Medio Estados Unidos está ahora mismo pendiente de la salida inminente de un condenado por cómplice en el asesinato de una mujer en 2005. La mayoría de los que están siguiendo esta historia apoyan al supuesto criminal. Y la culpa la tiene Netflix.
La confirmación de la sentencia de ayer ha caído como un jarro de agua fría. Ha molestado a buena parte de la sociedad no tanto por la gravedad o no de sus comentarios, sino porque los tuits por los que se la ha condenado son frases que podría haber dicho cualquiera de nosotros, cualquier conocido o familiar, en un contexto distendido y privado. Carrero Blanco lleva siendo una de las fuentes de humor más populares de la cultura española reciente.
Como sabemos, la colisión entre redes sociales, humor, violencia verbal e intervención por parte de la justicia por esas expresiones llevan un tiempo circulando por los medios. Como algunos han señalado, desde el fin de ETA (coincidiendo también con el momento en que el uso de redes sociales se expande) han aumentado enormemente las denuncias por enaltecimiento del terrorismo. Pero no sólo el enaltecimiento, aunque sea en forma de chistes, te puede llevar a un enfrentamiento judicial.
Estos son los comentarios, mayoritariamente jocosos, que hemos encontrado y que han implicado una sanción o una posibilidad de la misma por parte de la justicia española.
Cuando Cassandra Vera escribió cada uno de los trece tuits que le han llevado frente a la Audiencia Nacional, trece chistes sobre el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco, presidente del gobierno franquista, difícilmente podía pensar que su caso coparía las portadas de los medios digitales e impresos. Y más difícilmente podría creer que aquellas chanzas, aquellas bromas, podrían arruinar su vida.
La mayor parte de titulares hoy se centran en lo más llamativo: Cassandra ha sido condenada a un año de prisión por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, en lo que numerosos juristas consideran un disparate. Y si bien es altamente improbable que cumpla la pena, hay dos letras pequeñas que sí le afectarán de por vida: la primera, los antecedentes penales; la segunda, la inhabilitación absoluta.
Cuatro de julio de 2019. Varios objetos voladores de forma piramidal están suspendidos en los cielos de las principales ciudades del planeta. Después de dos días de quietud aérea, proyectan unos rayos de luz hacia el suelo y unas criaturas descienden de la nave. Años planteando escenarios, riéndonos de los fantasiosos que se tomaban en serio Expediente X, pero finalmente están aquí. Han llegado los alienígenas. Y han venido a violarnos.
Hagamos memoria: años atrás, en febrero de 2017, Jaime Garrido comentaba en el popular programa español de fenómenos paranormales Cuarto Milenio que los ciudadanos estamos desprotegidos en nuestros códigos de este escenario de vejación interespecies. "Si un extraterrestre te viola no existe legislación que lo castigue", decía el especialista en conspiraciones alarmado ante la falta de iniciativa de los gobiernos ante una contingencia que podría llegar a ser muy grave para toda la humanidad.
Gawker Media, una de los emporios de publicaciones digitales más importantes del mundo, está en bancarrota. El motivo no es tanto el débil estado financiero del sector como un juicio que, costas y culpabilidad mediante, amenaza con terminar con la compañía en el dique seco. El caso de Gawker vs. Hulk Hogan, sin embargo, ofrece una perspectiva más interesante, y también más amenazante, sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y la capacidad de un multimillonario cualquiera de acabar con medios digitales o impresos con un proceso judicial carísimo del que, paradójicamente, el denunciado puede salir inocente.
Porque si bien Gawker, cuyo enfoque y tratamiento de ciertos temas de naturaleza privada de celebridades y personalidades relevantes de Estados Unidos puede ser censurable desde el punto de vista periodístico, sí ha sido declarada culpable por la publicación de un vídeo sexual privado y robado de Hulk Hogan, de fondo se ha desarrollado otra trama que no dice tanto sobre este caso particular como del sistema judicial estadounidense en general. Un arco narrativo en el que el protagonista es Peter Thiel, el multimillonario fundador de Pay Pal que ha financiado generosamente las costas de los juicios a Hogan.
