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Escenario hipotético: el plazo de dos años marcado por el Tratado de Lisboa para asentar la salida del Reino Unido de la UE se acaba y no hay acuerdo sobre el estatus de Gibraltar, el pequeño territorio de ultramar perteneciente a la Corona británica en la Península Ibérica. España reclama la soberanía sobre el peñón, Reino Unido la reafirma y en una inflamación nacionalista ambos países se declaran la guerra.

¿Qué pasaría?

Algunos medios británicos llevan dos días teorizando sobre la posibilidad tras las declaraciones Michael Howard, ex-líder del Partido Conservador. Según Howard, Theresa May no tendría reparos en hacer lo que otra mujer hiciera en las Malvinas hace treinta años: defender los intereses de Reino Unido. Pero el símil escondía un paralelismo tenebroso y tramposo: Thatcher tuvo que recurrir al ejército para lograrlo. ¿Insinuaba Howard que May debería hacer lo propio con... España?

Los próximos meses van a ser convulsos en Europa. A las elecciones presidenciales francesas, donde Marine Le Pen y su Frente Nacional encabeza todas las encuestas, hay que sumar las holandesas, donde Geert Wilders y su Partido de la Libertad (PVV) podrían colocarse por primera vez y de forma histórica al frente de los resultados electorales. Ambos hechos serían históricos: nunca la extrema derecha ha ganado las elecciones en dos países que constituyen el corazón central de la Unión Europea.

Wilders ha regresado a los medios de comunicación por su estrambótica forma de iniciar su campaña electoral: llamando "escoria" a la población inmigrante marroquí. La frase ha provocado gestos escandalizados a un lado y miradas desvaídas a otro, siguiendo una larga tradición de declaraciones de Wilders en el que ataca de forma cruenta al Islam y a la población inmigrante de Países Bajos. ¿Pero quién es Geert Wilders, qué defiende su partido y qué aspira a hacer con Países Bajos si obtiene el gobierno?

El CETA, el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, ya está más cerca de ser una realidad. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el texto firmado con anterioridad por el gobierno de Justin Trudeau y la Comisión. Ahora, sólo resta que los parlamentos nacionales miembros de la Unión hagan lo propio. En el plazo de algunos meses, Europa y Canadá podrían estar comerciando bajo su paraguas.

La noticia ha sido recogida por los diversos grupos políticos del ambivalente modo que cabe esperar, desde la crítica a las condiciones del tratado y a la pérdida de "soberanía" por parte de la izquierda y la extrema derecha europeas, extraños compañeros de cama, hasta el aplauso unánime de los dos grandes bloques políticos del continente, los populares y los socialdemócratas. ¿Su defensa? Más riqueza con un país que "comparte" el espíritu europeo.

Puede que Eurovisión haya ocupado decenas de noticias escandalosas, a nuestra memoria vienen las imágenes de máximo nivel de cutrerío musical y estético que nos provocaron Chiquilicuatre o aquel logro de Forocoches que supuso la nominación de John Cobra. Pero este certamen ha tomado ahora un nuevo cariz, desde que se ha metido la política de por medio.

Tal vez algunas de estas informaciones hayan llegado ya a tus redes. Que si hubo empate técnico, que si los eurofans acusan a la organización de tongo y ahora la irrupción de UPYD de por medio. Aquí te dejamos las claves de lo que está ocurriendo con el mayor escándalo vivido hasta ahora en España del festival que nos raya a todos los europeos en el esperpento:

Imagina que te entregan un mapa político de Europa en blanco. Tienes la oportunidad de ordenarlo a tu gusto. ¿Por dónde empezarías?

Quizá tuvieras la tentación de dividir a los estados en función de sus lógicas coordenadas geográficas. La península ibérica quedaría unificada en un sólo estado. La itálica, también. ¿Qué hacemos con las dos islas británicas? Dos estados. Las grandes llanuras, desde París hasta Varsovia, tendrían sentido en comunidad. Los valles del Loira y del Garona también. Quizá los Cárpatos formarían una sola unidad.

Las posibilidades son infinitas, pero hay una que puede tener sentido real. Una Unión Europea ordenada en torno a estados con la misma población. 27 naciones que, millar arriba millar abajo, cuentan con idéntico volumen de ciudadanos: entre 18 y 19 millones de habitantes.

Ni un sólo mes sin su pertinente ración de dramatismo político en Gran Bretaña. Si tras la elección de Theresa May como primera ministra la salida del Reino Unido de la Unión Europea parecía definitivamente encarrilada, la justicia británica ha decidido hoy que no sea así. La Alta Corte ha dictaminado, atendiendo a una apelación previa, que el gobierno no tiene facultad ejecutiva plena para decidir el Brexit por su cuenta. O lo que es lo mismo: que debe ser una ley parlamentaria la que lo haga.

