Trollear en Internet, pena de cárcel: Reino Unido lleva al extremo su Ley de Seguridad Online

Trollear en Internet, pena de cárcel: Reino Unido lleva al extremo su Ley de Seguridad Online
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La moderación del contenido online es uno de los grandes retos de nuestra era. Las redes sociales no descansan a la hora de eliminar las publicaciones que rompen sus reglas. Y tienen que hacerlo lo suficientemente rápido para que no les critiquen por permitirlas. Pero a la vez, tienen que hacerlo con la suficiente precisión para que tampoco les critiquen por borrar contenido "aceptado" y les acusen de censura. En 2019, el gobierno del Reino Unido anunció un plan para arreglar las cosas: la Ley de Seguridad Online. Una manera para llegar a esos rincones donde hasta ahora sólo las tecnológicas tenían poder de actuación. Para bien del público, para mal de los trolls.

¿Deberían las personas que causan "daño psicológico" en Internet enfrentar una sentencia de prisión? El proyecto de Ley ahora dice que sí.

La ley. Los ministros británicos ya están revisando sus leyes de comunicación para crear nuevos delitos en el próximo Proyecto de Ley de Seguridad Online, la legislación insignia para combatir el abuso y el odio en Internet. Las consecuencias penales no sólo se darán en casos de mensajes que contienen contenido "indecente" o "extremadamente ofensivo", que es la base actual para evaluar su criminalidad.

Si no que se tendrán en cuenta los "efectos dañinos" y "posibles daños psicológicos". Sí, los trolls podrían enfrentar dos años de prisión por enviar mensajes o publicar contenido que cause un perjuicio psicológico a alguien, según la nueva legislación.

¿En qué consiste? Es parte de un plan más grande que entregará nuevos deberes y responsabilidades en las plataformas online que todos conocemos. También se incluirán delitos como el de "comunicaciones amenazadoras", que tendrá como objetivo los mensajes y publicaciones en las redes sociales que contengan amenazas de daños graves. O el de "comunicación deliberadamente falsa", que penalizará a quienes envíen o publiquen un mensaje que saben que es falso con la intención de causar "daño emocional, psicológico o físico a la posible audiencia".

¿Ejemplos? Bulos antivacunas que difunden información falsa o los llamados pile-ons, en los que varias personas se unen a otras para enviar mensajes de acoso a una víctima. Adiós al trolleo masivo. Un portavoz del gobierno lo resumía así: "Estamos adaptando nuestras leyes a la era digital. Nuestro amplio proyecto de ley hará que las empresas de tecnología sean responsables de la seguridad de las personas".

Viene de lejos. La Asociación de Fútbol británica está instando a los jugadores a utilizar nuevas herramientas de redes sociales para protegerse del acoso online. Lo hemos contado en Magnet. Y, tras el asesinato del político Sir David Amess y un arresto después de que a otro diputado se le enviara por correo electrónico una amenaza de muerte, figuras importantes en Westminster ya están denunciando los abusos dirigidos contra los políticos a través de Internet.

¿Qué es la Ley de seguridad Online? Una manera de introducir responsabilidades y deberes a las empresas para mantener seguros a sus usuarios. Cubre material que ya es ilegal según la ley inglesa (como imágenes de abuso infantil), así como material que se considera legal pero dañino. También se exigirá a las empresas de tecnología que protejan los derechos de sus usuarios a la libertad de expresión y la privacidad. ¿Cómo se lleva a cabo una misión de tal magnitud? La forma en que estas empresas cumplen con la ley será supervisada por Ofcom, que se convertirá en el regulador de seguridad online.

El debate en España. En nuestro país, la conversación llegó a la agenda hace unos días cuando el Partido Popular mostró su apoyo por acabar con el anonimato en Internet presentando una proposición de ley para obligar a las plataformas que sustentan las redes sociales a identificar a todos los que se den de alta con el DNI. Esto es modificando la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico e incluir un artículo sobre el deber de identificación'. "Los prestadores de servicios de intermediación que albergan datos proporcionados por el destinatario del servicio estarán obligados a la identificación de sus perfiles y sus cuentas a través del Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de la identidad".

Una medida que ha suscitado el rechazo de quienes consideran que la iniciativa es el "enésimo" intento de recortar las libertades en Internet, y un ataque "muy grave" contra los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica. Y "absurda", básicamente porque todas las cuentas en la red van asociadas a una dirección IP que permite identificar el ordenador y el sitio físico desde el que se transmite información, y ya son fácilmente detectables. Pese a la defensa de un sector de políticos que sigue haciendo campaña a favor de la medida.

¿Cuál es el problema de la Ley británica? Que la definición de contenido "legal pero nocivo" no está clara. Si bien este comportamiento puede no constituir un delito, puede tener efectos corrosivos y dañinos, creando entornos online tóxicos y afectando negativamente la capacidad de los usuarios para expresarse en Internet. Esto es una preocupación tanto para las empresas de tecnología que dicen que saben que necesitarán censurar como para los defensores de la libertad de expresión. El ministro británico Davis Davis criticaba hace unos días el proyecto de ley como "un buen ejemplo de las mejores intenciones que conducen a los peores resultados" y advirtió que, como resultado, será "un estatuto de censura".

Advirtió que, dado que la ley está respaldada por multas que pueden llegar a miles de millones de libras para las empresas que no aborden este contenido, pecarán de cautelosas.

Limitar la libertad de actuación. Algunos advierten que la nueva ley podría incluso socavar la independencia de Ofcom, que aunque sea un órgano respetado internacionalmente, existe la preocupación de que esta independencia pueda ser cuestionada como resultado de los poderes otorgados al Secretario de Estado por el Proyecto de Ley. Ofcom actualmente establece sus propios estándares, con los objetivos que esos estándares deben cumplir acordados por el parlamento, y el gobierno no puede ordenar a Ofcom que apunte a determinados tipos de contenido.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Seguridad Online cambiará eso. La organización Carnegie Trust ha advertido que la norma otorga al Secretario de Estado "poderes relativamente ilimitados" para establecer prioridades estratégicas y ordenar a Ofcom que haga enmiendas a sus códigos para reflejar la política del gobierno. Y señalan que aún "no se ha explicado por qué el Secretario de Estado necesita estos poderes".

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