No hay nada noble en la guerra. En las palabras del filósofo y poeta español-americano George Santayana, la guerra “desperdicia la riqueza de una nación, ahoga sus industrias, mata a su flor” y “la condena a ser gobernada por aventureros”. México ha soportado todos estos dolores y muchos más, incluyendo 150.000 muertes y 26.000 desapariciones, durante su brutal guerra de diez años contra los carteles de la droga.
Algunos de los principales impulsores de esta violencia abismal son las fuerzas armadas de México, que de facto han ayudado a la policía para luchar en la guerra contra las drogas desde 2006. Los militares han demostrado ser unos asesinos excepcionalmente eficientes. De 2007 a 2014, el ejército mató a alrededor de ocho oponentes (o presuntos delincuentes) para cada uno que resultó herido, de acuerdo con investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Los marines son aún más letales: mataron a unos 30 combatientes por cada uno que al que hicieron daño, según el índice de letalidad del CIDE.
Varios altos cargos de la ONU han instado a México a "retirar por completo las fuerzas militares de las actividades relacionadas con la aplicación de la ley" y asegurar que "la seguridad pública sea garantizada por las fuerzas de seguridad civiles en lugar de las militares".
El Congreso de México parece estar en desacuerdo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), con mayoría en el gobierno, está presionando para aprobar una nueva legislación por "vía rápida" que formalice el papel de las fuerzas armadas en cumplimiento de la ley.
Entre dos ejércitos (de delincuentes)
El Presidente Felipe Calderón utilizó por primera vez al ejército mexicano para realizar tareas policiales en diciembre de 2006, cuando decidió que su mandato tenía como objetivo "recuperar" a México del crimen organizado. Para ello, Calderón planteaba que era necesario el ejército: los departamentos de policía locales eran demasiado débiles y estaban corruptos.
Su estrategia de seguridad, que fue alabada por los Estados Unidos, delegaba la aplicación de la ley a los militares hasta que la policía pudiera ser "reforzada y purificada".
Después de una década de asesinatos y lamentos, su error está claro. En palabras de un ex alto funcionario de la inteligencia mexicana, Jorge Carrillo Olea, la estrategia de Calderón es uno de las "mayores estupideces" en la historia reciente, implementada sin un estudio de base sobre su "legalidad" o su "relevancia política".
Calderón no tenía tiempo para la debida diligencia, le dijo al periódico Milenio en una entrevista de 2009. El crimen organizado era un cáncer que estaba "invadiendo" el país y él, como médico de México, utilizaría el ejército "para extirpar, tratar y atacar la enfermedad", incluso si la medicina era "costosa y dolorosa".
El conservador Partido Acción Nacional de Calderón (PAN) no fue reelegido en las elecciones de 2012, tal vez porque a los pacientes no les suele gustar el sufrimiento innecesario. Sin embargo, su sucesor, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había estado en el gobierno durante mucho tiempo, ha continuado el "tratamiento" agresivo de su predecesor contra el crimen organizado.
Unas semanas antes de las elecciones de 2012, el entonces candidato nombró al general colombiano Óscar Naranjo, a quien se le adjudica haber acabado con narcotraficante colombiano Pablo Escobar en 1993, como uno de sus principales "asesores externos".
Como director de la Policía Nacional de Colombia de 2007 a 2012, aumentó el número de policías nacionales de 136.000 a 170.000 y supervisó el "Plan Colombia", un paquete de ayudas de 500 millones de dólares anuales de Estados Unidos con suministro de equipamiento militar y entrenamiento para la policía colombiana.
En México, se suponía que Naranjo se mantendría "fuera de las jerarquías" para llevar a cabo la política anti-narcos agresiva de Peña Nieto y realizó su trabajo con vigor. Durante su mandato de 2012 a 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó de que el ejército acumuló 2,212 quejas: 541 más que las presentadas en contra de los militares durante los dos primeros años del presidente Calderón.
México lleva atrapada 10 años entre dos fuerzas de delincuentes enfrentadas: los carteles y los militares. La impunidad es algo generalizado y de las 4.000 denuncias de tortura revisadas por el fiscal general entre 2006 y 2016, solo 15 fueron condenadas. Toda una década en la que las desapariciones forzadas y los asesinatos también han quedado impunes.
Esclareciendo la constitución
El marco legal actual de México facilita la participación de las fuerzas armadas a la hora de cumplir de la ley arbitraria.
Aunque la Constitución prohíbe expresamente a las autoridades militares a intervenir motu propio en los asuntos civiles en tiempos de paz, en el año 2000 el Tribunal Supremo interpretó esta disposición en el sentido de que las fuerzas armadas podrían ayudar a las autoridades civiles siempre que se solicitara su apoyo de forma explícita.
En realidad, los términos generales bajo los que se redactó la Constitución originalmente permiten al presidente determinar el grado de participación de los militares en los asuntos civiles. Calderón hizo uso de este margen de maniobra, estableciendo directrices que otorgaron amplios poderes a las autoridades militares para la planificación y realización de operaciones contra el crimen organizado en 2007. Esta directiva, así como todo lo relacionado con la guerra contra las drogas, había sido información clasificada hasta octubre de 2012.
Los proyectos de ley de "seguridad interna" que se debaten ahora en el Congreso de México tratan de abordar esta contradicción y pretenden esclarecer la distinción poco clara entre los dos tipos de seguridad (pública e interna) mencionadas en la Constitución de México.
La primera se refiere a la aplicación de la ley para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, mientras que la segunda abarca la reacción del Estado ante las amenazas internas contra el orden público, como pueden ser las rebeliones, las traiciones o los desastres naturales.
