147.000 fallecidos después, la crisis del coronavirus es ante todo una emergencia sanitaria. Pero también económica. El confinamiento ha tenido un impacto inmediato en la actividad productiva de los países desarrollados. Sin posibilidad de funcionar con normalidad, miles de empresas han anunciado despidos o han cerrado temporalmente. A consecuencia el desempleo se ha disparado en todas partes.
En España, en concreto, más de 900.000 trabajadores han sido dados de baja en la Seguridad Social desde el inicio del Estado de Alarma. Es una cifra gigantesca que eleva el volumen de parados por encima de los 3 millones. Todo ello sin contabilizar a los empleados cuyo contrato se ha suspendido temporalmente, vía ERTE, y que superan los 600.000. Una buena parte de la masa laboral del país ha perdido su trabajo en cuestión de días.
Algunos de ellos cuentan con subsidios de desempleo, ahorros, o ingresos complementarios en el núcleo familiar. Otros no, por lo que se han quedado virtualmente en una situación de desamparo económico. De ahí que diversos economistas y analistas, tanto a la izquierda como la derecha del espectro político, hayan sugerido la introducción de o bien una renta mínima o bien una renta básica. Un ingreso que sostenga a las familias por encima del umbral de la pobreza.
El guante ha sido recogido por el gobierno, pese a las disensiones internas sobre la escala y la profundidad de la medida. Tal y como ha anunciado el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el ejecutivo introducirá un Ingreso Mínimo Vital a partir de la segunda quincena de mayo. Los procesos administrativos son lentos y el diseño de la política, tan controvertida como defendida por algunos colectivos, será clave para valorar su impacto y efectividad.
¿Pero qué forma podría adoptar? Lo primero que debemos tener en cuenta es que no se trata de una "renta básica" sino de una "renta mínima". Son conceptos distintos, pese a que se han confundido durante las últimas semanas. La RBU (Renta Básica Universal) busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Una renta que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el estado.
Ningún país contempla medidas semejantes, si bien algunos, como Finlandia, han realizado algunos experimentos. El ejecutivo español tampoco se lo plantea. En su lugar, apuesta por un "ingreso mínimo", una renta garantizada y básica entregada mes a mes por el estado... Sujeta a determinadas condiciones y habilitada sólo para un grupo de población concreto (personas sin ingresos con riesgo de caer bajo el umbral de pobreza). Es una distinción clave.
El ejemplo de País Vasco
España no necesita buscar referentes demasiado lejanos o remotos para analizar el impacto de un ingreso mínimo vital. Al menos dos comunidades autónomas lo llevan aplicando durante muchos años: País Vasco y Navarra. El grueso de las autonomías disponen de "rentas mínimas" para las personas o bien en riesgo de exclusión social o bien bajo el umbral de la pobreza, pero en ninguna de ellas su escala es demasiado ambiciosa. De media, las rentas mínimas regionales cubren al 8% de personas pobres.
En País Vasco y Navarra ese porcentaje se eleva al 71% y al 66% respectivamente, por lo que, a priori, es un instrumento mucho más eficaz a la hora de paliar la situación económica de los hogares más vulnerables.
¿Pero cómo funciona, quién tiene derecho a percibirlo y qué efecto ha tenido a medio plazo en el mercado laboral de la comunidad? La primera pregunta es fácil de responder. Tal y como explica la propia administración vasca, su "renta de garantía de ingresos" (RGI) es una "prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de personas que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral".
El primer criterio, el sujeto de la ayuda, se establece en torno a una serie de variables: haber constituido una "unidad de convivencia" (un núcleo familiar, comoquiera que sea definido, sobre el que calcular la cuantía del ingreso) durante el año previo a la solicitud; haber vivido tres años ininterrumpidos en Euskadi, empadronado; tener más de 23 años; y no estar ingresado en centros o residencias sociales, entre otros.
La clave la marcan los ingresos. La ayuda va dirigida a quienes "no disponen de recursos suficientes", trabajen o no. El umbral se marca por debajo de la cuantía de la RGI "que pueda corresponder", sin contar con propiedades (más allá de la vivienda habitual), "dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades" por valor superior al fijado para cobrar la RGI. También se deben haber agotado todas las ayudas disponibles en el sistema, lo que se conoce como "de último recurso".
En esencia, la RGI la perciben personas con ingresos bajos. En 2017, alrededor de 60.000 vascos se beneficiaban de la ayuda, sobre un total de 186.000 definidas "en riesgo de pobreza" (en agregado, 140.000 reciben subsidios directos de la CAV, aunque no siempre la RGI). La renta mínima del gobierno vasco no sólo es la más extensa, sino también la más elevada: en torno a los 665€ por beneficiario, por encima del resto de comunidades.
Las cuantías varían enormemente, no obstante. Para los mayores el máximo alcanza los 765€; para las familias sin hijos o las "unidades" de dos personas, los 856€; y para las familias con un hijo o más, a los 947€ o 1.003€. A esto hay que sumar, en ocasiones, la Prestación Complementaria de Vivienda (250€ al mes) o complementos específicos, como los 48€ mensuales habilitados para las familias monoparentales. Suele oscilar en torno al 88% y al 120% del SMI, es decir, es un ingreso vital.
La gran diferencia entre una Renta Básica Universal y una renta mínima garantizada es, además del obvio "universal", la condicionalidad. Los defensores de la RBU siempre destacan el carácter permanente y no sujeto a condiciones de su ingreso. El caso vasco es muy ilustrativo en este sentido. La RGI está fijado a determinadas circunstancias y criterios, y el menor cambio en algunos de ellos puede suspender la ayuda.
