El debate sobre nacionalizar parte de la producción de energía con la creación de una entidad pública o la participación estatal lleva tiempo sobre la mesa. Sin embargo, España camina en sentido contrario por medio de privatizaciones mucho tiempo. Ahora, la crisis de precios en el sector eléctrico y la elevada factura de la luz parece estar allanando de nuevo la posibilidad de que la administración meta mano en las energéticas. Un plan que de apaciguar el ascenso de los precios a corto plazo, se haría muy a largo plazo y que cuenta con una oposición férrea en su contra.
Aún así, hay que recordar que la presencia del Estado en el sector eléctrico no es algo extraño. Durante las últimas décadas se ha convertido en una tendencia generalizada en el mundo. De hecho, los inversores privados son minoría a escala global.
El debate. El revuelo llega de nuevo a la agenda pública cuando hace unos días, Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica, anunciaba la posibilidad de nacionalizar parte de la producción de energía mediante la creación de una entidad pública que agrupe a las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan venciendo. Para quien no lo sepa, ahora la participación pública en el sector se limita a un 20% de las acciones de Red Eléctrica de España (REE) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero REE no se dedica a la generación ni a la comercialización, por lo que ni pincha ni corta en los precios.
Y claro, la oposición rechaza el plan rotundamente. De hecho, el Partido Popular lo ha tildado de “disparate”. Unidas Podemos, por otro lado, lleva años apoyando esta idea. Cree que se trata de una reivindicación legítima y defiende que Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón tienen empresas públicas de generación de energía.
Una tendencia. Es cierto. Las empresas con participación pública contabilizaban alrededor del 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción a escala mundial, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es decir, solo un 48% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos completamente privadas. Las estatales concentran además tres cuartas partes de las inversiones en energías limpias, aunque su cuota se ha reducido un poco en los últimos años, según la Agencia Internacional de la Energía.
El caso francés. Entre los países que cuentan con empresas públicas de energía, detaca el caso francés. En el país galo el Estado posee el 83,77% de EDF, un gigante de la generación con un buen ejército de 56 reactores de energía nuclear. El resto de su propiedad se reparte entre inversores institucionales, empleados y pequeños accionistas. Se puede decir que su carácter público es prácticamente sagrado en Francia. En 2019, antes de la pandemia, los beneficios de la firma se cuadruplicaron, hasta los 5.155 millones de euros, buena parte de ellos en el Reino Unido e Italia.
Aunque eso no quita que esté gravemente endeudada. El presidente, Emmanuel Macron, lleva tiempo luchando contra una feroz oposición de los sindicatos y Bruselas a su intento por reorganizar la compañía.
En el resto de Europa. En el norte del continente se sigue un esquema bastante similar. La austriaca Verbund es participada por el Estado en un 51%; en la sueca Vattenfall tiene un 100% o en la finlandesa Fortum cuenta con un 50,76%. En un informe de 2018, la OCDE afirmaba que estas empresas públicas o semipúblicas pueden desempeñar un papel fundamental en la descarbonización, dado que en muchos casos están bajo la tutela de gobiernos en pro con los objetivos de reducción de emisiones. Cree que, al ser públicas, no deben preocuparse sólo de sus resultados económicos, pero también puede ser un obstáculo la necesidad de garantizar el suministro energético a un precio asequible.
La italiana Enel, que acabó haciéndose con Endesa, tiene una participación estatal muy inferior, pero el Tesoro italiano controla un 23,6% de sus acciones, y más del 60% está en manos de inversores institucionales. Y le ha sido útil en algunas ocasiones. En 2018, en la disputa por la compra de la brasileña Eletropaulo, Iberdrola la acusó de recibir un trato preferente del Estado italiano para una financiación más barata.
La realidad en España. ¿Qué sucedería aquí? En realidad, el plan de crear una entidad pública que agrupe a las centrales hidroeléctricas es muy complicado. Como apunta Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico, en este reportaje de EL PAÍS, "si el control del agua pasara a Red Eléctrica o a otra pública, podrían generar electricidad al coste mínimo para que no perdieran dinero en vez de al coste de oportunidad, como sucede ahora, pero eso con una instalación ni se notaría. Hacen falta que vayan caducando muchas de ellas, y a algunas les quedan muchos años".
Primero, porque las concesiones de centrales hidroeléctricas, en su práctica totalidad, vencen a partir del año 2030. No permitirían actuar con la inmediatez que requiere la situación actual. Y segundo, no serviría para apaciguar el ascenso de los precios a corto plazo.
Concesiones. Pero, ¿es posible? Lo es, en la teoría. No del todo en la práctica. Según la Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio:
"Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años".
Sin embargo, muchas de esas concesiones se renovaron a finales del siglo pasado y algunas otras se prorrogaron, con lo que las principales centrales podrían llegar al final de su concesión más allá de 2070. La posibilidad de recuperar las concesiones y que se vayan integrando en una empresa pública que gestione su actividad sería un proceso muy largo. De hecho, se necesitaría casi un siglo para que las centrales hidroeléctricas pasen a manos del Estado, según el Observatorio de la Sostenibilidad.
Aún así, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge la necesidad de regular el fin de las concesiones hidroeléctricas pronto. “Para garantizar que se lleven a cabo las inversiones necesarias y que las centrales no dejen de funcionar una vez terminen las concesiones existentes, se hace necesario definir los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones”, señalaban. El final de este enredo se prevé muy lejano. Si no imposible.
Imagen: SFGP (GTRES)