¿Es una certeza para quién?
El aumento de las críticas contra las fuerzas armadas ha hecho que los militares de alto rango exijan más "certeza" en su lucha contra el crimen organizado.
En diciembre de 2016, Salvador Cienfuegos Zepeda, el ministro de Defensa de México, declaró que la lucha en contra de la guerra contra las drogas ha "desnaturalizado" al ejército mexicano. Según él, los soldados no han sido entrenados "para perseguir delincuentes". Si se despliegan 52.000 soldados a diario, decía en un artículo en el periódico El Universal en diciembre de 2016, necesitan órdenes claras para operar dentro de un marco de derechos humanos.
Cienfuegos exigió una ley que estableciera una distinción legal más precisa entre la seguridad pública (del ámbito de la policía) y la seguridad interna (amenazas específicas que requieren la intervención militar).
Dicha solicitud (aparentemente razonable) estimuló el debate en el Congreso actual sobre la seguridad interna. Cada uno de los tres partidos principales de México ha presentado su propio proyecto de ley. En el caso el PRI ha sido presentado por César Camacho Quiroz y Sofía Tamayo Morales; en el PAN, por el senador Roberto Gil Zuarth; y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue presentado por el senador Luis Miguel Barbosa Huerta.
No está claro qué tipo de "certeza" estas propuestas podrían traer exactamente. Existen diferencias entre las propuestas, pero todas evocan un déjà vu, porque se refieren al crimen organizado como una amenaza potencial para la seguridad interna y justifican la participación del ejército al señalar la incapacidad o la corrupción de la policía local.
Magnífica ilustración sobre por qué no queremos #LeyGolpista y en cambio pedimos #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/4VMkAnOdaF
— Alejandro Madrazo (@BuenMadrazo) 27 de marzo de 2017
El ejército apoya el proyecto de ley del PRI, que sirvió de base para la ley de "seguridad interna", que próximamente será sometida a votación. Actualmente el Congreso está intentando incluir elementos de las otras propuestas en la estructura de la ley para lograr un consenso. Tanto académicos como ONGs han criticado esta ley porque su lenguaje es muy amplio y ambiguo.
Según el artículo 7, las amenazas a la seguridad interna incluyen "cualquier acto o hecho que pone en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz pública". No se establece un tiempo límite para este tipo de intervenciones militares y en el artículo 3, según sus partidarios, autorizaría al ejecutivo a utilizar el ejército para reprimir una protesta pacífica.
La amplia definición de seguridad interna en la ley parece que va en contra del aparente propósito de Cienfuegos de pedir una ley para esclarecer el papel del ejército en la aplicación de la leyes.
Pero en realidad sí que se ajusta a sus necesidades: proteger a sus tropas de la persecución penal. Cienfuegos dijo en diciembre de 2016 que sus soldados actualmente tienen "dudas" a la hora de perseguir a organizaciones criminales, puesto que corren el riesgo de ser acusados de un "crimen relacionado con los derechos humanos". Eso es porque en 2011 el Tribunal Supremo estableció que las violaciones de los derechos humanos cometidas por personal militar siempre han de estar sujetas a la jurisdicción civil, en lugar de la militar.
Según el borrador actual, la ley de seguridad interior de México ampliaría drásticamente los derechos de las fuerzas armadas en la lucha contra los carteles (y contra cualquier persona sospechosa de participar en el tráfico de drogas), eliminando cualquier tipo de persecución por violación de derechos humanos.
¿Y en qué lugar queda la policía?
Cienfuegos lleva razón en una cosa: las fuerzas armadas están actualmente haciendo el trabajo de la policía porque "no hay nadie que lo haga". Alrededor del 90% de los mexicanos consideran que la policía es corrupta y es prácticamente innecesaria porque se estima que el 99% de los crímenes quedan sin resolver.
Las fuerzas armadas, tal y como han demostrado los investigadores del CIDE, son todo lo contrario. Los marines son seis veces más letales que la policía federal, que matan en combate a unos cinco oponentes por cada uno a los que hacen daño (el índice de la universidad no incluye datos sobre la policía local o estatal).
Hubo problemas metodológicos a la hora de determinar lo que el CIDE llama la "tasa de letalidad" de la policía federal, del ejército y de los marines mexicanos desde 2007 hasta 2014. A día de hoy, sería imposible: la administración de Peña Nieto dejó de publicar estadísticas militares sobre las víctimas civiles en 2014.
Sin embargo, si comparamos estas cifras en sus niveles mínimos se muestra la deficiencia ética y política básica del debate la seguridad interna de México. Ninguno de los proyectos de ley en el Congreso aborda la cuestión más fundamental: ¿Las fuerzas armadas deberían tener una función policial o no? Según la experiencia extrema de México, la respuesta es un no rotundo. No se trata de establecer las funciones del ejército, sino las de la policía, que ha abandonado sus obligaciones. El hecho de cubrirlas haciendo uso de las fuerzas armadas no es una solución viable para una sociedad democrática.
Tanto el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) de México y la Comisión de Derechos Humanos Interamericana han desarrollado modelos sólidos para mejorar la eficacia y las responsabilidades de la policía de México. Pero en el Congreso, estas buenas propuestas generalmente caen en saco roto.
De forma inquietante, el poeta Santayana señalaba que "solo los muertos han visto el final de la guerra" y México cuenta ya con demasiados muertos. Para que los sobrevivientes puedan vivir en paz, hace falta mucho más esfuerzo por parte del gobierno que simples déjà vu.
Autor: Luis Gómez Romero, profesor en Derechos Humanos, Ley Constitucional y Teoría legal de la Universidad de Wollongong.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.
