Por primera vez desde el final de la dictadura y descontando pequeñas excepciones, un partido de extrema derecha ha logrado representación parlamentaria a gran escala. Lo ha hecho a lo grande: Vox obtuvo anoche más del 10% del voto en Andalucía, 400.000 sufragios y doce diputados que se antojan claves para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Es el fin de la larga excepcionalidad española en Europa.
¿Pero por qué? La pregunta a esta hora sobrevuela todos los medios de comunicación y es motivo de debate entre analistas, politólogos y comentaristas políticos. No hay una respuesta sencilla, pese a que algunos sí la entrevean. Los motivos que han propulsado a las formaciones populistas y nacionalistas a lo largo y ancho del continente europeo son muy amplios, y no hay consenso académico en torno a sus causas más evidentes.
La llegada de inmigrantes, el choque cultural entre las posiciones progresistas y conservadoras, la desintustrialización y la depresión económica de sectores sociales antaño boyantes, la creciente desigualdad, el simple y llano racismo, el conflicto territorial, el resentimiento hacia las élites políticas, el desencanto con el sistema. El listado de motivos que han podido propulsar a Vox son numerosos, pero a esta hora aún etéreos.
Como vimos en su día, su programa es muy amplio, muy radical en numerosos aspectos y muy excepcional en tantos otros. Vox habla y propone cosas que ningún otro partido tiende a incluir en su discurso (por más que el espectro conservador se haya visto arrastrado a algunos de sus campos de batalla, como la inmigración). Y pese a que su magma y éxito repentino pueda parecer sorprendente, ha conectado con una parte importante del electorado.
Ideas que quedan en los márgenes del pensamiento mainstream español, pero sobre las que Vox se ha propulsado. Estos son algunos de los temas que plantea la formación de Santiago Abascal y esto dicen las estadísticas sobre el apoyo que despiertan entre los españoles.
Cataluña: el espacio de crecimiento
Un vector diferencia a Vox de otros partidos nacional-populistas europeos: el debate territorial español. Acrecentado durante el último año y medio, la cuestión catalana ha dominado el discurso político desde que el Parlament aprobara las leyes de transición en septiembre de 2017. Es el gran factor diferencial entre sus resultados de 2015 (muy, muy discretos) y su éxito de 2018. Hoy Cataluña es el prisma sobre el que se mira a todo partido.
¿Y ahí qué opina Vox? Punto uno de su programa: suspensión de la autonomía e ilegalización de las organizaciones y partidos independentistas. Es una postura extremadamente radical. Pablo Casado o Albert Rivera han coqueteado con la primera (insistiendo en la reiterada aplicación del artículo 155), pero (casi) nunca han resbalado en la segunda, un grado más de agresividad retórica. Santiago Abascal no tiene reparos en pedirlo.
Es probable que muchos españoles le den la razón. Durante el último año "La independencia de Cataluña" ha sido uno de los principales motivos de preocupación registrados por el CIS. Alcanzó su pico en octubre del año pasado (el 30% de los encuestados lo señaló como uno de los tres problemas del país) y ha caído desde entonces, manteniéndose en un inestable 12%. Sólo el paro, la economía y la corrupción le superan.
Otras encuestas indican que hay una minoría de ciudadanos muy preocupados por Cataluña. Según LaSexta, un 41% de españoles está a favor de aplicar de nuevo el 155. El 54% se muestra en contra de indultar a los presos, y el 52% apoyó la campaña de Albert Rivera por la retirada de lazos. En septiembre, una encuesta de Hennao revelaba que el 70% de los españoles creía que la situación en Cataluña había ido a "peor".
Las cifras de apoyo a la aplicación del delito de rebelión y a la encarcelación de políticos independentistas variaban en función de la simpatía declarada. Los votantes de PP y Cs, de los que probablemente se nutra Vox, se manifestaban mayoritariamente a favor de la mano dura. La reacción del cinturón naranja; de las manifestaciones cívicas anti-independencia; y del radical apoyo a las operaciones policiales en el resto de España (el célebre "a por ellos") indican que Vox, aquí, tiene un filón.
Inmigración: la cuestión olvidada
Quizá la otra gran cuestión que define a Vox. Hasta ahora, España no había contado con un partido explícitamente anti-inmigración a escala nacional (pese a propuestas puntuales de PP y Ciudadanos). El programa de Vox plantea la expulsión de todos los inmigrantes irregulares; la deportación de aquellos que hayan cometido delitos; y el endurecimiento de las políticas de arraigo y del "efecto llamada".
Al mismo tiempo, pide elevar las exigencias para obtener el permiso de residencia o la nacionalidad; priorizar los intereses de los ciudadanos españoles frente a los migrantes; cerrar las mezquitas fundamentalistas y financiadas por el salafismo; levantar un muro (otro) en Ceuta y Melilla; y publicar datos estadísticos sobre criminalidad y nacionalidad.
