Cientos de empresas extranjeras han abandonado Rusia. Ahora Putin quiere incautarlas y nacionalizarlas

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La lista de marcas que se retiran de Rusia crece día a día a medida que algunas de las corporaciones más grandes del mundo, desde energía hasta bienes de consumo y electrónica, suspenden sus operaciones en el país. McDonald’s, Pepsi, Nike, Ikea, Netflix y un sinfín más. Si bien las sanciones y los controles de capital dificultan la realización de negocios, las empresas también están preocupadas por una posible reacción negativa por ser vistas como apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En respuesta, el gobierno de Vladimir Putin planea apoderarse de los activos de las empresas occidentales que se retiran mientras planea medidas para persuadir a otros a quedarse.

Incautación. Rusia ha elaborado planes para incautar e incluso nacionalizar empresas de propiedad extranjera que están abandonando el mercado por la invasión de Ucrania. Una manera de apoderarse de los activos de esas grandes corporaciones que van a causar un gran agujero en su economía. En la primera respuesta explícita al éxodo de empresas extranjeras de Ikea a McDonald's, el Ministerio de Economía ha esbozado nuevas políticas para tomar el control temporal de las empresas que se van cuando la propiedad extranjera supera el 25%.

¿Cómo? Putin explicaba que el Kremlin podría encontrar formas legalmente viables de apoderarse de empresas internacionales. El gobierno presionaría para "introducir una gestión externa y luego transferir estas empresas a aquellos que realmente quieren trabajar". Según las propuestas, un tribunal de Moscú consideraría las solicitudes de los miembros de la junta y otros para traer gerentes externos. Luego, el tribunal podría congelar las acciones de las empresas de propiedad extranjera como parte de un esfuerzo por preservar la propiedad y los empleados.

¿Por qué? La medida se produce cuando los gobiernos occidentales buscan imponer la máxima presión sobre Putin al anunciar restricciones drásticas a las importaciones de petróleo y gas ruso además de sanciones financieras y congelamiento de activos para oligarcas prominentes.

Además de las sanciones formales, las principales empresas occidentales y las marcas de alto perfil han tomado medidas para salir del país por completo o suspender sus operaciones en respuesta a la invasión. Shell ha anunciado planes para retirarse del petróleo y el gas rusos, BP ha dicho que dejará de participar en grandes proyectos, mientras que Unilever ha dicho que detendrá las importaciones y exportaciones al país.

Ojo por ojo. Las medidas de ojo por ojo que pueden incluir el posible arresto de activos rusos en el extranjero tendrían "consecuencias mutuamente negativas", decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "Rusia debería seguir siendo un destino atractivo para los inversores de países que no están librando una “guerra económica” en su contra. El mercado aborrece el vacío", señalaba. Y China ya está en conversaciones con sus empresas estatales sobre cualquier oportunidad de posibles inversiones en empresas o activos rusos.

Otras represalias. Además, el gobierno de Putin ha anunciado planes para ejercer presión sobre Occidente a través de sanciones económicas, incluida la prohibición de exportar madera, equipos electrónicos y de telecomunicaciones. Y también aprobó leyes para incautar 8.000 millones de euros de aviones alquilados a Aeroflot y otras aerolíneas rusas por organizaciones occidentales.

Incumplimiento de los pagos de la deuda. Todo esto se produce cuando Rusia se acerca al incumplimiento de los pagos de la deuda del gobierno, y las agencias de calificación advierten sobre un fracaso "inminente" en una medida que podría generar pérdidas financieras para los poseedores de bonos soberanos rusos.

La economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, explicaba que tanto Rusia como Bielorrusia estaban "encuadradas en territorio predeterminado". Otros rebajaron aún más la calificación soberana de Rusia al estado de "basura" esta semana, advirtiendo que era cada vez más probable que el gobierno incumpliera sus compromisos de pago.

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