Durante todo el mes pasado, Hong Kong ha sido sacudido por una serie de protestas de una magnitud no vista desde los alzamientos de 1967, en protesta contra el gobierno británico de la región.
Después dos manifestaciones masivas en junio, intercaladas con otras menores, hubo una tercera y colosal proteta el 1 de julio, 22 años desde que Hong Kong pasara de ser un territorio dependiente del Reino Unido a una región administrativa especial de la República Popular China en 1977. Organizada por el Frente de Derechos Humanos Civiles, esta manifestación anual ha visibilizado tradicionalmente el descontento general con la falta de progreso hacia la sufragio universal y con otros problemas referentes al gobierno central de Pekín y el gobierno local de Hong Kong.
Pese a congregar a más de medio millón de personas en algunas ocasiones, el día ha transcurrido generalmente sin incidentes. Este año las cosas han sido diferentes.
Mientras los manifestantes salían del Parque de la Victoria sobre las dos de la tarde, miles de estudiantes y jóvenes vestidos de negro y con cascos de construcción amarillos ya habían rodeado las oficinas del Consejo Legislativo. Los protestantes utilizaron señales de tráficos, un ariete improvisado y otras herramientas eléctricas para atravesar las puertas metálicas y el cristal blindado de dos de las entradas al edificio.
Aldededor de las nueve de la noche, cientos de personas estaban dentro. Algunos usaron latas de spray para hacer pintadas anti-gubernamentales en las paredes de la sala principal, y otros dañaron las mesas y los retratos de varios legisladores pro-Pekín. Algunas oficinas también fueron saqueadas, pero no se registraron daños irreversibles. La ocupación del Consejo Legislativo duró menos de tres horas. Los manifestantes abandonaron el edificio cuando la policía antidisturbios marchó en su dirección y llenó el aire de las calles adyacentes con gases lacrimógenos.
La chispa que impulsó este movimiento social radical, aparentemente carente de líder, fue el intento del gobierno de Hong Kong de acelerar las enmiendas a una ley de que habilitaría a la extradición de individuos a la China peninsular y a otros países.
En un contexto de creciente implicación del ejecutivo central en la gobernanza de Hong Kong y tras la desaparición de cinco vendedores de libros de temática políticamente delicada en 2015, la apodada "ley maligna" ha generado gran ansiedad. Los intentos de acelerarla fueron criticados tanto por los partidos afines a Pelín como por la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong. La ley fue formalmente suspendida por el jefe ejecutivo de la ciudad, Carrie Lam, el pasado 15 de junio en un humillante paso atrás. Lam pidió disculpas por no haber escuchado al pueblo.
"Tolerancia cero"
Hasta los disturbios en el Consejo Legislativo, el gobierno central de China había evitado realizar declaraciones públicas incendiarias o cubrir los acontecimientos de Hong Kong en sus medios de comunicación controlados por el estado. No obstante, la latente pero palpable frustración de Pekín con la mala gestión de Lam en lo referente a la ley de extradición dio paso a una advertencia de "tolerancia cero" en una editorial publicada por el periódico Global Times.
Mientras que estas advertencias conllevan claros indicios de represión en otras ciudades chinas, las implicaciones para Hong Kong son más difíciles de predecir, ya que están encajadas en la fórmula de "un país, dos sistemas", o lo que queda de ella. Esto facilita la inclusión de un Hong Kong relativamente liberal bajo la soberanía de una China autoritaria, y garantiza el "modo de vida" hongkongés bajo la Declaración Conjunta Británico-China hasta 2047.
Con todo, parece probable un mayor despliegue de la Escuadra Táctica Especial de la policía antidisturbios de Hong Kong, apodada "los raptores", al igual que una intrusión directa en la autonomía del gobierno de Hong Kong por parte de Pekín, lo que sólo servirá para exacerbar las tensiones.
Por su parte, Lam se ha comprometido a perseguir y denunciar a los manifestantes que entraron en el Consejo Legislativo, al mismo tiempo que ha declarado su necesidad de escuchar a los hongkongeses, especialmente a los más jóvenes. Ambas promesas serán difíciles de llevar a cabo. En la práctica, los manifestantes llevaban máscaras y no serán fácilmente identificables aunque se emplee la tecnología de reconocimiento facial de Chima.
Y a nivel político, ¿a quién va a escuchar Lam, especialmente dada la naturaleza de las demandas? Los protestantes han expresado consistentemente cuatro exigencias: revocar la ley de extradición de forma permanente; llevar a cabo una investigación independietne sobre la brutalidad policial; liberar a los arrestados; y la dimisión de Lam, todo ello rechazado ella misma.
Decisiones difíciles
Una campaña represiva simultánea a un proceso de escucha a los ciudadanos es el sello distintivo de los regímenes autoritarios, y los gobernantes de China están entrenados en este tipo de medidas.
Pero para un régimen híbrido como el de Hong Kong la tarea debe resultar abrumadora. La mayoría de interlocutores potenciales, como los líderes de la extremadamente democrática Revolución de los Paragüas, están en prisión. Otras figuras del espectro pan-democrático han sido incapaces de obtener la confianza tanto de los participantes de la revolución de 2015 como de los estudiantes y los jóvenes, y no pueden hablar por ellos.
Para la incomodidad del gobierno central, el "localismo" ha surgido como una potente fuerza política tanto durante la Revolución de los Paragüas como en las posimetrías de su derrota. Este término ambiguo cubre un amplio rango de ideologías, desde las ideas derechistas y extremistas de organizaciones como Youngspiration y Civil Passion que acusan a los chinos continentales de viajar a Hong Kong en busca de generosas ayudas sociales, hasta aquellas más liberales de organizaciones como Demosisto, que buscan la inclusión de grupos marginales, incluyendo a los inmigrantes chinos en Hong Kong.
Si un grupo liberal y progresista como Demosito, o individuos cercanos al grupo, obtienen un buen resultado en las elecciones del consejo distrital, previstas para el 24 de noviembre de 2019, probablemente podrían iniciar un proceso de diálogo y progreso hacia el sufragio universal, denegado por las previas autoridades coloniales y descarrilado por Pekín. Pero para que esto pueda pasar, el gobierno de Hong Kong tendrá que demostrar su autonomía del gobierno central, y mostrarse dispuesto a acceder a algunas de las exigencias de los jóvenes y estudiantes.
Mientras tanto, más protestas y la incertidumbre potencialmente violenta de la política de "cero tolerancia" difícilmente inspirarán confianza y calma. La dimisión de Lam, o al menos una fecha en la que dejará su puesto, contribuiría a restaurar el orden en la ciudad.
Imagen: Kin Cheung/AP
Autor: Tim Pringle, profesor en Movimientos Sociales y Desarrollo de la Universidad de Londres.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.
Traducido por Alba Alonso.