¿Tienen eco estas ideas entre los españoles? A medias. Según un análisis de El País, Vox obtuvo más votos en aquellos municipios andaluces con más inmigración (como El Ejido). A gran escala (europea y mundial) es difícil establecer correlaciones fuertes entre el porcentaje del número de inmigrantes de una ciudad y su grado de apoyo a los partidos xenófobos. En España hay pocos referentes sobre los que comparar.
Tenemos el CIS. En 2016 publicó su último estudio de "Actitudes hacia la inmigración". En él, el 45% de los españoles consideraba que los inmigrantes reciben entre "mucha" y "bastante" protección por parte del estado, frente al 42% que la juzgaba "poca" o "ninguna". El 26% de los encuestados juzgaba "excesivo" el número de inmigrantes; y hasta el 8,5% abogaba por expulsar a los inmigrantes aún no regularizados.
En general, las opiniones de España hacia la inmigración son mixtas. La mayoría valora positivamente que la sociedad española esté compuesta por "personas diferentes", y los puntos de exigencia para los inmigrantes que llegan no son tanto la religión (nada importante para el 40%) o la raza (nada importante para el 63%) como conocer el idioma (muy importante para el 12%) o adaptarse a la cultura del país (muy relevante para el 28%).
Sin embargo, el 21% considera las leyes de acogida y aceptación de inmigrantes "demasiado tolerantes", y el 29% "más bien tolerantes". En materia de reagrupación familiar, el apoyo es mayoritario (83%), así como en materia de ayudas (89%). Al mismo tiempo, el 49% de los españoles cree que los inmigrantes reciben entre mucho más y más de lo que aportan (una percepción equivocada, pero muy extendida).
La inmigración es un terreno donde las opiniones de la sociedad española son mixtas (y estables a lo largo de los últimos años). Pese a que una minoría sí puede simpatizar con los postulados de Vox, su discurso no es mayoritario. Algo que casa bien con su irrupción tardía frente a décadas de flujo migrante (y de bajo repunte antimigratorio en las urnas durante los peores años de la crisis).
Descentralización: una amplia minoría
Vox representa otro verso suelto en un aspecto crucial a la España contemporánea: el estado de las autonomías. Francisco Serrano, el líder de la formación en Andalucía, es un abierto defensor de la "devolución" de competencias al estado central, y lo remarcó ayer en su discurso post-electoral. El programa de Abascal incluye menciones explícitas al fortalecimiento del estado central, recuperando la gestión total de Sanidad y Educación, entre otras.
Vox es el primer partido que carga en abierto contra las Comunidades Autónomas, y que plantea un "estado unitario" frente al descentralizado. El estado de las autonomías es uno de los principales hallazgos de la Transición y una realidad, a priori, inmutable que siempre ha ido a más. ¿Cuántos españoles desean deshacer el camino andado, como plantea Vox?
La respuesta varía en función de la región. A escala nacional, los datos del CIS son útiles para comprender los sentimientos generales frente al estado autonómico. La mayoría de los españoles (un resonante 38,8%) aspira a mantenerlo tal cual. El status quo es la opción más atractiva. Un 19,9% desearía regresar al estado hipercentralizado, como plantea Vox, un porcentaje muy relevante; y otro 10,9% desea, al menos, restar poder a las CCAA.
Es decir, un tercio de la población española vería con buenos ojos una reestructuración centralista del estado español. Por ahí Vox sí tiene un amplio margen de crecimiento. Con todo, las opiniones no son unánimes: un 12,8% de los españoles juzgaría positivo aumentar las competencias de los entes autonómicos; mientras que un 10,1% aceptaría la posibilidad de reconocer la independencia de las regiones que así lo desearan.
Con todo, es un proceso largo e inestable. Tras la dictadura, tan sólo una minoría de españoles aprobaba la creación del estado autonómico, cifras que quedaron reducidas a su mínima expresión cuarenta años después. Sucede algo similar con las identidades. El 55% de los españoles se siente tan español como de su comunidad autónoma, frente al 15% que sólo se identifica como "español" o al 7% que se identifica como "más español" que de su región.
Las variaciones son enormes en función de la comunidad autónoma, como ilustran estos gráficos. En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja o Baleares entre el 22% y e 29% se sienten sólo "españoles"; cifra que se reduce a su mínima expresión en Galicia (5%), Euskadi (5%), Navarra (4%), Cataluña (6%) o Andalucía (8%). Incluso en comunidades de fuerte voto nacionalista, como País Vasco o Cataluña, el "tan vasco/catalán como español" se impone (36% y 35%) al "sólo vasco/catalán" (24%).
Es decir, sí, Vox tiene mucho margen de crecimiento desde el discurso centralista. Pero también unos límites bien definidos: la mayor parte de los españoles sigue dotando de gran relevancia a su identidad regional, y valora positivamente el actual estado de las autonomías. Pero el magma existe (de nuevo en el eje territorial).
Ley de violencia de género: asunto espinoso
Otro aspecto clave del discurso de Vox (no tanto del programa, más diversificado) es la cuestión de género. El juez Serrano es célebre por sus ideas sobre el "hembrismo" y la "dictadura de género" que ha llevado a una hipotética "discriminación" de los hombres en las esferas políticas y judiciales. Vox se postula en contra de la ley de violencia de género y pide su abolición, y también reclama anular las cuotas por ley en las listas cremallera.
