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De los votos dobles al recuento "Juan Palomo": así se saltó el Govern su propia ley del referéndum

De los votos dobles al recuento "Juan Palomo": así se saltó el Govern su propia ley del referéndum
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Probablemente nadie, ni siquiera los catalanes con más interés por el independentismo, sería capaz de afirmar que las votaciones de ayer fueron mínimamente fiables. Los catalanes hicieron lo que pudieron dentro de una estrangulación logística cada vez más intensa por parte del gobierno central y que iba desde la suspensión de webs hasta la confiscación del material electoral; y esto, sumado a todo lo que hemos visto días antes, ha hecho que las elecciones sean bastante irregulares.

Ayer Cataluña conquistó la foto de la movilización y del intento de diligencia democrática frente a una autoridad central inflexible que, como hemos visto, acabó proyectando una imagen represora que alarmó a la comunidad internacional. Pero no, el independentismo no logró trasmitir ninguna credibilidad acerca de su proceso electoral.

En vista de que los resultados de ese mayoritario Sí podrían tener repercusión jurídica en el futuro de Cataluña, es interesante analizar los puntos de fisura de las garantías del proceso y también, por qué no, algunas medias verdades que han circulado al respecto.

Los estándares básicos

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La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa que determina, entre otras cosas, cuáles son los estándares básicos que garantizan que un referéndum se asienta en la legalidad internacional.

En el documento que le hicieron llegar a la Generalitat insistieron en "la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y con la legislación aplicable". En el momento en el que el 1-O no cumplía con este requisito de su Código de Buenas Conductas para Referendos, el de llevarse a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y la legislación vigente del país, no aporta las mínimas garantías para ser un referéndum reconocido.

Así que hasta que no se acuerde una consulta con el beneplácito del Gobierno español, Estrasburgo se desentiende de los procesos electorales de Cataluña y no obtiene el reconocimiento europeo.

La falta de una sindicatura electoral

El Tribunal Constitucional ordenó disolverse al organismo que debía supervisar la celebración de la consulta durante la jornada so multas de 12.000 euros diarios. El Govern aceptó prescindir de este órgano, pero sin él la vigilancia del proceso quedó bastante en entredicho. Y ahí vamos al siguiente punto, los que sí podrían hacer de intermediarios neutrales de lo sucedido en Cataluña.

Los observadores internacionales

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Estos observadores, encabezados por el holandés Daan Evarts y la neozelandesa Helen Catt, son un grupo de eurodiputados de diversas regiones (y de formaciones minoritarias y en algunos casos separatistas) vinculados al The Hague Centre for Strategic Studies, un think tank privado dedicado al estudio de procesos electorales pero al que no se le conoce experiencia previa en la observación de dichos procesos. Entre los observadores convocados por HCSS se sabe que han elegido a un diputado e Bildu.

Desde La Haya, el Gobierno de Mark Rutte se ha desvinculado de las actividades de este grupo y tanto él como Evarts han indicado que su presencia “no legitima nada ni a nadie”, que sólo han acudido a este peculiar proceso en calidad de observadores.

La Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones de la ONU dice que no deben aceptarse “fondos o apoyo de infraestructura de aquellos Gobiernos cuyos procesos electorales están siendo observados”. En principio, ni los propios observadores dicen conocer la procedencia de la financiación de esta actividad de supervisión que ejercieron ayer y que seguirán ejerciendo en los próximos días. Palabras de Evarts:

No sé cuáles son sus fuentes de ingresos. Como equipo de observación hemos acordado con el Centro que no nos informarán de ello, con el objetivo de que permanezcamos libres de cualquier influencia y seamos capaces de trabajar con estricta independencia e informalidad.

Los votos dobles y extranjeros

La asociación proespañolista Sociedad Civil Catalana hizo circular las imágenes de gente votando en dos colegios distintos, e incluso alguno parece que lo hizo cuatro veces. Varios periodistas de distintos medios también hicieron la misma prueba, y gente que no estaba empadronada en la región ni tenía orígenes catalanes demostró igualmente cómo pudo depositar su voto para el referéndum catalán.

A esas escenas se les respondía desde el independentismo con las capturas de los votantes a los que se les denegaba el segundo voto. El censo electrónico universal, software que funcionaba como registro y que según el CTTI estaba auditado, permitía comprobar a los voluntarios y miembros de las mesas saber si el votante había introducido ya su DNI anteriormente durante la jornada, con lo que se le impedía volver a votar.

