Pedro Sánchez ha perdido su segundo debate de investidura como Presidente del Gobierno. Es un récord inédito, motivado en ambas ocasiones por el desencuentro con su socio natural a la izquierda del tablero político: Podemos. En 2016, Sánchez optó por cerrar un pacto de gobierno con Ciudadanos, sin apoyos suficientes; ahora, y pese a la insistencia de grupos satélites como ERC o PNV, PSOE y Podemos no han logrado conciliar el reparto de ministerios y el programa de gobierno.
¿Por qué? Quizá por algo tan sencillo como la ausencia de tiempo.
Plazos. Las elecciones generales de abril abrieron un escenario de incertidumbre. Sin mayorías claras, cualquier formación de gobierno pasaba por el pacto. El PSOE optó por aplazar las conversaciones a mayo, cuando se hubieran celebrado las elecciones autonómicas y municipales. Pese a algunos contactos preliminares, las negociaciones se retrasaron hasta principios de julio, una vez Sánchez hubo fijado la fecha de investidura. Tan tarde como el 24 de junio aún no se habían sentado a hablar.
¿Margen total de negociación? Unos veinte días, un plazo exiguo. O si hacemos caso a los cronistas parlamentarios, escasas 72 horas.
Contrastes. Es un lapso breve para diseñar una estrategia común, más aún cuando ambas formaciones, PSOE y Podemos, depositan escasa confianza en la otra. Un ejemplo antagónico: cuando la CDU comenzó a negociar su gobierno de coalición tras unas elecciones difíciles, pasó más de cuatro meses discutiendo primero con Liberales y Verdes y negociando finalmente con el SPD (la socialdemocracia). Alemania paralizó la investidura durante el mayor lapso de tiempo de su historia.
Los equipos de ambos partidos tuvieron tiempo para afinar cada reparto ministerial.
Cansancio, presión. Si algo han demostrado las sucesivas cumbres de la Unión Europea (la última a propósito del reparto de cargos para los próximos cinco años) es que negociar con una espada de Damocles sobre la cabeza es contraproducente. Como apuntan muchos corresponsales, el cansancio y las jornadas maratonianas desvían las negociaciones, afilan el ánimo, agudizan los desencuentros. PSOE y Podemos no han tenido tiempo para subsanar heridas, y han sucumbido a la carrera mediática.
Cuenta atrás. Ha sido así por el deseo de Sánchez de celebrar el debate de investidura sin atar los votos parlamentarios (como ya sucediera en 2016). Una herramienta de presión negociadora. Una que ahora se activa de nuevo: el Congreso tiene 60 días para encontrar un gabinete de gobierno si no quiere irse a unas nuevas elecciones. Es un plazo más amplio para negociar, pero sigue hipotecado a una fecha en el horizonte. Como bien saben en Reino Unido, las cuentas atrás, a menudo, llevan al bloqueo.
Otros países. Italia, un país acostumbrado al caos y a la rotación de gobierno, pasó dos meses dilucidando su último gobierno (Lega + M5S). Bélgica, un caso extremo, superó los 500 días sin gobierno en 2011, tratando de ajustar alguna coalición probable. Es habitual que las coaliciones de gobierno de Países Bajos se gesten a largo plazo, con negociaciones más allá de los siete meses, como sucedió en 2017. Similares palabras se pueden escribir sobre Suecia (cuatro meses este año).
Todos ellos son países acostumbrados a los gobiernos de coalición. Pero también a tiempos menos apresurados. En España la situación ha sido distinta.
¿Y ahora qué? "Es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días", ha expresado Iglesias hoy en el debate de investidura. Los puentes entre ambos líderes parecen rotos. Maldita ha revelado que la Vicepresidencia, controlada por Carmen Calvo, filtró las propuestas de Podemos, cambiando quizá una palabra por otra ("exigencias") y erosionando el proceso. PSOE y Podemos aún tendrían dos meses antes de agotar el plazo constitucional. Ahora, quizá, ya no sea cuestión de tiempo, sino de confianza.
Imagen: Víctor J Blanco/GTRES
