La política brasileña arrastra un enorme problema de corrupción que afecta, entre otras, a la credibilidad de sus partidos. La noticia de la semana es otro de los múltiples reproches de discreccionalidad que ha recibido el sistema en los últimos años, pero esta vez el lesionado es el aparato judicial, que aparece ahora muy vinculado con el ascenso del actual gobierno derechista de Jair Bolsonaro.
El personal juez que quería acabar con la corrupción (del Partido de los Trabajadores)
El famoso caso Petrobras arrancó con la Operación Lava Jato, que mandó la detención de 24 personas en 2014 y en la que se estimó que se habían desviado fondos por 8.000 millones de dólares a lo largo de la década pasada, pero además de lo sustraído se provocó el empobrecimiento de empresas públicas clave. El principal impulsor de la causa fue el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro. Muchos vieron al juez como un justiciero contra la corrupción.
En 2016 se detuvo por implicaciones con Lava Jato a Luiz Inácio Lula da Silva, político por el PT (principal partido de izquierdas del país) y ex Presidente. Durante años se le acusó e intentó imputar por innumerables cargos relacionados con la corrupción, sin éxito.
También justo antes de la acusación Dilma Rousseff, la presidenta del Gobierno de PT, lo nombró Ministro de la Casa Civil, lo que le daba inmunidad. El nombramiento se mantuvo en vilo durante una semana en la que distintos órganos judiciales anulaban o aprobaban la orden. Finalmente quedó suspendida y Lula perdió la inmunidad.
En 2017 se le acusa de haber beneficiado a constructoras para llevarse un piso vacacional a nombre de un íntimo amigo suyo. Buena parte del material probatorio contra él proviene de la confesión del expresidente de una constructora que pactó beneficios penitenciarios a cambio de la declaración. La defensa argumenta, con razón, que en el documento probatorio no existe ninguna prueba que Lula sea dueño de ese apartamento, que viviese en él o que el inmueble fuese suyo, si bien había débiles indicios de que sí podía ser suyo.
Lula, los apartamentos fantasma y el muerto electoral
Mientras muchos brasileños condenaban la asumida corrupción de Lula y Rousseff, otros se manifestaban en su favor, arguyendo que se trataba de una campaña de persecución política. Meses atrás del encarcelamiento de Lula casi un centenar de ejecutivos de empresas privadas declararon la trama de favores, contratos y leyes que les había beneficiado durante años, y se señaló prácticamente al conjunto de la clase política del país, a partidos de todo signo.
Fue Moro quien encarceló a Lula a nueve años de prisión por la casa vacacional. Al ser nueve años Lula puede seguir presentándose a las elecciones, cosa que hace mientras se disparan las encuestas en su favor. En enero de 2018 tres jueces de la segunda instancia revisan la condena de Lula y la aumentan a 12 años, con lo que entra en prisión y se queda fuera de la carrera electoral, lo que convirtió a su rival, Bolsonaro, en el nuevo favorito de las encuestas.
En octubre de 2018 Bolsonaro vence en la segunda vuelta a Fernando Haddad, del PT. A Bolsonaro le apoya el 55% de los votantes, y a Haddad el 45%.
En 2019, y tras una apelación de los abogados de Lula, su condena se rebajó cuatro años, con lo que se creía que pronto podría salir de la cárcel a finales de año, pero una sentencia por una segunda causa por la nueva impulsora de la macrocausa Lava, la jueza Gabriela Hardt, le volvió a condenar por 12 años. La razón, otro segundo apartamento ganado por concesiones a otra constructora y por el que tampoco hay demasiadas pruebas de posesión.
¿Una causa planificada es una causa legal?
El pasado domingo el diario norteamericano The Intercept divulga un reportaje en base a miles de conversaciones y mensajes entre el coordinador de la Lava Jato, Deltan Dallagnol y el juez que instruiría la causa, Sergio Moro. Entre los mensajes se encuentra a Dallagnol recibiendo órdenes de cómo proceder en el caso Lula, se escucha a Moro dar pistas informales sobre qué investigar y se anticipó al menos una decisión.
Entre lo filtrado se lee a uno de los fiscales de Dallagnol decirle al mismo "ando muy preocupado por una posible vuelta del PT pero he rezado mucho para que Dios ilumine a nuestra población y que un milagro nos salve". También se lee a Dallagnol decirle a Moro en 2018 "¿qué te parecen estas afirmaciones locas del PT ¿Las desmentimos?", en referencia a unas acusaciones del momento y apelando al juez como si fuesen un equipo.
Moro se ha mostrado tranquilo esta semana. En declaraciones públicas ha dicho que "los jueces charlan con fiscales, abogados y policías. Es algo absolutamente normal y no orienté a nadie". Bolsonaro sin embargo no se ha pronunciado.
Pese a lo que afirma Moro, los hechos de los que se le acusan están prohibidos por la Constitución y el Código Penal brasileño, y de ser ciertos se trataría de una injerencia si no política si al menos judicial. Llama la atención que ninguno de los acusados por la prensa haya desmentido el contenido de los mensajes divulgados por The Intercept. Ojo, el periódico ha puesto en duda la imparcialidad de los jueces, pero de sus filtraciones no se desprende que se hayan fabricado pruebas falsas o se haya hecho un montaje para encerrar a Lula en prisión, como se está insinuando.
Miembros de la Organización de los Abogados de Brasil y, más importante aún, del Tribunal Supremo Federal, han señalado la gravedad de la acusación. En última instancia algo así podría anular al menos la primera condena de Lula, aunque es difícil que esto ocurra, ya que la naturaleza ilegal de la adquisición de las declaraciones publicadas por The Intercept imposibilita que se puedan utilizar.
De momento, y de forma independiente, el Supremo Tribunal Federal ha aceptado analizar la petición de "habeas corpus" del expresidente, y un juez de este tribunal, Gilmar Mendes, ha dicho a prensa estar dispuesto a debatir el 25 de junio el recurso que cuestiona la imparcialidad del ex juez Sergio Moro a raíz de lo publicado esta semana en prensa.
