No es el Boletín Oficial del Estado la publicación escrita más alegre y dicharachera que un lector se pueda echar al cuerpo. Su redacción está plagada de tecnicismos, nomenclaturas burocráticas y jeringonzas de todo tipo relacionadas con el tedioso proceso legislativo. Los confines de sus páginas se han convertido en tal consecución de declaraciones indescifrables que hay periodistas, como Eva Belmonte, dedicados en cuerpo y alma a traducirlas al común de los mortales.
Pero de tanto en cuanto sucede. Un funcionario con el día inspirado decide introducir en el BOE una frase o un apartado que llama la atención del público generalista. No se necesitan ya chamanes encargados de interpretar la voluntad de los dioses y verbalizarla más tarde al vulgo: el BOE ha bajado a la tierra, se ha manchado los pies de barro y ha retozado con nosotros, oh sus súbditos. Hoy estamos ante uno de esos días. Y el motivo no es otro que una corrección a buen seguro familiar entre los lectores.
En su actualización de hoy, enmarcada dentro de nuevos nombramientos decretados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, el Boletín Oficial del Estado incluye una rectificación pertinente. Se trata de la "resolución de 10 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 25 de febrero de 2021, por la que se resuelve el concurso específico" y dice así:
En la página 25540, en el anexo, puesto número de orden 46, Demarcación de Costas. Andalucía Atlántico, Cádiz, Técnico de Proyectos y Obras, código 4406382, con residencia en Cádiz, en «Datos del adjudicatario», en la columna: «Nombre», donde dice: «Digo», debe decir: «Diego».
Literalmente: el BOE comunica de forma oficial que donde dijo digo, digo Diego.
La corrección de errores que tanto tiempo llevábamos esperando llega, por fin, al BOE pic.twitter.com/yJAkSoCmmB
— Miguel Presno Linera (@PresnoLinera) March 18, 2021
El asunto ha causado sensación en redes sociales. Es algo comprensible. Codificado en su lenguaje burocrático y legislativo, el BOE aparenta estar producido por replicantes desprovistos de toda humanidad. Fallos como estos representan su particular Voight-Kampff, la prueba que detrás de cada resolución y pieza legislativa pública hay humanos capaces del error y, quién sabe, incluso del humor. ¿Se reiría por dentro el autor de la corrección cuando escribiera "donde dice digo, debe decir Diego"? ¿Podría haberlo expresado de otro modo pero eligió calcar el refrán?
Queremos pensar que sí. Ni que decir tiene que la expresión es muy popular entre los españoles. El Instituto Cervantes la considera "muy usada", hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones nos quedamos en el "Donde dije digo", rellenando el hueco de forma implícita por puro contexto. Su origen es incierto pero no reviste mucho misterio: es un trabalenguas de fácil memorización por la cacofonía, la repetición de fonemas idénticos. Un retracto informal muy utilizado en prensa pero ausente, como es lógico, de las comunicaciones institucionales.
Breve historial de pifias
Como quiera que el Boletín Oficial del Estado no entra dentro de las lecturas diarias de los españoles, los ocasionales errores y expresiones cómicas incluidos voluntaria o involuntariamente en sus páginas se han convertido en un objeto de raro culto popular. Hace unos meses circuló por redes otra equivocación subsanada posteriormente por la publicación, pero consagrada ya a los anales de la historia informal del BOE. En su número 48 del 21 de febrero de 2021, entre las páginas páginas 23.116 y 23.121, el boletín comunicaba lo siguiente:
Transcurrido un culo desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado...
"Un culo". El adolescente que todos llevamos dentro contempla la pifia con regocijo. Pero no todos los errores son tan triviales como este. El pasado día de Nochebuena, el BOE incluía el temario que los opositores a una plaza de técnico especializado en los Organismos Públicos de Investigación debían estudiar antes de acudir al examen. En uno de los apartados se incluía el siguiente contenido: "Bronces de óxido metálicos (Tesis de Dani)". Rápidamente la cuestión terminó en Twitter. ¿Alguien había incluido un contenido a medida para uno de los opositores y así asegurar su plaza? El CSIC lo negó pero no se libró del escándalo.
Otras veces los fallos provocan ambigüedades y escasa claridad sobre una norma concreta. Lo hemos visto en varias ocasiones este año a cuenta de las restricciones de movilidad. En la publicación del Real Decreto por el que se instauraba el Estado de Alarma para la Comunidad de Madrid, en octubre, se decía lo siguiente: "Se restringe la entrada y salida de personas de los municipios recogidos en el artículo 2 a aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos". Faltaba una palabra: excepto.
Sin "excepto", como miles de personas observaron a las pocas horas de su publicación, aquellos "desplazamientos adecuadamente justificados" que se produjeran por motivos laborales, asistenciales o educativos quedaban también prohibidos. La cuestión provocó un torrente de artículos de prensa en los que se redundaba en la ambigüedad: ¿debíamos entender la ley de forma implícita y razonable, es decir, debían autoridades y ciudadanos descontar el error y pasar por encima del texto explícito, o la movilidad se regiría por las palabras textuales del BOE?
Como se cuenta en este reportaje de El Diario, fallos o errores de este tipo son habituales en el BOE. En muchas ocasiones tienen consecuencias graves. "Esto no es literatura. Esto no es nuevo, aunque estadísticamente no sé si es relevante, es intolerable, es intolerable", explicaba una experta en Derecho Civil a cuenta de varias disfunciones en la redacción del nuevo Código Penal. "Son normas. ¿Cómo se aplica una ley a la que le falta un anexo?", sintetizaba. Un problema que hemos visto a menudo durante los últimos doce meses en los que el BOE ha cobrado una inusitada presencia en nuestras vidas.
Desde principios de siglo y hasta entonces, recogía el artículo, el BOE había tenido que publicar 4.900 disposiciones corrigiendo errores previos (como la de donde dije digo, digo Diego). Menos de una al día y en sentido decreciente (cada año se publicaban menos rectificaciones), pero un buen montante igualmente. Ya fueran anexos ausentes, "vicepresidentes terceros" inexistentes o normas cuyo redacción es una copia de la anterior. Detrás de los tecnicismos y el dialecto burocrático hay humanos, en efecto, y el BOE tampoco es ajeno a su falibilidad.
Eso sí, al menos ahora lo sabemos oficialmente: el BOE también dijo digo donde ahora dice Diego.
