Que una comunidad autónoma como Castilla y León vaya establecer medidas antiabortistas demuestra cómo ni España ni Europa son invulnerables a situaciones como las que se viven recientemente en Estados Unidos. Que no se puede dar por hecho que esta polémica legislación no se vaya a disputar en algún momento en nuestras fronteras. Y hoy, estamos cada vez más cerca de ese día. Castilla y León, liderada por Vox y PP, ha anunciado que instaurará medidas "provida" que incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo y que podrían disuadirlas de hacerlo.
Pero no está claro que estas medidas anunciadas sean legales.
Medidas antiabortistas en España. Las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, han causado un revuelo político. El líder de Vox (que gobierna junto al PP en la región) ha dicho que se establecerán varias pautas antiabortistas entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que quieran abortar: escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica.
La justificación de Vox es la de crear una vía para que las gestantes "se sientan acompañadas y en las mejores circunstancias", aunque esto pudiera incurrir en cierta coerción que termine en disuadir a la embarazada. Pero insisten en que será una oferta: que no se obligará a las mujeres a escuchar el latido del feto si no lo desean.
¿Cómo se llevará a cabo? Según el Ejecutivo autonómico, la escucha del corazón del feto y de sus registros cardíacos será "optativo y complementario" a las tres ecografías que se suelen hacer normalmente. Esto se llevaría a cabo entre las semanas seis y nueve de embarazo para que "antes de cualquier decisión puedan escuchar el latido de su hijo". El objetivo, según Vox, es que la embarazada tome decisiones de forma "mucho más consciente" y observe "en tiempo real" las características del feto, con "la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado".
El lío político. Como era de esperar, la ministra de Sanidad ha recalcado que "este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país". Otros partidos como Unidas Podemos critican que esto es responsabilidad del PP, que gobierna en coalición con la extrema derecha en Castilla y León. "Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Esto es el PP", señalaba Irene Montero.
Sin embargo, fuentes del PP alegan que "no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos", y ponen el acento en que ha sido una iniciativa promovida por Vox y no por ellos.
¿Es legal? Con los pocos datos que tenemos sobre la mesa, es apresurado decir que sí o no. El Gobierno, de hecho, no la ha calificado de ilegal porque no se saben aún los detalles, pero Sanidad ha matizado que de momento la prestación en Castilla y León "va a seguir igual". Pero otras fuentes del Ministerio sí advierten que "las medidas podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz".
En un escrito registrado en las Cortes, el exvicepresidente autonómico Francisco Igea de Ciudadanos (que es médico de profesión) decía que ni la ecografía 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados "por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia" de la comunidad.
¿Qué dicen los expertos? Algunos también dudan de su legalidad. Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), señala que estas medidas podrían estar violando tanto la ley de autonomía del paciente como la de salud sexual y reproductiva. "Esta última deja claro que la mujer puede interrumpir libremente el embarazo hasta las 14 semanas sin dar explicaciones de ningún tipo. Por supuesto, la mujer puede tener acceso a todas las pruebas que les correspondan y a ayuda psicosocial si quiere, pero ofrecerle esto lo único que consigue es culpabilizarla y hacerla sufrir", asegura. En su opinión, las medidas son "coercitivas".
En este artículo de EL PAÍS, Nuria Amarilla, de la asociación Juristas de la Salud, explica que "en principio son las comunidades autónomas las que tienen que decidir qué prestaciones incluyen. Si en la aplicación de alguna forma se obstaculiza el derecho al aborto, sí podría ser ilegal. O si alguna mujer considera que se ha sentido coaccionada, podría denunciarlo".
En Europa y EEUU. Tal y como decíamos antes, que lleguen a nuestras fronteras este tipo de debates dejan claro que no somos ajenos a este tipo de políticas sanitarias. De hecho, en Europa hay seis países que mantienen leyes de aborto altamente restrictivas: Andorra, Malta y San Marino no permiten el aborto en ninguna circunstancia. Liechtenstein lo autoriza solo cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando el embarazo es producto de una agresión sexual. Mónaco y Polonia solo cuando la salud está en riesgo, después de una agresión sexual o cuando hay anomalías.
Y otros países han establecido límites de tiempo para el aborto entre 18-24 semanas de embarazo, mientras que otros establecen estos límites alrededor del final del primer trimestre del embarazo. En Estados Unidos vimos hace unos meses cómo el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó que el aborto no es un derecho establecido en la Constitución y como consecuencia, se permitió a los estados individuales regular cualquier aspecto. Ya está prohibido en 10 de ellos.
Imagen: GTRES (G3online)
