Durante la pasada legislatura se atascó la creación de una Ley de Igualdad LGTBI. Aunque los principales partidos de la futura investidura parecen estar de acuerdo en la creación de la misma podría no lograrse por los conflictos legales, ideológicos y sociales que está suscitando. Este es el caso del Partido Feminista de España.
¿Partido Feminista de España?
Sí, existe. Desde 1978 e incluso para sorpresa de personas que llevan décadas militando en el movimiento. Lo dirige la reconocida jurista, activista y escritora Lidia Falcón. Según su página web, este partido marxista-feminista ha tenido dos congresos en toda su historia (uno en 1978, con 80 asistentes, y otro en 2015 sin llegar a una decena de personas) y desde hace cuatro años es una más de las minoritarias confluencias que integran Izquierda Unida, como también lo son el Partido Proverista o el Comunista.
La inactividad o irrelevancia pública ha caracterizado a este partido siempre presidido por Falcón. Hasta ahora. Hace dos semanas publicaron un manifiesto con comentarios como los que siguen:
- Que “el lobby gay y sus acólitos" quieren "imponer en la sociedad el discurso queer, con las consecuencias nefastas de lograr la legalización de los vientres de alquiler”.
- Que existe “toda una campaña organizada y financiada” para que los menores de edad puedan transicionar.
- Que el movimiento trans sirve para “Invisibilizar a las mujeres” y es un “arma ideológica posmoderna del patriarcado y trans la rama más productiva del neoliberalismo que lo mismo sirve para defender el negocio de la prostitución que el de farmacéuticas y salud”.
- Y mucho más, como por ejemplo, insistir en llamar “niño” a Elsa, la niña trans de 8 años que dio recientemente un breve discurso en el Parlamento de Extremadura. Falcón llegó incluso a decir que llevaría a los padres de Elsa ante el Defensor del Menor “por falta de protección psicológica de este menor”.
Se trata de un discurso que se enmarca dentro del llamado Feminismo Radical Trans Excluyente o TERF, del que ya hablamos aquí, y que considera que el único sujeto que debería contemplar la lucha feminista es el de las mujeres biológicamente asignadas como tal.
El rechazo público de la izquierda
Si se ha conocido ahora la existencia de este partido ha sido gracias a su cuenta de Twitter, espacio desde el que llevan días proclamando que “las mujeres con barba” están forzando una “distopía” sobre las mujeres y que la Ley Trans provocaría que “en España vivamos la pesadilla de las inglesas obligadas a compartir los váteres con trans que ni siquiera se han operado”.
La respuesta por parte de los grupos en apoyo al colectivo trans no se ha hecho esperar, tanto dentro de la red como fuera de ella. La Federación Plataforma Trans, que agrupa al 80% de las entidades de este colectivo, ha presentado una denuncia por delitos de odio ante la Fiscalía.
Hasta ahora Lidia Falcón había sido considerada una importante figura dentro del movimiento. Hace no mucho Pablo Iglesias la entrevistó para Otra vuelta de Tuerka y la elogiaba entonces como figura histórica. Ahora Izquierda Unida acaba de lanzar un comunidado donde se desmarca de los comentarios del Partido Feminista e instan al mismo a rectificar, después de que 1.500 afiliados firmasen un documento pidiendo a la cúpula que se les expulsase por sus mensajes tránsfobos, contrarios al espíritu del Área de Libertad de Expresión Afectivo- Sexual LGTBI, que existe dentro de IU.
¿Y tiene razón el Partido Feminista en sus demandas?
Sentimientos de rechazo a los individuos trans aparte, el núcleo discursivo de sus críticas se resume en tres puntos: a) que los movimientos trans quieren acabar con la categoría de mujer; b) que las leyes de transición trans demasiado laxas desprotegen al menor y le crean problemas físicos y psíquicos en una etapa en la que aún no tiene clara su identidad; c) que las leyes trans son la puerta de entrada de opresiones a las mujeres, como por ejemplo la legalización de la trata de mujeres por la vía de la gestación subrogada.
Sobre la categoría de mujer, y como también comentaron en la ponencia de la Escuela Feminista Rosario de Acuña en Gijón, se refieren a que los textos legales borrarán las categorías mujer, padre o madre de espacios como el Registro Civil, y que las madres pasarán a llamarse "personas gestantes". Este cambio en la terminología, dicen, erosiona el concepto "mujer" y hace que no se entienda la opresión específica sufrida por este grupo.
Esta molestia entronca mucho con la segunda, que es la de la supuesta protección de los menores que desean transicionar. La esencia TERF dictamina que a día de hoy no está claro que las personas trans vivan una condición o un problema psicológico. Sin embargo en 2018 la OMS sacó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, como ya lo hizo en 1990 con la homosexualidad.
La propuesta de transición hormonal (que no quirúrgica, que es aún más estricta) que proclama Podemos, el grupo más favorable con el colectivo LGTBI, pedía que se pudiese estudiar la transición a menores a partir de 12 años con el consentimiento de los padres, y que de no estarlo estos serán los médicos los que ejerzan el tutelaje hasta los 16, momento a partir del cual ya en toda España las personas pueden decidir sobre la mayoría de aspectos de su propia salud.
Muy disputadas son las cifras de arrepentimiento de personas que han transicionado (y que no necesariamente lleva aparejado un cambio quirúrgico pero sí al menos de expresión de género), con cifras que van desde el 63% de las personas menores de 20 años a un 0.3% de los que se han operado, citando como principal causa en casi todos los estudios la dificultad de integrarse en una sociedad que les rechaza y no la confusión sobre su identidad.
La propuesta de ley trans está basada en un texto anterior de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), aunque ha ido modificándose sobre todo por la discrepancia de fuentes del PSOE. La FELGTB aglutina a 48 asociaciones trans de todo el país, y sus representantes reconocen que no hay consenso en su postura ante la gestacíon subrogada o vientres de alquiler, pero dicen que no tomarán posiciones porque “no es un tema exclusivamente del colectivo LGTBI”. El último borrador, eso sí, habla del "derecho de filiación" según recogen en El Salto.
