Tres años e innumerables escándalos después, Donald J. Trump afronta un proceso de impeachment. El origen inmediato de la investigación se remonta a una conversación telefónica mantenida con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y filtrada por una fuente anónima a los medios de comunicación. En ella, Trump habría amenazado con paralizar la ayuda militar y económica de Estados Unidos si el gobierno de Zelensky no iniciaba una investigación sobre los negocios de Joe Biden, ex-vicepresidente estadounidense y candidato demócrata a las próximas elecciones, y su hijo en Ucrania. Un chantaje, en suma, para torpedear a un político rival.
Hasta aquí, un turbulento día más en la muy turbulenta presidencia de Donald Trump. Lo extraordinario ha llegado por el lado de la oposición. Nancy Pelosi, speaker de la Cámara de Representantes y a la sazón cargo demócrata con más peso dentro del partido, anunciaba hace tres días el inicio de un proceso de impeachment, el mismo que había rehusado activar durante los meses anteriores por temor a sus consecuencias entre el electorado. A un año de las elecciones presidenciales, sin embargo, el Partido Demócrata ha tomado una decisión trascendental que, de culminar con éxito, podría acabar con la destitución de Trump.
¿Cómo y por qué? Para entenderlo mejor, un breve repaso a sus implicaciones.
¿Qué es un impeachment?
El impeachment es un procedimiento privativo de los sistemas presidencialistas. En las democracias parlamentarias, la destitución de un ministro o del presidente del gobierno no reviste connotaciones judiciales o penales. Los gobiernos caen por desacuerdos legislativos o por estrategia política. En los sistemas presidencialistas la posición del presidente, cabeza del Estado, está blindada, y sólo queda a disposición del electorado cada cuatro o cinco años... Salvo circunstancias que requieran de una intervención excepcional por parte del parlamento. Es el camino que ha tomado Estados Unidos.
En rigor, el impeachment puede afectar a cualquier cargo de la administración estadounidense, ya sea un alto funcionario, un juez o un secretario de estado. En la práctica, la palabra ha quedado estrechamente asociada al "proceso de destitución" de un presidente electo. La constitución estadounidense, a través de sus artículos I y II, consagra a la Cámara de Representantes el derecho de expulsar de la Casa Blanca a cualquier presidente que incurra en actos de "traición, soborno y otros altos crímenes o delitos". Es decir, no es un proceso exclusivamente político. Se activa cuando una figura presidencial se ha colocado por encima de la ley.
Es un contrapeso. Un resorte de urgencia que permite al parlamento acotar los posibles desmanes de un presidente revestido de un poder extraordinario.
¿Cómo funciona?
Consta de tres fases, similares, aunque con diferencias críticas, a las de cualquier proceso judicial. La primera es la de investigación o instrucción, y recae sobre el Comité Judicial de la Cámara de Representantes (House Judiciary Committe). Se trata de un órgano parlamentario dedicado a supervisar la administración judicial . Es mixto, y sus asientos se reparten en función de la composición de la cámara baja. A día de hoy cuenta con 41 representantes, 24 de ellos demócratas y 17 republicanos. Su tarea, crucial, es la de ahondar en los posibles delitos o crímenes de estado en los que haya incurrido el presidente.
Nancy Pelosi. (Jim LoScalzo/GTRES)
Cerrada la investigación, un proceso que se puede prolongar durante meses, los miembros del House Judiciary Committe deciden si los hechos analizados merecen ser elevados a la categoría de "cargos", y si el presidente debe ser enjuiciado por ellos. Si la votación es exitosa, la relación de cargos pasa a la Cámara de Representantes en su conjunto, quien a su vez debe decidir, por medio de una mayoría simple, si acusa oficialmente al presidente de haber quebrantado la ley. Hasta aquí, la cámara baja funciona como una suerte de Fiscalía. Investiga y acusa. Pero no sentencia.
La última fase recae sobre el Senado. Si la votación en la Cámara de Representantes triunfa, el presidente queda formalmente acusado. Cuestión distinta es que sea condenado por ello. El Senado ejerce de tribunal. La acusación, en este caso los senadores contrarios a la causa del presidente, presentan sus acusaciones y argumentan a favor de su condena. La defensa, sus partidarios políticos, hace lo contrario. En última instancia, la culpabilidad o inocencia del presidente se somete a votación. Si obtiene una mayoría cualificada, de dos tercios, pierde su puesto. Si es contraria, lo conserva.
Es importante en todo momento entender el carácter político del impeachment. La terminología, los ritmos y la naturaleza del proceso mimetizan al de la judicatura, pero en última instancia el presidente afronta una condena política, no penal. Hay un elemento legal, en cuando la acusación rota en torno a delitos vagamente definidos, pero la lógica política y partidista tiene un peso más importante a la hora de definir el resultado final del procedimiento.
