"Voté Brexit, pero no pensé que llegaría tan lejos": el problema de los británicos residentes en España

"Voté Brexit, pero no pensé que llegaría tan lejos": el problema de los británicos residentes en España
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Se ha convertido en un género periodístico propio: ciudadanos británicos que votaron a favor de abandonar al Unión Europea y que años después descubren horrorizados las implicaciones de su decisión, sólo para lamentar amargamente no haberlas conocido con anterioridad. El capítulo de hoy versa sobre los residentes británicos en la UE cuyo estatus legal pende de un hilo tras la entrada en vigor del Acuerdo de Salida. Es un asunto de candente actualidad en la prensa sensacionalista inglesa.

La efeméride. La recogen sucesivamente Daily Mirror, ITV y medios más minoritarios como Global 247, casi siempre preñados de un tono trágico y apocalíptico ("Los británicos viviendo en la UE afrontan desde hoy la deportación al entrar en vigor la norma en venganza por el Brexit", reza el titular de The Sun). Sucede que el miércoles pasado se cumplieron tres meses desde la activación del Brexit. Y que todos aquellos británicos residentes en la UE cuya situación no está regularizada han agotado su periodo de estancia temporal en sus países de acogida.

Por lo que deben regresar a Reino Unido. Esto es falso en el plazo inmediato, pero reviste cierta parte de verdad.

Los testimonios. Condensan el horror, pero también esconden una fina ironía: muchos de los afectados son pensionistas partidarios del Brexit que disfrutaban de un retiro dorado en la costa mediterránea. Es el caso de uno de los testimonios viralizados durante las últimas horas, el de un tal Shaun Cromber recogido por Global 247: "Sí, voté a favor del Brexit, pero no pensé que llegaría tan lejos. Mi solicitud ha sido rechazada y estamos de vuelta a casa. Mi mujer no deja de llorar. Siendo honesto, yo tampoco estoy muy contento ante la perspectiva de volver al Reino Unido".

Cromber y su esposa llevaban cinco años viviendo en la Costa del Sol. Otros británicos, según el artículo, habrían sido más previsores. Es el caso de Anthony Cook: "Mi sueño español se ha terminado (...) No tengo las suficientes credenciales para convertirme en residente. Antes era tan sencillo, obtenías tus ingresos en Reino Unido, sacabas algo de dinero en efectivo y vivías tranquilamente en Benidorm. Pero eso ha cambiado (...) En cualquier caso es hora de volver a casa. La libertad de movimientos se ha terminado y no quiero terminar deportado o multado".

Qué sucede. España cuenta a más de 300.000 británicos dentro de sus fronteras. Parece un tanto exagerado e injusto devolverles al Reino Unido, ¿no? Más aún cuando la mayoría lleva años viviendo aquí. Lo parece y lo es. El Acuerdo de Retirada firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido en octubre de 2019 fijó las condiciones de estancia de los ciudadanos británicos en el continente. Aquellos que residieran en, por ejemplo, España, podrían seguir hacerlo en igualdad de condiciones una vez entrara en vigor el Brexit. Mantendrían sus derechos. Aquellos que llegaran después se regirían por la legislación para extranjeros de "terceros estados".

A priori, nada cambiaría para los Anthony y los Shaun de la vida, beneficiarios del Acuerdo de Retirada.

El protocolo. El Acuerdo obligaba a los gobiernos europeos a saber cuántos británicos residían en su territorio exactamente. Algunos estaban registrados, otros no. Para averiguarlo disponían de dos vías: o bien establecían un registro obligatorio en el que todos los interesados debían "solicitar una nueva condición de residente"; o bien expedían un "documento de residencia" que identificara como tales a quienes lo solicitaran. España optó por la segunda vía. Ningún británico ya residente tendría que hacer nada si contaba con su certificado de registro o su tarjeta familiar de ciudadano de la Unión Europea.

El problema es que algunos británicos, muchos británicos, no contaban ni con el uno ni con la otra. Vivían en España "bajo el radar", en un limbo. Es aquí donde su camino comienza a complicarse.