¿Qué significa esto a nivel práctico? Que los planes de May de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en la próxima primavera se pueden haber ido al garete. El gobierno ya ha anunciado que aspira a apelar la decisión judicial, pero según explican en el Financial Times, es improbable que su caso prospere. Según la Alta Corte, al afectar la salida de la Unión Europea a derechos adquiridos de los ciudadanos británicos, sólo el parlamento tiene la potestad de ejecutarla. Así que toca negociar. Ningún camino de rosas.

Todo parece de color de rosa cuando nuestros gobernantes nos hablan del TTIP (Transatlantic Trade and Ivestment Partnership), un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que pretende abrir las fronteras en el ámbito del comercio de todo tipo de mercancías. Y sin embargo hay muchas sombras en un pacto que entre otras cosas da más poder a los grandes imperios comerciales y menos a los propios gobiernos.

Las voces en contra de este acuerdo llevan tiempo escuchándose, y si hay un símbolo de esa lucha anti-TTIP, ese es el de los ya célebres chlorhühnchen, los pollos tratados con cloro que son la norma en las exportaciones Estados Unidos. En Alemania están que trinan: no quieren ni verlos en pintura en un debate que se extiende a todo el mercado alimentario. Las normas de etiquetado estadounidenses no son tan estrictas, dicen los expertos, y aunque no se ha demostrado que existan riesgos para la salud, las suspicacias aparecen por doquier.

2016 está siendo un año tan ajetreado que el Brexit, la decisión de los votantes del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, parece un vago y difuso acontecimiento del pasado. Pero sucedió, y las consecuencias en la economía y en las vidas de los británicos se han ido amontonando poco a poco. Todo ello pese a que oficialmente el gobierno británico, ahora comandado por Theresa May, aún no ha activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Lo hará en la primavera del año que viene, según lo anunciado.

Pese a ello, la salida de la Unión Europea formalizada en el referéndum sí ha supuesto un terremoto tanto económico como político en las islas. Desde la carencia de productos muy queridos y básicos en la rica dieta de los ingleses hasta amenazas veladas, una vez más, de Escocia de marcharse de la unión dado lo adverso de los resultados de la votación, Reino Unido puede rastrear, en apenas un puñado de meses, las cicatrices que el Brexit tiene en el país. Y las que, en caso de activarse la cláusula, tendrán en el futuro.

Pocos días después de que el electorado británico votara a favor de abandonar la Unión Europea, una singular iniciativa recorrió las redes sociales a velocidad de vértigo. La propuesta, canalizada a través de una recogida de firmas colectiva, planteaba la independencia de Londres del resto del Reino Unido. La idea era simple: los habitantes del Sommerset o de Birmingham podían haber votado a favor de marcharse del espacio común europeo, pero Londres, la cosmopolita y multicultural Londres, quería quedarse a toda costa.

La idea ganó cierto recorrido, e incluso fue mencionada por el flamante nuevo alcalde de la ciudad, Sadiq Khan. "Por más que me guste la idea de un Londres autogobernado, no estoy hablando de inependencia hoy", declaró poco después Khan, despachando cualquier especulación al respecto. Dejó claro, sin embargo, que la situación debía cambiar: Londres reclamaba mayor autonomía para organizar sus asuntos propios, los que conciernen a una población aproximada de unos ocho millones de habitantes. Si Escocia podía, ¿por qué Londres no?

El pasado miércoles, 17 miembros de la Ejecutiva del PSOE se desplazaron a Ferraz, sede del partido, para presentar su dimisión en bloque. La intención de este movimiento era clara: forzar el cese de la dirección federal del PSOE, con la consiguiente caída del líder de la formación, Pedro Sánchez, y obligar la aparición de una gestora, que se hiciera cargo del partido hasta que emergiera la figura de un nuevo secretario general.

Todo esto ocurría en una sóla tarde en la que Ferraz se convertía en el foco de todas las miradas. El PSOE escribía una de las páginas más negras de toda su larga historia y hacía así tangible una crisis interna que se había ido cocinando a fuego lento durante meses y meses.

Pero la debacle de la socialdemocracia en España, que se ha materializado por medio del PSOE, no es la única que vive sus horas más bajas. Es tan sólo un ejemplo más de la misma crisis europea a la que hemos asistido durante estos últimos años y que constatamos en la siguientes líneas.