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El expediente Biden-Harris: así han legislado en el pasado los demócratas que ahora presidirán EEUU

El expediente Biden-Harris: así han legislado en el pasado los demócratas que ahora presidirán EEUU
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Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Su validación en las urnas es ya oficial, el país ha elegido el ticket demócrata para su gobierno durante los próximos cuatro años. Junto al que fuera senador durante muchos años, y después vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, estará Kamala Harris ocupando su anterior puesto. Ella será la primera mujer vicepresidenta del país, entre otros récords.

Como ya se vio durante las primarias del partido, Biden y Harris representen el área más insider de su organización y dentro de ella un ala más bien conservadora, muy alejado de lo que prometían otros candidatos como Warren o Sanders. Por ejemplo, y según un estudio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, a Biden se le ha otorgado un índice de aprobación del 60%, lo que indica que tiene un historial de votaciones mixto sobre diversas cuestiones civiles, con un sentido de la socialdemocracia que no se corresponde con la de los típicos líderes europeos.

Con 36 años como senador y ocho de vicepresidente, el suyo es un expediente inacabable, en el que se manifiesta dónde se situó el compás del flanco moderado de los azules en cada período.

Lo que viene a continuación es un catálogo de políticas que votaron y acciones que impulsaron mientras ocuparon cargos anteriores, lo que podría darnos una pista del sentido hacia el que se orientará el país en los próximos cuatro años.

Antiterrorismo y Seguridad Internacional

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Después del atentado de las Torres Gemelas Biden votó a favor de la famosa Patriot Act. Más que votar a favor de ella, hizo entonces (y ahora) una encendida defensa de la misma, ya que la considera una hermana gemela de un proyecto de ley antiterrorista escrita por él mismo en 1994 y que finalmente no salió adelante. Dicha ley permite, por ejemplo, que se hagan escuchas telefónicas y cibernéticas sin orden judicial, y ha sido criticada por organizaciones civiles a favor de los derechos humanos en multitud de ocasiones. Sobre estos temas, lo que sí ha indicado en alguna ocasión es que lamenta el “racial profiling” o sesgo de detención en base a la raza.

Intervención exterior

Biden es un valedor del multilateralismo, muy en la onda del ex presidente Obama, bajo la idea de que Estados Unidos debería volver a ser la potencia líder en las cuestiones diplomáticas en todo el mundo. Si durante estos años Trump ha optado por un posicionamiento aislacionista, con gestos como el de amenazar con retraerse de la OTAN, la apuesta del demócrata la contraria. Como vicepresidente estuvo a favor de todas las intervenciones que se hicieron en el exterior, incluido el uso de ataques con aviones no tripulados y las incursiones de las fuerzas especiales, y antes de eso presidió el comité de Relaciones Exteriores que examinó y validó las pruebas falsas sobre las armas de destrucción masiva de Sadam Husein.

En estos años Trump ha reducido la presencia militar en Siria, Irak y Afganistán. Biden no tiene intención de sacar por completo los campamentos estadounidenses en suelo afgano, y ha dicho que mantendrá allí a los en torno a 1.500 y 2.000 soldados desplazados que aún no habían sido replegados por el anterior presidente. En su última votación Kamala Harris se posicionó en contra de reducir el presupuesto militar anual en un 10%, pese a que después dijo que estaba a favor de las reducciones presupuestarias.

En cuanto a China, y a diferencia de la mayor parte del panorama internacional, el país no ha hecho aún declaraciones institucionales de felicitación al candidato ganador. Se cree que la nueva administración abandonará la vía de la guerra tarifaria, menos fructífera que un posible restablecimiento de los lazos transatlánticos para presionar como grupo a Xi Jinping y poder imponer mejores condiciones comerciales dentro y fuera del país.

Crimen y justicia

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Como presidente del Comité Judicial del Senado a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, Biden fue el legislador más influyente en el Congreso que dirigía la política de justicia penal. Se considera que su carrera ha estado muy cimentada por sus relaciones con los sindicatos policiales, quienes casi siempre apoyaron públicamente sus campañas.