La tercera vía. Con ellos en mente, el Ministerio del Interior habilitó en julio de 2020 un procedimiento para solicitar "un nuevo documento de residencia". Su funcionamiento se explica aquí. Supongamos que Shaun residía efectivamente en España y era por tanto beneficiario del Acuerdo de Retirada, pero que sin embargo lo hacía sin certificado de registro. La única forma de seguir haciéndolo sin quebraderos de cabeza (fiscales, fronterizos, administrativos y un largo etcétera) era con el documento de residencia. Para obtenerlo debía acreditar su residencia en España "antes de la finalización del periodo transitorio", ya fuera mediante los contratos de alquiler, de suministro o de empadronamiento.

Lentitud. Aquí llega el primer escollo. El coronavirus, por un lado, ha ralentizado los tiempos burocráticos (también ha sucedido en Italia), postergando la tramitación de muchas solicitudes. La dejadez de algunos británicos, por otro, ha hecho el resto. "Fui ingenuo", explica otro residente en España, John Shiers, en este reportaje, "no presenté la solicitud hasta poco antes de la fecha límite. Y después la echaron abajo, por así decirlo". Shiers vio denegada su petición, como tantos otros británicos. Agotados los 90 días de rigor tras el Brexit, son "inmigrantes irregulares" a efectos legales. Por lo que afrontan sanciones o expulsiones.

La negativa. Y aquí llega el segundo. Puede que algunos británicos no se registraran como residentes por pereza; pero otros lo hicieron para no ser fiscalizados, como Cook. La Unión Europea asegura la libertad de movimientos dentro de sus fronteras, pero no de residencia. Cada estado fija sus condiciones para acceder a una estancia prolongada en plenitud de derechos. España, por ejemplo, obliga a contar con un trabajo "por cuenta ajena o propia", a "ser estudiante" o a "disponer para sí y para los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse en una carga". Lo que incluye un seguro de enfermedad "público o privado".

Esto último es un requisito indispensable para los miles y miles de jubilados que acuden a la costa mediterránea a pasar sus años de retiro. Son las autoridades españolas quienes valoran "la suficiencia de medios económicos", considerando "acreditación suficiente" la tenencia de recursos superiores "al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva". Es decir, unos 12.000€ anuales. Más el seguro.

Más opciones. Es un umbral bajo, pero no lo suficiente como para no poner en riesgo el derecho a residir de algunos pensionistas. Dos representantes de la comunidad británica en Alicante, la provincia donde más se concentran, explicaban hace unos días en La Vanguardia que la criba por ingresos podría obligar a muchos residentes a regresar a Reino Unido: "No todo el mundo puede llegar a esa cantidad debido a la crisis que está produciendo la pandemia". Y por si hubiera dudas, Interior deja claro que los solicitantes del documento de residencia que no dispusieran del certificado de registro tendrán que presentar sus ingresos.

La complicación. ¿Significa todo esto que la policía española va a acudir a los hogares de un puñado de pensionistas británicos de ingresos pobres para arrastrarlos al aeropuerto? No. Tanto el gobierno español como la embajada británica han negado repetidamente los rumores y las historias exageradas de la prensa inglesa. Lo que no significa que no deban regularizar su situación ni que se encuentren en terreno pantanoso una vez hollado el 31 de marzo. España, en palabras de embajador, Hugh Elliott, adoptará un enfoque "pragmático". Eso sí, recomienda a los británicos sin intención de "convertirse en residentes" volver poco a poco a las islas.

Era un ahora o nunca. A partir de ahora aquellos británicos que deseen pasar sus años de jubilación en España lo tendrán más complicado. Se regirán por las condiciones establecidas para los extranjeros de terceros países, a cuyo extra de trabas administrativas debemos sumar criterios económicos mucho más estrictos: "medios económicos" para su sostenimiento del "400% del IPREM", el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, unos 2.200€ mensuales.

Imagen: Alan Burnett

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