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Los extraños argumentos de la industria contra el agua del grifo por ley en los restaurantes

Los extraños argumentos de la industria contra el agua del grifo por ley en los restaurantes
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Ha comenzado: la OCU ha recogido el guante iniciado en diversas regiones del país y ha lanzado una campaña a gran escala en toda España para promover el consumo de agua del grifo en los restaurantes. Pídela, reclama la organización de consumidores a los clientes; sírvela, exige a los restauradores. Hasta ahora la práctica es minoritaria, como las estadísticas de País Vasco y otras comunidades sugieren, y el agua embotellada sigue reinando. Pero podría cambiar.

¿Por qué? Por un lado, porque el agua del grifo es gratis. Exceptuando aquellas cartas que la incluyan en su listado de precios, los hosteleros no pueden cobrarla a sus clientes. Al contrario que el agua embotellada, un producto paradójicamente caro si pensamos en el residual valor del agua corriente, las jarras de aguas servidas del grifo suponen un ahorro económico atractivo para los comensales. En otros países como Francia es habitual que las jarras se sirvan de forma automática.

¿Qué hay de malo? Para la industria del agua embotellada la campaña de la OCU es un problema. Por el lado de los clientes, puede menguar parte de su vasto mercado: los españoles consumen más de 120 millones de litros de agua envasada al año, moviendo más de 1.000 millones de euros en el camino. Por el lado de las administraciones, la presión popular reclamando garantías para obtener agua del grifo en los bares y restaurantes puede motivar legislaciones que, como pide la OCU, les obliguen a servirla. Hasta ahora son pocas (Navarra) donde esto se regula.

La lucha. De modo que industria y opinadores contrarios a la barra libre han iniciado una campaña contraria a la de la OCU: el agua del grifo es mala. Hace algunas semanas, François-Xavier Lacroix, director general de aguas de Danone, recordaba que los comensales no saben "quién ha podido manipular" las jarras de agua que llegan a las mesas y que "si el agua ya se ofrece de antemano, [los clientes] piden otras bebidas y no se la beben". Similar arco argumental traza Benito Arruñada, catedrático de la Pompeu Fabra: pediríamos por pedir y desperdiciaríamos agua.

Lacroix, además, añade: "Si el agua se ve como algo gratuito sin interés ni sofisticación, toda la categoría agua cae, y da más espacio a los productos que pueden ofrecer una experiencia de consumo más atractiva pero son menos sanos". Es decir, desprestigiar el agua sirviendo la del grifo nos empujaría a consumir bebidas alcohólicas o azucaradas. A esto podemos añadir los teóricos costes para los restaurantes: el agua del grifo cuesta dinero, aunque se sirva gratis.

¿Será así? Cabe dudar de algunos argumentos. Por ejemplo, el coste: como se indica aquí, el precio del agua en España es bajo. 1.000 litros cuestan alrededor de 1,66€, lo que deja la jarra común y corriente en los poco onerosos 0,0016 euros (un gasto que quedaría amortizado por la propia presencia de los comensales). Sobre el derroche de agua, es algo que virtualmente ya podría suceder: el agua del baño es gratis. No parece preocuparle a los hosteleros. Cuesta creer que los clientes acudan a los restaurantes a beber agua por vicio.

¿Y qué hay de la manipulación profesional o de la calidad del agua? Diversos estudios han ilustrado en numerosas ocasiones que, al margen del sabor, no hay motivos para pensar que el agua embotellada sea más saludable que la del grifo. El paralelismo de Lacroix sobre las bebidas menos saludables también parece forzado: asume que los humanos beben agua porque cuenta con cierto valor añadido abstracto, no por necesidad. El agua no es cava.

El futuro. La cuestión es si las administraciones recogerán el guante de la OCU o si lo harán los propios hosteleros. Las experiencias más reseñables apuntan a caminos divergentes. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat se negó a incluir una obligatoriedad legal para los restaurantes. En País Vasco la iniciativa, sin marco legal, fue recibida positivamente. Ciudades como Zaragoza o Córdoba han hecho lo propio desde el ayuntamiento. Si miramos a Europa o a América, una regulación en la materia no es tan extraña. Algunos países ya cuentan con legislación al respecto.

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