Condicionalidad e incentivos
Hay tres grandes supuestos que anulan el alcance de la renta de garantía de ingresos. El primero y más intuitivo es un aumento repentino del volumen de ingresos en la unidad familiar. Esto no equivale a obtener un trabajo. La RGI, como explica el gobierno vasco, "es compatible" con la entrada en el mercado laboral. Sólo si "se empieza a trabajar y sus ingresos son superiores a los máximos establecidos, se suspende temporalmente la ayuda. Si no superan el límite, podrá cobrar la renta complementaria".
El "traslado temporal de residencia habitual a un municipio fuera de la Comunidad Autónoma" o el ingreso en "centros residenciales públicos o privados, o en centros penitenciarios por tiempo superior a un mes" también finiquitan el subsidio. También se puede perder por irregularidades procedimentales, como no comunicar cambios en el nivel de recursos, ocultar información personal o no estar disponible para el empleo.
Esta es una de las principales preocupaciones del espectro conservador cuando se barajan rentas mínimas o básicas que cubran a gran parte de la población vulnerable. Al obtener cierto dinero del estado, los beneficiarios pierden el incentivo para buscar trabajo y salir de su virtual situación de pobreza. Desde este punto de vista, la RBU, la RGI o la renta planteada por el gobierno podrían convertirse en "poverty traps", incentivos perversos para no reincorporarse al mercado laboral.
Si existe tal riesgo, la política diseñada por los organismos vascos lo reprime. Los beneficiarios en paro deben estar inscritos "ininterrumpidamente como demandantes de empleo", y pueden perder la ayuda en caso de "rechazar un trabajo adecuado". También si se "rechazan cambios en las condiciones de empleo que conllevarían una mejora en el nivel de ingresos", es decir, un aumento que suspendiera la RGI al superar los umbrales.
La experiencia, de hecho, indica que percibir la ayuda no provoca que sus receptores dejen de buscar trabajo o de ingresar en el mercado laboral. Un estudio elaborado por dos investigadoras, Sara de la Rica y Lucía Gorjón, para el Instituto de Economía Laboral (IZA) analiza el impacto de la RGI en el estatus laboral de miles de vascos beneficiarios. A grandes rasgos, la ayuda "no retrasa" ni coarta la entrada en un puesto de trabajo.
Otro economista lo desarrolla un poco más en este hilo. Por regla general, los preceptores de la RGI son parados de larga duración y tienen un nivel de estudios inferior al resto de parados no depositarios de la ayuda. Más de la mitad han pasado los dos últimos años sin trabajo, y alrededor del 33% tienen más de treinta años y sólo cuentan con la educación primaria. Factores que, tanto en Euskadi como en otras partes de España, dificultan de forma extraordinaria reincorporarse al mercado laboral.
La consecuencia lógica: los receptores de la RGI salen menos del desempleo que los no-receptores (un 3% mensual frente a un 9%). Pero es una diferencia que se puede explicar por variables como la educación y la distancia respecto al último empleo. El trabajo controla por ambos factores, y descubre que, aunque hay variables entre grupos demográficos, la RGI no provoca que los vascos receptores dejen de buscar trabajo.
Lo que desincentiva en algunos grupos, como mujeres y hombres poco cualificados, lo compensa por otros, como entre desempleados con formación secundaria o terciaria. El trabajo también indica que las políticas activas de empleo específicamente diseñadas tienen un impacto muy positivo en la reincorporación del mercado laboral. Los beneficiarios de la RGI, con cursos de formación, tienden a encontrar trabajo.
¿Veredicto? A grandes rasgos, la RGI tiene un impacto muy positivo estableciendo un colchón de seguridad y detrayendo de una situación de pobreza y desamparo económico a miles de vascos. Por otro, tiene efectos neutros en su capacidad para salir del desempleo y reintegrarse de nuevo en la estructura laboral. Cuestión distinta es su financiación.
El País Vasco es la comunidad más rica de España, y goza de una situación fiscal privilegiada que sólo encuentra parangón en la Comunidad Foral Navarra. Se trata del célebre "cupo vasco", cuyos orígenes se remontan al fin de las guerras carlistas y cuya cuantía ha sido disputada tanto por grupos nacionalistas como partidarios de centralizar competencias. Hay quien considera que la CAV aporta menos de lo que debería a las arcas del Estado; otros, incluido el PNV, defienden que se ajusta a su peso.
¿Puede España en su conjunto, más pobre que Euskadi, permitirse un proyecto similar a la RGI? Es la gran cuestión. La cuantía de una renta mínima estatal en los términos discutidos por el gobierno podría superar los €5.000 millones (más de un millón de hogares). Escrivá ya ha confirmado que irán a cargo de Presupuestos, no de la Seguridad Social, por lo que aumentará la deuda pública. Un problema acuciante.
Las finanzas vascas, por lo general, son más boyantes que las del estado (más capacidad recaudatoria). Sus gobiernos también gastan más en ayudas sociales. Es la única región española que iguala el nivel de inversión social a los estados europeos más punteros. En 2015, la CAV gastaba más de €500 millones anuales en prestaciones sociales, a razón de 223,06€ per cápita, frente a los 18€ de Madrid o los 23€ de Cataluña.
Imagen: Ultrasiete/Commons
