Irlanda o Países Bajos son paraísos fiscales. Y Europa ha encontrado un arma contra ellos: el artículo 116

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Si durante la crisis anterior las políticas que imperaron para salir de la grave situación económica fueron la austeridad y hacer válido el lema “privatización de los beneficios y nacionalización de las pérdidas”, el runrún europeo de los últimos meses dicta que, para la crisis Covid-19, las grandes potencias pretenden implantar una estrategia radicalmente distinta. Esta vez hay una mayor voluntad de optar por una justifica social y redistributiva. Un reciente artículo de Financial Times apunta a que los planes están en marcha.

Llamando a las puertas de la armonización fiscal europea: uno de los tratados por los que se rige la Unión Europea incluye una cláusula, el artículo 116, nunca usada hasta ahora, por la cual:

En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados.

Que, traducido, significa que para evitar el dumping fiscal que se da de facto en varios territorios dentro de la Unión, en lugar de necesitar que voten favorablemente los 27 sólo hará falta una mayoría de 15 países que representen un 65% de la población total de la UE. Hasta ahora las votaciones que hemos realizado requerían de la aprobación de todos los estados miembros, un procedimiento menos agresivo (a fin de cuentas lo que está diciendo ahora la UE se acerca mucho al ataque a la soberanía de los pícaros) pero por el que, lógicamente, esos territorios que practican el dumping fiscal tiraban abajo las votaciones. El propio periodista del artículo del FT, Mehreen Khan, ha explicado: “esperad la oposición de Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Chipre y Hungría”, todos ellos territorios con sistemas fiscales de lo más jugosos para las grandes corporaciones.

Los paraísos contra los rectos fiscales. Khan también ha anticipado qué hará el otro bando: “Bruselas y demás países favorables a este cambio, como Francia, contarán con que los países pequeños no formen una minoría de bloqueo para matar la propuesta”. Dinamarca y Polonia también han sido muy vocales a este respecto. ¿Hay posibilidad, entonces, de que esta medida salga adelante? Dependerá de lo que hagan también pesos pesados como Italia o Alemania, territorios que, según los análisis, han sido de los más afectados a nivel económico por esas prácticas pero cuya postura política en el conflicto no está del todo clara.

¿Truco publicitario? Así leen algunos la publicación de esta filtración en el periódico salmón. En los próximos días tendrá lugar la fundamental cumbre con la que se empezará a cerrar el fondo de reconstrucción, sobre la que los “frugales” han enseñado los dientes y han amenazado con ponerle las cosas difíciles a los “amigos de la cohesión”. Es decir, pidiendo recortes y austeridad. Los frugales están encabezados por Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos y actual azote de los países más afectados, con una línea aún más dura que la que manejan desde Berlín. Este mensaje de la UE sería un toque de atención a un país que, a fin de cuentas, está perjudicando con su política fiscal a los demás.

Pero el cerco se estrecha: la amenaza de usar el artículo 116, uno de los últimos recursos que le quedan a la UE para luchar contra la falsa competencia fiscal entre estados, llega también en la misma semana en que la justicia europea le da un espaldarazo a Apple y niega que la firma tech tenga que pagar la multa de 13.000 millones de euros por impuestos atrasados que reclamaba la Comisión, dándole la razón al gobierno irlandés. El TJUE sentencia que los técnicos comunitarios no lograron demostrar que los acuerdos fiscales supusieran una ventaja ilegal para la empresa porque está perfectamente en sintonía con la legalidad irlandesa. Todo ello ha despertado aún más la intención de muchos miembros de llevar reformas contra estos Estados fiscalmente agresivos o bien implantar la tasa europea para gigantes digitales, una idea que intentan bloquear las Irlandas de nuestro entorno.

Hay otra prueba de que todo esto puede no quedarse en agua de borrajas: el Parlamento Europeo va a poner en marcha una subcomisión parlamentaria que analizará los esquemas fiscales de algunos Estados miembros de la Unión Europea. La traducción es más o menos la siguiente: aunque la UE tiene una lista negra de los países del mundo que son paraísos fiscales, listas que sirven para penalizar las operaciones y el acceso al mercado interior de las empresas que tiren de ello, existe también una lista gris en la que se incluyen los “paraísos” intracomunitarios y que cuestan más de 22.000 millones de euros anuales de recaudación directa a las arcas comunitarias, según estimaciones.

Esta realidad, sumada a la crisis Covid está produciendo noticias de lo más incómodas, como que Renault, que “elude” impuestos en Francia gracias a tener la sede en Ámsterdam, tiene derecho a optar a 5.000 millones de euros de reconstrucción de París sin pagar nada a cambio. Así, aunque Bruselas ha pedido a los Gobiernos que no rescaten a empresas ligadas a paraísos fiscales, como muchos están haciendo, esta permisividad de los "grises" va a ser un coladero de dinero.

De modo que esta investigación podría ser la puerta de entrada a que se acabe la manga ancha con los grises.

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