, mientras que los trabajadores generales calculan ahora mismo su pensión con los 25 mejores años de su carrera, a los funcionarios se les mide con el puesto ostentado en los últimos seis meses. Pro: pensiones más altas frente al pensionista medio, así ocurre que la tasa de sustitución del privado está cercana al 50% y la del público al 75%. Contra: menos movilidad del empleado en su puesto. Ojo, el sistema actual francés no tiene en cuenta los complementos salariales para ese cálculo, algo especialmente gravoso para empleados con disponibilidad, nocturnidad o peligrosidad.

También, militares y mineros se jubilan antes.

Estos trabajadores con “prebendas” son mayores y no se están reemplazando, lo que además ayuda a una visión de pensionistas “menos eficientes y caros” frente a los demás. Ahora mismo hay 143.000 empleados en activo en el régimen de la Renfre francesa para 261.000 jubilados que se beneficia de estos planes, una relación de 0.55 trabajadores en activo por jubilado. Una cifra incomoda si la comparamos con otros gremios que, además, se jubilan más tarde: hay ahora mismo 4.2 abogados en activo por cada abogado jubilado.

Pero, ¿cuál es el peso final de esos jubilados especiales? Son 2.9 millones, alrededor del 18% de todos los pensionistas. Hay muchos de estos regímenes que son absolutamente minoritarios y están en proceso de extinción.

Y el nuevo plan de puntos de Macron

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Así, aunque estos regímenes especiales formen sólo uno de cada cinco jubilados, el actual Gobierno plantea modificar el sistema de arriba abajo, de forma que quedarán eliminados. “Se trata menos de una reforma del sistema de pensiones que de una refundación”, un único sistema basado en puntos, en el que “cada euro de cotización, sea cual sea el sector del trabajador, genere los mismos derechos”. De momento no hay ni siquiera propuesta formal. Lo que circula es el informe publicado en julio realizado por Jean-Paul Delevoye, un veterano político de centroderecha que fue ministro con Jacques Chirac (y que forma parte justamente del club de políticos criticados por el macronismo).

Para empezar, el informe de 132 páginas hablaba de una subida de la edad de jubilación de 62 a 64 años, algo que no gusta a Macron que había prometido no incrementar la edad, sino enfocarse (aumentar) en el número de años que uno debe cotizar para recibir la prestación máxima.

Por el otro lado, el sistema de puntos que sería igual para todos (con algunas excepciones, por supuesto), funciona como el modelo de cuentas nocionales sueco. Véase el ejemplo que usan los economistas del informe:

Un francés con un salario bruto de 2.281 euros brutos al mes (1.5 veces el salario mínimo en Francia) generaría una cotización contributiva de 577.5 euros al mes (el 25.31% del salario).

En el sistema de puntos propuesto, por cada diez euros cotizados, se genera derecho a un punto. Este trabajador hace, por tanto, 693 puntos al año. Si trabaja 43 años con este sueldo, acumularía 29.799 puntos. El plan es darle un valor de 0.55 euros por punto, con lo que sus casi 30.000 puntos se convierten en 16.389 euros al año, o 1.366 brutos al mes o 1.265 netos al mes, con lo que se conseguiría una tasa de reemplazo del 70% del salario.

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Imágenes de la huelga de esta primavera.

Ahora bien, ahí entran en juego factores de sostenibilidad, evolución del PIB, tasas de empleabilidad, evolución del salario medio, IPC y otros factores. Se trata de la introducción de índices absolutamente necesarios para revalorizar las pensiones (10 euros cotizados ahora no serán los mismos 10 euros en 2040), pero es también la puerta de entrada a que el gobierno, si lo ve necesario, pueda ejecutar reformas formalmente muy sencillas y psicológicamente poco traumáticas para el gran público para ajustar el precio de las pensiones. Decir que se aumenta la edad de jubilación dos años es doloroso. Decir que la retribución del punto pasa de 0.55 a 0.5 no lo es tanto.

Y además, en el sistema propuesto se le daría al trabajador un plus de un 5% por cada año que decida postergar su retiro a partir de la edad fijada de los 64 años. Es decir, un 10% más si te jubilas a los 66, un 55% extra si lo haces a los 75... así cualquiera se anima a alargar esa edad de la jubilación (y reducir los años en que se recibe). Es una manera de subir la edad real de jubilación pero por la puerta de atrás.