Un sistema de voto que, por cierto, es contrario a las propias leyes del Parlament para las votaciones electorales.

El problema es que, como sabemos, el Gobierno estuvo ayer cortocircuitando el sistema de comunicaciones y provocando que en muchos colegios estuvieran intermitentemente sin acceso al software.

Tal y como nos confirma David Molina, coordinador social de varios centros de la zona de Mercè Rodoreda en Lloreda, lo que se hacía entonces era anotar los votos en papel y cotejar y añadir los datos al censo electrónico después, al recuperar la conexión. Si había algún voto repetido “se retiraba un voto al azar” de la urna.

Estos problemas provienen en parte de la permisividad del Govern para que los votantes acudiesen a colegios distintos al que le corresponde por su censo, un requisito que le da a los procesos democráticos muchas garantías pero que a la Generalitat no le beneficiaba en previsión de que las fuerzas del estado imposibilitasen las votaciones en centros de zonas tradicionalmente independentistas.

De ahí los otros sospechosos resultados. ¿Pueblos de 400 habitantes con 1.000 votos? Cosas del censo electrónico… o de la permisividad de los involucrados en el proceso.

Porque hablando de las propias leyes del Parlament...

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Como ha recogido El Confidencial, el propio referéndum de ayer, al tener que llevarse a cabo in extremis y esquivando las trabas del gobierno central con nuevas órdenes de última hora, se provocó el incumplimiento de sus propias normas para garantizar la democracia del proceso.

Entre ellas el periódico digital señalaba la necesidad de la existencia de una Sindicatura Electoral, que como vimos se abandonó tras la sentencia del Constitucional, o la obligatoriedad de seguir la circunscripción electoral, que con el censo telemático no se ha cumplido.

También que se obligase a un voto en sobre y con las papeletas de los propios centros, cosa que este domingo no se ha cumplido en muchas zonas, o diversas cláusulas por las que las instituciones públicas debieran mantener una independencia y neutralidad con respecto al proceso, cosa que no ha sido así. Hasta un total de 20 de 34 artículos de Ley de Referéndum aprobada por el Parlament han sido incumplidos ayer.

La eliminación de los votos

Ha circulado también el rumor de que los recuentos de votos han sido, cuanto menos, sospechosos, y es que bastantes agentes de policía y guardia civil irrumpían al final de la jornada intentando confiscar urnas (de ahí también las rocambolescas escenas de gente ocultando los votos).

Nos cuenta Molina que “por seguridad, los voluntarios con las urnas, los apoderados y los responsables de la Generalitat se escondían por el colegio” para recoger los resultados. Después, nos confirman, se destruían las papeletas y de la votación ya sólo quedaba el acta.

Las urnas

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El escándalo de las urnas provenía, más que del material y forma en que estaban hechos, en su sensación de semiopacidad. Es difícil saber qué pinta tenía lo que había dentro. Aunque muchos medios hemos comentado, medio en broma, que son las que se emplean en procesos para países de dudoso aliento democrático, como Uganda, también son las que se han usado en elecciones en Canadá. Los alemanes han ido incluso más allá y han empleado cajas muy parecidas a cubos de basura para sus elecciones federales de este año.

Las urnas fueron el menor de los problemas. También las imágenes de gente votando en masa en recipientes en la calle, pues eran objetos ya requisados y desarticulados por la policía.

¿Un 100.88% de votos?

La cifra de recuento se facilitó de golpe, sin desglose por provincias, comarcas o municipios avanzando a lo largo de la noche según iba llegando de los colegios, como suele ser normal. En algunas ocasiones en Twitter, cuando alguien daba los votos de resultados de un municipio, los demás corrían a señalar el desajuste entre los empadronados en el municipio y los votantes, que estaría siempre justificado en el censo universal.

También llamaba la atención la cifra final, un 100.88% de votantes. Según la Generalitat esto es debido a que los datos de síes, noes y en blanco son porcentajes sobre voto válido, es decir, una vez excluidos los votos nulos, que según las cifras ofrecidas sí eran el 0.89%.

La evidencia del papel mojado

Una de las pruebas de la asunción de la irregularidad del proceso la ha dado esta misma mañana Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural y una de las cabezas más visibles por el independentismo, que ha declarado a La Sexta que su deseo para el futuro es que las imágenes vistas ayer convenzan al Gobierno español de la necesidad de hacer un referéndum pactado. Una forma de admitir que, pese a todo, no pudieron garantizar la fiabilidad del proceso y que con lo que tienen no pueden seguir adelante con una ruptura con España.

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