Desconectarse medio mes de los vertiginosos acontecimientos del procés implica perderse en un millar de subtramas. En apenas una semana, dos cosas muy relevantes han sucedido en Cataluña: por un lado, la investidura fallida de Jordi Turull como presidente de la Generalitat; por otro, el auto de procesamiento iniciado por el juez Llarena hoy y que ha motivado, en parte, la huida fuera de España de la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira. Recapitulemos.
Dos hechos al unísono
La última semana ha precipitado los acontecimientos, tanto la causa judicial impulsada por el juez Llarena como la investidura (finalmente fallida) de Turull. La una ha alimentado a la otra, y tanto el juez del Supremo como los partidos independentistas han acelerado sus ritmos con objetos estratégicos. Conocedores del auto de procesamiento, ERC y muy especialmente JxC plantearon una investidura exprés de Turull para que acudiera al Supremo como presidente, no como diputado.
Consciente de ello, Llarena activó con rapidez el auto procesal. Hoy mismo han comparecido diversas figuras independentistas para conocer cuál es su estado dentro de la causa.
La causa: rebelión sí y cárcel también
El resultado lo ha dado a conocer esta mañana Llarena: la mayor parte de las notables figuras del procés están procesadas por rebelión, una de las penas más duras que contempla el Código Penal español y que se sustenta sobre un teórico acto de violencia a lo largo de todo el procés independentista (radicado originalmente en los hechos del 20 de septiembre del año pasado). Cinco de ellas (Rull, Romeva, Bassa, Forcadell y Turull) entrarán en prisión incondicional tras la decisión del juez. Se unirán así a Junqueras, Forn y los Jordis.
No será el caso de Marta Rovira, la líder de ERC que junto a Romeva y otros dos diputados republicanos renunciaron a sus actas ayer para no bloquear la marcha política de Cataluña. Al igual que Puigdemont o Anna Gabriel, se encamina al "exilio", en sus propias palabras.
La investidura: nada de nada
El origen de la repentina investidura de Turull, un convergente gris de perfil medio dentro del procés, tenía un carácter simbólico: ERC y JxC querían llegar al auto de procesamiento de Supremo con el valor de todo un presidente de la Generalitat electo. Como es evidente, no representa lo mismo enviar a la cárcel al hombre al frente de Cataluña que a un diputado raso. El plan se elaboró deprisa y sin tener en cuenta a la CUP, cuyos cuatro diputados eran esenciales para completarlo.
¿Qué pasó? Lo que ha sucedido tantas otras veces: la CUP se negó a seguir los ritmos ficticios de los otros dos partidos oberanistas. Anunció el fin del "procés" tras un discurso de claro corte autonomista por parte de Turull y se abstuvo, negando la investidura. Tras un varapalo electoral, la CUP ya no está abierta a posibilismos y sólo contemplará recuperar la alianza con el resto del independentismo, saliendo de la "oposición", si se trabaja por la independencia.
Fue el último órdago perdido
Lo cierto es que sin Puigdemont, es improbable que la CUP acepte candidato alguno. Todos los demás corren riesgo de ser procesados si afirman su intención de implementar la República Catalana o de continuar con el procés. La CUP ya negó la posibilidad de que Jordi Sànchez fuera investido, una maniobra que manifestó la negativa de Llarena a otorgarle permiso para salir de prisión. Aquel episodio manifestó que la alianza independentista que permitió llegar al 1-O se ha roto.
Cuenta atrás para las elecciones
De forma paralela, la investidura fallida de Turull (mañana tendrá una segunda oportunidad con mayoría simple, pero es improbable que prospere) inicia la cuenta atrás para la repetición de elecciones. Si en dos meses no hay acuerdo de gobierno y no hay un presidente investido en el Palau, Cataluña se irá a otras (sí, otras) elecciones antes del verano. A priori, es un escenario que interesa a Ciudadanos (fuerza creciente) y que, quizá, podría poner en peligro la mayoría independentista.
La esperanza del constitucionalismo siempre ha sido esa. Y siempre ha fallado.
¿Y si hay presidente?
Es un escenario improbable, pero no imposible. Supongamos que la CUP acepta la candidatura de Turull. ¿Entonces qué sucedería? A priori, y siempre y cuando que el gobierno catalán se adecuara al "Estado de Derecho", la palabra clave empleada por Moncloa, se levantaría el 155 y Cataluña recuperaría su autonomía. La condición, claro, sería el fin del procés independentista, por lo que nos enfrentaríamos a largos meses de palabras veladas, metáforas y juegos tácticos. Es decir, procesisme.
Sea como fuere, si el Parlament devuelve un presidente se antoja complejo que o bien Mariano Rajoy o bien el propio rey, que debería firmar su investidura, se negaran.
Lo que queda de la causa
En esecia, una generación de políticos independentistas barrida del escenario. Los exconsellers o expresidentes que no están en el exilio o bien siguen en la cárcel o bien han renunciado a sus escaños y a su función política ante las potenciales consecuencias judiciales. Todos ellos afrontan un proceso por rebelión y/o malversación de fondos públicos que se puede alargar varios meses. De momento, Llarena ha exigido una fianza de 2,1 millones de euros por los gastos del referéndum ilegal.