Por otro lado, y como hemos visto, la reforma de Macron amplía el período de cálculo de la base a toda la vida laboral. Esto podría beneficiar a un porcentaje de trabajadores que empiece unos años de carrera fuertes, pare y luego vuelva más tarde (por ejemplo, madres con trabajos técnicos, gente que ha quedado a cargo de familiares dependientes) o a aquellos que se lleven un revés en sus últimos tiempos, por ejemplo un ex empleado de la gran empresa privada que acaba en trabajos precarios hacia el final de su vida. Pero la realidad es que perjudicará a la mayoría de trabajadores y será especialmente sangrante para los funcionarios sin complementos salariales, enfermeros o maestros entre otros.

De hecho, según los agentes sociales más vocales, como el colectivo ciudadano Réformedes Retraites (Reforma de las Pensiones), los futuros pensionistas percibirán una jubilación entre un 15% y un 23% más baja que la de sus conciudadanos que se jubilen ahora a los 64 años con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados. Sin embargo, son estimaciones muy relativas, puesto que ni siquiera hay oficialmente directrices fijas de cómo se harán esos cómputos ni a quién afectarán. Ese será el tira y afloja, el punto de partida, que plantea negociar el ejecutivo con empresarios y sindicatos.

A las calles

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Manifestantes contra el Plan Juppé en 1995.

Macron, liberal, nunca quiso proponer un nuevo sistema de capitalización (donde cada uno aporte su dinero directamente) en sustitución de uno por reparto (por el que los cotizantes de hoy pagan las pensiones de ayer). De hecho, y mirando al detalle todas las reglas propuestas, hay bastantes ideas que respaldan un sentido socialdemócrata y redistributivo. Sin embargo está  claro que esta reforma supondría una merma en las pensiones de mucha gente.

Parte del debate también vendrá en los plazos en los que se incorporará este nuevo régimen: la idea es aplicarlo a partir de 2025 y con un período de transición de 15 años. Los jubilados nacidos antes de 1963 no tienen nada que temer ni tampoco aquellos que se jubilen de aquí a 2025, pero a todos los demás les afectará. Macron ha descartado un período de transición mas amplio, llamado "cláusula abuelo", de varias décadas, de forma que los menores de 50 de hoy no van a poder reconducir su carrera profesional ante estas nuevas perspectivas de jubilación.

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Se cree que el nuevo modelo también invitará a las nuevas generaciones a pensar en invertir parte de su sueldo en planes privados.

El plan de puntos ha tenido otros muchos nombres estos días entre la prensa y la población gala: "la madre de todas las reformas" , "una revolución", la "gran explosión", un "espejismo" , un "desastre" e incluso el "robo del siglo".

La sociedad está dividida en dos claros frentes, aquellos defensores de un estricto rigor presupuestario, que consideran que el mencionado déficit de las pensiones ahoga y ahogará aún más su economía, y los que opinan que las pensiones es una garantía social y que el equilibrio financiero del sistema de pensiones no debería ser un fin en sí mismo. Que el Estado, en esencia, debería buscar otros frentes para sufragar esa partida (Francia es ya uno de los países con mayor presión fiscal del mundo).

Por el momento todos los sindicatos del país salvo la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (de corte conservador), estudiantes, múltiples agentes sociales e incluso el Partido Comunista han llamado al paro nacional.

Se espera que hagan huelga infinidad de trabajadores de transporte y comunicaciones, profesores, magistrados, recogida de basuras y personal sanitario, estudiantes e incluso algunos departamentos policiales. Muchos políticos también están con ellos, además de los socialistas, y también por parte de los del Frente Nacional (Marine Le Pen, con un discurso obrerista, es una de las que más lo ha criticado, aunque no ha llamado a la unidad de partido).

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Tras su reelección, Emmanuel Macron tenía la intención de aterrizar su reforma de pensiones a finales de 2018 o principios de 2019, pero los gilets jaunes lo llevaron a posponer la cita varias veces. Querían un otoño tranquilo desde el Elíseo, pero el plan de presentar la propuesta definitiva antes del próximo 10 de diciembre anticipa unas navidades calientes.

En 1995 las huelgas de tres semanas de infinidad de sectores paralizaron París, supusieron la derrota política del ministro Alain Juppé, que intentó implantar un paquete de medidas liberales (entre ellas acabar con los mencionados regímenes especiales de los pensionistas) y el gobierno tuvo que dar marcha atrás en lo que supuso un punto de inflexión político total en Francia. 24 años después el péndulo de la historia pasa por el mismo punto, y falta por ver con qué efecto.

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