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La Seguridad Social está en quiebra, ¿y ahora qué? Así plantean empresas y políticos solucionarlo

La Seguridad Social está en quiebra, ¿y ahora qué? Así plantean empresas y políticos solucionarlo
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Ahora que tenemos vuestra atención, vamos con ello. La noticia de estos días es la publicación del Tribunal de Cuentas de un informe sobre el estado económico de nuestra Tesorería General de la Seguridad Social. En resumen, este ente público ha perdido 100.000 millones entre 2010 y 2017, y las últimas cuentas, las de ese mismo año, arrojaban un patrimonio neto negativo de 13.720 millones de euros. 

Los números de la Seguridad Social

Es la primera vez que la TGSS está en "números rojos", pero no es porque sea el primer año con esas brutales pérdidas (en realidad la SS ha ido obteniendo saldos negativos anuales de unos 14.000 millones de euros en la última década), sino que se ha debido a un fallo en las previsiones de ingresos de aquel año y a que ya se ha finiquitado del todo el Fondo de Reserva.

El Mundo ha titulado con ello y en su texto ha incluido la idea de “quiebra técnica”. Muchos medios se han apuntado al uso de la expresión. Por eso mismo el propio Tribunal de Cuentas ha hecho un comunicado bajando los humos. No hay por qué alarmarse, el Estado no va a dejar de pagar las pensiones mañana porque la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada.

Eso sí, el propio organismo dice que se trata de una cuestión grave y urgente, y sugieren que el Gobierno de “financiación estatal” mediante “transferencias a la Administración General del Estado”, es decir, recortando gastos de otras partidas internas. 

Lo que no quieren, advierten, es más préstamos. Tanto Rajoy como Sánchez han pedido préstamos en los dos últimos años, haciendo que la deuda pase de los 20.000 millones que ha tenido de forma sostenida en las últimas dos décadas a los 40.000 millones al término de 2019, lo que no soluciona el conflicto de fondo y agrava el necesario saneamiento estructural.

Cómo funciona la Seguridad Social

Para quien no lo conozca, la Tesorería General de la Seguridad Social es un ente público con personalidad jurídica propia. Sus gastos son, principalmente, pensiones (contributivas y no contributivas), bajas por enfermedad y maternidad e incapacidad e invalidez en el trabajo. 

Sus ingresos proceden de los Presupuestos Generales, y derivan del IRP de personas y empresas y del dinero para bajas de las mutuas. Entre sus gastos también está el mantenimiento de este mismo organismo, y una parte de ingresos procede directamente de ingresos patrimoniales y financieros de los recursos de este ente público.

Es decir, y por resumirlo mucho, la Seguridad Social paga pensiones y bajas y su financiación viene a cargo de las cotizaciones en la seguridad social y vía Presupuestos del Estado. El famoso Pacto de Toledo estableció que se establecieran estas fuentes de financiación para estos gastos sociales, y buscaban garantizar una jubilación digna.

¿Y por qué pasa esto si España va bien?

Ahí están los datos de empleo en junio de este mismo año: los afiliados a la seguridad social crecieron en 211.752, un nuevo máximo histórico. Llevamos cinco años creando empleo y sacando a población del paro. ¿Qué ocurre entonces? 

Muy sencillo. Por un lado cada vez hay más pensionistas, con pensiones más cuantiosas, y va a ir a más con la llegada a la edad dorada de los baby boomers. Segundo: nuestro empleo es parcial, temporal y de mala calidad, lo que hace que las cotizaciones de la ciudadanía sean inferiores a las que teníamos antes de la crisis.

Lo que el Gobierno dice que ha hecho y hará

Como comentábamos, el informe refleja la mala evolución del sistema durante una década y hasta 2017, antes de la llegada del PSOE. A eso se aferran los socialistas para afirmar que los informes del Tribunal de Cuentas de 2018 y 2019 serán más positivos por medidas del nuevo Gobierno. 

Según ellos, la subida del salario mínimo a 900 “ha supuesto un alza del 22,3% en las bases mínimas de cotización”, lo que se valoraría en miles de millones extra, aunque aún no hay informes claros sobre los efectos de la subida en la economía. El PSOE también subió un 7% en las bases máximas de cotización, y estiman que aportará “algo más de 1.100 millones por ejercicio”. El incremento del 11% en cotizaciones vía creación de empleo también podrá tener unos modestos efectos.

En el terreno futuro, aseguran que la Seguridad Social podría ingresar otros 3.500 millones de euros con más creación de empleo, aunque es el tipo de previsión con peores resultados que los previstos (por ejemplo, las cotizaciones sociales crecieron un decepcionante 2,8%, frente al 6,7% presupuestado por el Gobierno de Rajoy en 2015).

También se comprometen a implantar la Tasa Tobin a las transacciones financieras y un tributo específico sobre los beneficios de la banca del 8% que aportarían, según ellos, 2.745 millones de euros más, aunque no están claros los efectos económicos negativos de estas tasas. Como vemos, y a ojímetro, todo ello en el escenario más positivo todo ello supondría una inyección de 9.000 millones de euros extra al año... para una hucha que está perdiendo unos 18.000 millones de euros anuales. Y es posible que se venga una nueva “desaceleración económica”. Es decir, que ni de lejos dan las cuentas.

Lo que proponen otros partidos

Como ya comentamos, el debate sobre el Pacto de Toledo y las pensiones iba a ser el gran problema electoral del actual ejercicio. Sobre la seguridad en la calidad y crecimiento de las pensiones, PSOE, Podemos se comprometen a “blindarlas” y el PP promete ir revalorizándolas sin blindaje. De distintas maneras PP, Ciudadanos y VOX están hablando de crear encajes en los que se impulsen las pensiones privadas

Los partidos de izquierdas buscan ampliar y mejorar las pensiones cubriendo esa financiación por otras vías, mayormente más presión fiscal a empresas y rentas altas (como por ejemplo subir el salario mínimo que comentábamos al principio). Los de derechas apuestan por crear medidas de impulso a la natalidad.

Y lo que dicen los informes externos

El BBVA Research propone un pack combinado. No derogar las reformas del PP (jubilación a los 67, desvincular las subidas de las pensiones al IPC), vincular la pensión mínima a la evolución de la economía, aumentar productividad, empleo y salarios, eliminar las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, promover una mayor apertura a planes privados y, sobre todo, transicionar del modelo actual a uno de cuentas individuales, donde cada cotizante se financia su propia pensión.

Fedea también pide una transición a un sistema de cuentas individuales, elevar la edad mínima de jubilación a los 63 años, establecer un factor de proporcionalidad entre la pensión y las cotizaciones efectivamente realizadas  y ampliar el número de años necesarios para obtener la pensión completa.

Por su parte, el economista Ignacio Conde Ruiz para Nadaesgratis pide  introducir el Factor de Equidad Intergeneracional (un cambio de cálculo que depende de los cambios en la esperanza de vida) y un nuevo sistema de indexación por la que la revalorización de las pensiones depende de la evolución de la economía.

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