Durante 15 años y partiendo de 1991 intentó que se aprobase el proyecto de ley de la Declaración de Derechos de los Oficiales de Policía. Ésta, según la versión del demócrata, era una legislación que fomentaría la estabilidad laboral entre los agentes, pero también hubiese supuesto que se volviese un poco más difícil llevar a cabo investigaciones internas por actuaciones indebidas de los acusados, tanto en el terreno civil como, según algunos expertos, en el penal.

El episodio más compartido por sus críticos es su respaldo a la Ley de Control de Delitos Violentos y Fuerzas del Orden de 1994, que sí salió adelante y que puso el acento en la financiación de los presidios y el aparato policial más que en los programas de reinserción.

Fue entonces especialmente firme en su crítica a la delincuencia, diciendo que le daba igual cuál fuese el desestructurado pasado de los jóvenes criminales y defendiendo que habría que sacar a los tipos peligrosos de las calles. El efecto provocado fue que los delitos cayeron en un 33% pero aumentó el encarcelamiento, especialmente entre los grupos de minorías raciales, cuya reclusión es desproporcionadamente alta. Junto con El Salvador, EE.UU. tiene la mayor tasa de personas en prisión del mundo.

A pesar del cambio de clima político provocado por el movimiento Black Lives Matter, el candidato sigue sin retractarse de su postura de aquellos años. Al respecto de la propuesta de los demócratas más progresistas de retirar fondos de la policía, como también se pide por el lado de la inmigración para los agentes del control de inmigración ICE, él está en contra, aunque apoya una reforma de ambos cuerpos y programas para educar en antirracismo.

Es también en este ámbito donde se encuentra la mayor parte del pasado de Kamala Harris. Trabajó primero como fiscal de distrito de San Francisco entre 2004 y 2011 y después como fiscal general de California hasta 2017 antes de entrar al Senado. Sus motes durante ese tiempo dan fe de las dos facetas que caracterizaron su trabajo: “la fiscal progresista” y “top cop”.

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Por ejemplo, cuando entró en San Francisco sustituyó a un fiscal que se consideraba que tenía una tasa baja de condenas y ella subió esta media. Se opuso en al menos dos sonadas ocasiones a las investigaciones de policías sospechosos de haber cometido homicidios imprudentes durante su desempeño policial y se considera que falló a favor del encarcelamiento de dos personas cuyo proceso fue injusto y favorable al aparato judicial. También espoleó una legislación que criminalizaba a los padres de los hijos que incurriesen en absentismo escolar continuado. Apeló una sentencia que dictaminó que la pena de muerte era inconstitucional en el condado de Orange. Ya en esta última década no ha votado a favor (tampoco en contra) de propuestas de rebajas penales entre menores de edad, se ha manifestado en contra de descriminalizar la posesión de marihuana y de obligar a los agentes policiales a usar cámaras corporales.

A estas labores conservadoras se le suman un número similar de acciones progresistas en el presente y en el pasado, como respaldar investigaciones internas de departamentos judiciales, oponerse a que se le aplicase la pena de muerte al asesino de un oficial de policía (hecho que le granjeó una dura oposición policial y republicana) y llevó a cabo proyectos de reinserción de jóvenes y personas negras, entre otros. Demasiado reformista para unos, en excesiva connivencia con el aparato del orden para otros.

Inmmigración

La administración Obama, en la que Biden desempeñó como hemos dicho un rol crucial, ostenta el récord de inmigrantes indocumentados expulsados del país, 2.7 millones de personas en siete años. En ese tiempo el vicepresidente fue el responsable de aprobar una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras para que estos países evitasen en origen los desplazamientos de sus ciudadanos al país del norte.

En los planes de Biden está terminar con la separación de menores y padres inmigrantes en la frontera (las famosas imágenes de niños en jaulas), quiere reestablecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y reformar el sistema de asilo para que sea un poco más permisivo, especialmente con los perseguidos por el narcotráfico.

En cuanto a la inmigración convencional, quiere facilitar y flexibilizar los visados de trabajadores de baja cualificación temporales y endurecer las condiciones para la inmigración permanente de altos estudios, lo que se cree que dificultará la contratación de talento en el exterior.

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