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Por qué la Ley Celaá pretende desmantelar los centros de educación especial y por qué hay padres en contra

Por qué la Ley Celaá pretende desmantelar los centros de educación especial y por qué hay padres en contra
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¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la inclusividad en la educación para los niños que son distintos a los otros? Mañana mismo acababa el periodo para presentar enmiendas al articulado del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida "Ley Celaá". Y hay miles de padres denunciando que una de las disposiciones de la propuesta de la ley tal y como está redactada actualmente, la cuarta, puede perjudicar gravemente el desarrollo educativo de un grupo muy vulnerable.


El antecedente: una llamada de atención de la ONU. En 2014 la Asociación SOLCOM (dedicada a la diversidad funcional) hizo una denuncia contra este organismo por considerar que los centros de Educación Especial de nuestro país estaban segregando injustamente a lo alumnos y yendo en contra de su integración. Más tarde se sumaría a esta denuncia el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI) una muy importante plataforma.

En 2018 llegó el durísimo informe de respuesta de la ONU afirmando que, con esos centros, España practica una segregación injusta con el desarrollo de esos niños a la que había que poner fin. El CERMI se sumó a esta petición. Era un tema que el Gobierno iba a tener que abordar antes o después: en 2017 el Tribunal Supremo estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario. Así que la Ley Celáa ahora recoge ese traspaso del alumnado especial en la escuela general.

¿De cuántos niños estamos hablando? De 37.000 matriculados en esos centros, en un 40% en concertados y en un 60% restante en públicos. Ellos representan un 0.45% del alumnado general, pero ojo, sólo un 17% del total de todos los niños españoles que tienen necesidades especiales, ya que el 83% ya están integrados en las aulas generales. Si contásemos al resto de alumnos con necesidades educativas especiales, el total sería mucho más grande, ya que el 32% de la población escolar española tiene algún tipo de condición, como déficit de atención o dislexia, entre otras. Volviendo con los protagonistas de este cambio de ley, esos 37.000 alumnos disponen de 280 centros y 8.200 profesores. Es decir, hay un profesor para cada 4.4 alumnos especiales y son educados en centros independientes de los demás.

¿Es esto abandonarlos a su suerte? Hay quien considera que, tal y como está redactada la ley, no se va a dar una transición buena para estos niños. La mentada disposición cuarta dice que "esos centros ordinarios tendrán que contar con los recursos necesarios para atender bien al alumnado con discapacidad", pero no contempla en su redacción actual aumentar la financiación de los centros de educación especial. Es decir, hay sospechas de que se les obligará a pasarse al sistema convencional sin apoyos específicos para ellos.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Educación no especificadas en entrevistas a El País, "no solo no habría despidos sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas".

No a todos, pero sí a la inmensa mayoría: Inclusiva sí, Especial también, es la asociación integrada por miles de padres y madres que se han manifestado en multitud de ocasiones en estos meses en contra de esta medida. Está respaldada por las AMPA de los colegios que ofertan esa educación especial, sobre todo entre los centros concertados. Claman que la Ley Celaá pretende cerrar esos centros o desmantelarlos a su mínima expresión en un plazo de menos de diez años. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha defendido de esta crítica, y según la ley, "los centros especiales podrán seguir escolerizando a los que requieran una 'atención muy especializada'". 

Por poner un ejemplo de país que ha hecho esta transición, Portugal pasó de tener en 1997 un 20% del total de alumnos con discapacidad en centros especiales a que hoy solo representen el 1%. 


El fondo de la cuestión. ¿Qué es la inclusividad? Algunos padres creen que al compartir instalaciones y recursos, al jugar con los otros niños normales y no contar con profesionales dedicados en exclusiva a ellos, estos niños recibirán bullying, no se adaptarán al ritmo de las clases y quedarán social y educativamente separados. Del otro lado están los que piensan que precisamente por tener que llevar a los niños a centros especiales (como ordenaban hasta ahora a ciertos niños con dificultades) se está vulnerando su integración en la sociedad en general y que ello va en contra de su derecho a la igualdad. Volviendo con lo que decía la ONU y lo que denunciaba el CERMI, en España hay "dos modalidades separadas de educación que no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva". Estas dos modalidades iban, como vemos, en sintonía con el deseo de muchas familias.

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