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El Dieselgate ya ha servido para algo bueno: en Alemania va a financiar el transporte público gratuito

El Dieselgate ya ha servido para algo bueno: en Alemania va a financiar el transporte público gratuito
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Primero, un sociedad cada vez más dispuesta a actuar de forma ecológica; segundo, la perspectiva de una sanción económica de miles de millones de euros por incumplir los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea; tercero y último, la vergüenza nacional ostentada desde hace un par de años de saber que al menos una gran compañía del automóvil (la todopoderosa industria del país) ha estado vendiendo coches con niveles de emisiones falseados.

Sí, el Gobierno alemán ha decidido dar un contundente paso adelante en su misión por limitar la contaminación. Como han explicado varios ministros del país en una carta firmada y enviada a la Comisión Europea, su propuesta, que será puesta en marcha de forma experimental y antes de que finalice este 2018, se llevará a cabo en cinco ciudades altamente industrializadas y afectadas por una grave toxicidad ambiental: Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim y Herrenberg. Moverse ahora por la ciudad no tendría coste para los residentes.

Aunque el objetivo inicial era extender la medida a todas las ciudades altamente contaminantes, el Gobierno se terminó retractando y su aplicación será voluntaria, aprobada o rechazada individualmente por los gobernadores de cada municipio. Según la Comisión Europea, el dióxido de nitrógeno y otras micropartículas contaminantes son una amenaza mortal y directa para los ciudadanos de más de 130 ciudades europeas. Vienen causando unas 400.000 muertes anuales en el continente y al menos 20 millones de gasto sanitario dentro de la UE. Alemania, el país más poblado de la Unión, era un firme candidato para llevarlo a cabo.

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¿Y quién va a pagar la fiesta? Obviamente una parte importante de la financiación la tendrán que llevar a cabo las arcas públicas (y así lo prevén a largo plazo), pero titanes de la industria automovilística como BMW, Daimler (el grupo de Mercedes-Benz) y Volkswagen tendrán que inyectar entre 250 y 1.000 millones de euros para mejorar las redes de transporte locales.

Es otra condición más que se le impone a la industria que está pasando por un momento de crisis o urgente transformación, dependiendo de cómo quiera verse.

Ha sido siempre el emblema y orgullo de la nación y la actividad que da empleo directo a más de 800.000 alemanes. Después del escándalo de 2015, el poder de la industria ha ido dejando paso al poder electoral que supone ya promover movidas para gravar al sector y prohibir los diesel. Primero fueron los pagos de sanciones por los 11 millones de vehículos contaminantes que sus software habían puesto en circulación. Después, los Tribunales de Stuttgart llevaron adelante la prohibición de circulación de coches diésel en toda la ciudad.

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El futuro gobierno socialdemócrata no se lo va a poner más fácil que lo que lo tiene ahora, y las grandes firmas se han comprometido a invertir una mayor parte de sus beneficios en la investigación de los coches eléctricos y promover la compra de coches no contaminantes con premios en efectivo para los propietarios de vehículos desfasados.

De todas formas, la medida que nos ocupa no será tan costosa como podría suponer para otras naciones contaminantes de primer orden. El abono mensual berlinés viene a costar una media de 77 euros, mientras que un madrileño paga entre 55 y 72 euros (piensa también en la diferencia de renta), un neoyorkino unos 92 y un londinense algo cercano a los 160.

Los coches contaminan. Los buses, también

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Algo que tal vez pueda sorprender es que dentro de este paquete de medidas es que no sólo se incluyan penalizaciones a los coches particulares, sino también a taxis y… buses movidos por combustibles fósiles. Este tipo de vehículos colectivos desaparece de la lista de transportes óptimos y lo sustituyen buses eléctricos o híbridos, tranvías y el metro, a día de hoy el transporte ecológicamente más atractivo dentro de las ciudades.

Como recogimos previamente, ya hay otras ciudades que han probado los efectos del transporte gratuito. La lección de Tallín fue que, si el objetivo era sacar a la gente de sus coches, la gratuidad no es la mejor medida. La gente utiliza el coche propio por comodidad y libertad, de ahí que sanciones económicas a los usuarios de estos vehículos sean medidas más efectivas. Lo que sí lograron fue que las zonas más empobrecidas captasen más usuarios y se precipitasen las solicitudes de empadronamiento para acogerse al descuento.

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