Sus ideas son interesantes no tanto porque estén escasamente atadas a realidades estadísticas, sino porque coinciden con un auge palpable del feminismo como asunto central de la discusión pública española. Las manifestaciones multitudinarias del Día de la Mujer y en contra de la sentencia de La Manada ilustran hasta qué punto una parte de la opinión del país juzga la discriminación y la violencia contra la mujer una cuestión clave.
¿Pero cuánto hay de reacción soterrada? Desde un punto de vista demoscópico, es difícil de decir. El CIS no siempre pregunta sobre el grado de apoyo a la ley contra la violencia de género, principal caballo de batalla de Vox. Sí incluye la "violencia contra la mujer" entre su abanico de problemas que preocupan a los españoles. Son pocos los que la escogen como uno de los tres más acuciantes: tan sólo el 2,7% lo seleccionaban el pasado octubre.
Como se analiza aquí, tan sólo durante un muy breve periodo de tiempo (en 2004) la violencia de género se coló entre los cinco problemas más identificados por los ciudadanos. Además, el 80% de quienes lo eligen son mujeres, lo que ilustra un evidente desfase entre las percepciones de ambos géneros. Pese a que varía en función del pico mediático, la violencia de género no parece una preocupación capital para los españoles.
Sin embargo, esto sólo cuenta una parte de la historia. El Ministerio de Igualdad cuenta con un informe sobre las percepciones sociales de la violencia de género, basado en un estudio del CIS. En él, se pone de manifiesto que la mayoría de españoles rechaza frontalmente la violencia contra la mujer (de ambos géneros) aunque persisten reductos muy minoritarios que, si bien condenan, no creen punibles algunos delitos sexuales o maltratos (un 10% y un 5%).
El informe cuenta con un apartado específico para la Ley de Violencia de Género. No es un asunto muy conocido por los españoles. Casi el 40% conoció su existencia a través de la encuesta del CIS. Las valoraciones entre quienes sí están familiarizados con ella son magras: el 49% la juzga "poco eficaz", mientras que solo el 24% la valoran entre "bastante" y "muy eficaz". Los porcentajes son muy parejos entre hombres y mujeres.
Entre quienes la valoran negativamente, es decir, "poco eficaz", los motivos varían. Hay tres que encajan bien con el ideario de Vox sobre el "hembrismo", las denuncias falsas y la "discriminación" contra el hombre: "Desconfianza en la justicia", "Desamparo legal de algunos hombres" y "Uso abusivo de algunas mujeres". Su apoyo es residual: sólo el 2% de los hombres suscribe alguna de estas respuestas, un porcentaje minúsculo.
A nivel general, la ley, conocida o desconocida, despierta la simpatía de los encuestados. El 85% de los hombres y el 87% de las mujeres declara sentirse satisfechos con la existencia de una normativa específica en violencia de género. Si la opinión pública recela de ella no es por los motivos que plantea Vox, sino por su falta de eficacia o de dotación presupuestaria. A priori, pues (y pese a la ausencia de encuestas más contundentes), no parece que sus planteamientos catastrofistas permeen demasiado entre la sociedad española.
Aborto y la batalla cultural
Por último, una breve referencia a cuestiones transversales en la historia del movimiento conservador español. Uno importante es el aborto: Vox, de nítida raíz nacionalcatólica, exige "suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto...)". Es decir, relega el "aborto libre y gratuito" de la categoría de "derechos" al ámbito privado. Es un campo de batalla hoy un tanto superado.
La referencia se entiende mejor dentro de sus planes para la "familia", pilar fundamental de la sociedad española. Abascal plantea un Ministerio de la Familia "que la reconozca como institución anterior al Estado". Es decir, quiere reconocer su naturaleza pre-moderna dentro del marco jurídico del estado moderno. Así las cosas, no es de extrañar que el aborto sea una cuestión anatema y no concebida en ningún supuesto.
Líderes de la formación, como Serrano, han sugerido la posibilidad de anular la Ley del Matrimonio Igualitario aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No es algo incluido en sus 100 puntos electorales, y no es algo que cuente con el apoyo de los votantes: España es uno de los países más tolerantes con los derechos LGBT (sólo un 6% los juzga moralmente), y ni siquiera el PP (impulsor del recurso constitucional) pelea ya ese campo.
El aborto no cuenta con un consenso tan mayoritario, pero ha quedado marginado de la arena política desde el proyecto fallido de Gallardón. Los españoles no lo identifican ni remotamente como un problema acuciante. Según una encuesta de Metroscopia de 2013, sólo e 10% de los españoles no cree que el aborto deba ser legal en supuesto alguno; la mayoría, el 47%, estaba a favor de la actual ley de plazos (común en Europa).
La batalla moral y cultural sobre los derechos LGBT y de interrupción del embarazo (ahora protagonizados por la ley de protección transgénero) tampoco parece un campo muy fértil a nivel electoral.