¿Hay precedentes?
Sí. Tres, todos ellos con poca relación entre sí.
El primero se remonta a 1868, cuando la Cámara de Representantes presentó once cargos contra Andrew Johnson. El parlamento le acusaba de haberse extralimitado en su ejercicio del poder y de mostrar una actitud indigna del presidente de los Estados Unidos, todo ello en el voluptuoso contexto de los años de la Reconstrucción, tras la Guerra Civil. Mantuvo su cargo. El Senado no halló nada punible y lo absolvió.
Clinton, el último presidente que afrontó un "impeachment". (Pontus Höök/TT)
El segundo jamás llegó a buen puerto, pero sí provocó la salida del presidente de la Casa Blanca. Su protagonista fue Richard Nixon, y el catalizador, como cabe imaginar, el escándalo del Watergate. Se trata de un caso interesante. Cuando la oposición demócrata inició el proceso de impeachment tanto las tasas de aprobación de Nixon como la oposición popular al procedimiento eran altas. Conforme las investigaciones avanzaron y los tejemanejes del gobierno fueron publicados, la opinión pública cambió. La presión mediática resultó tan inostenible que Nixon decidió dimitir antes de afrontar el juicio del Senado.
El tercero es el más reciente. En 1998, la Cámara de Representantes acusó formalmente a Bill Clinton de obstrucción a la justicia y perjurio, en el contexto del escándalo Lewinsky. Clinton había negado inicialmente haber mantenido relaciones sexuales con su becaria, un testimonio que modificaría más adelante. Newt Gingrich, speaker republicano en la Cámara de Representantes, aprovechó la coyuntura para sacar rédito político. El procedimiento superó la cámara baja, pero se estrelló en el Senado al requerir de una mayoría de dos tercios.
¿Puede triunfar esta vez?
Sí y no.
Estados Unidos vive un clima de extrema polarización política. Hay pocas cuestiones que crucen la línea partisana, pocas políticas que tiendan puentes y susciten cierto grado de acuerdo entre votantes y políticos demócratas o republicanas. Trump es una de ellas. Su valoración pública se ha mantenido estable durante sus tres años de presidencia, en parte, por la obstinación del votante republicano. No hay escándalo o decisión del presidente lo suficientemente grave como para que su electorado lo considere punible. El desencanto que provoca el rival es más profundo que cualquier "cargo" que se pueda elevar contra un político propio.
Esta lógica se aplica también a la Cámara de los Representantes. Trump es un político extremadamente discutido entre el Partido Republicano, pero ningún representante conservador está dispuesto a sacrificar su valoración pública alineándose con el Partido Demócrata. Se trataría de una jugada arriesgada. En ese sentido, el impeachment tiene tanto recorrido como mayorías el Partido Demócrata en las dos cámaras. El Comité Judicial podría elevar cargos y causas de impeachment contra Trump. La Cámara de los Representantes podría aceptarlas, aprobarlas y acusar oficialmente al presidente de ciertos "misdemeanors".
La cuestión es que sólo en escenarios muy remotos podría obtener una mayoría de dos tercios en el Senado. La cámara alta está en poder del Partido Republicano, y su speaker, Mitch McConnell, controla la agenda y los temas que se introducen a debate. No es descartable que, pese a los esfuerzos de Pelosi, bloquee el impeachment antes siquiera de entrar en el Senado. Y aún dentro, los demócratas no sólo tendrían que conseguir que algunos republicanos apoyaran su causa, sino que hasta dos tercios de la cámara se sumaran al proceso de destitución.
Trump y el presidente de Ucrania. (Evan Vucci/AP)
Es harto improbable.
¿Entonces es una causa perdida? No. Como ilustra el ejemplo de Richard Nixon, una vez se abre el proceso de impeachment la popularidad del presidente puede venirse abajo. Votantes o políticos antaño reacios a destituir a su presidente pueden cambiar de opinión si las revelaciones de la investigación son lo suficientemente sólidas y escandalosas. En ese sentido, la conversación entre Trump y el presidente de Ucrania sólo es la punta de lanza. Las revelaciones de Mueller y la posible colisión con el gobierno ruso en el contexto de las elecciones de 2016 representan una causa mucho más grande y estructural, una que podría incluirse en el procedimiento.
Es decir, los demócratas pueden utilizar el impeachment como herramienta para demoler la popularidad de Trump, deslegitimarle lo suficiente como para erosionar su base electoral. Y dentro de un año, ganarle las elecciones. Por eso el proceso, como sucediera en 1998, tiene más tonalidades políticas que estrictamente legales. Lo importante no es tanto el destino, la destitución o no de Trump, como el rédito político que unos y otros obtengan en el camino. Y el Partido Demócrata es muy consciente de ello.
